El curso escolar ha comenzado con mal pie en algunos colegios e institutos valencianos. Es el caso del IES Patacona de Alboraia, en Valencia, donde las clases se han iniciado con las obras por finalizar, con la luz de obra, sin internet y con aulas de laboratorio o educación física sin montar, según han denunciado familiares de alumnos y profesores, que se han concentrado para protestar este miércoles a las puertas del centro. Y en la zona cero de la dana, unos 3.000 alumnos inician las clases en barracones por segundo año consecutivo, apuntan los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER). La Plataforma per l’Ensenyament Públic, que agrupa a Fampa-València, Escola Valenciana y a los sindicatos STEPV, CC OO y UGT, ha pedido este miércoles más inversión y mejoras en la escuela pública porque, como ha recordado, la huelga del profesorado está suspendida pero “la lucha no ha terminado”. Marc Candela, portavoz del STEPV, sindicato mayoritario en la enseñanza pública no universitaria, ha insistido en que el balance de la negociación con la Consejería el curso pasado “es insuficiente” porque las cifras de aumento de profesores no son reales, las ratios tienen que rebajarse más y mejorar los salarios del profesorado. También ha incidido en la defensa de la lengua valenciana como vehicular en la enseñanza. A la Consejería de Educación, que dirige Carmen Ortí, le pide que siga negociando una rebaja de ratios, una subida de las retribuciones y un aumento de plantillas. Óscar Ortiz, de CC OO, ha rechazado los “parches” con los que Educación quiere afrontar las mejoras, y Kilian Cuerda, de UGT, ha afeado a la consejera Carmen Ortí que culpe de los malos resultados que arroja el informe Pisa para el alumnado valenciano al Gobierno español “porque, entonces, ¿de qué se ocupa ella y su equipo?“. El profesorado ha convocado para este sábado, 12 de septiembre, una protesta en las tres capitales exigiendo más inversiones para la educación pública. Elisabet Garcia, presidenta de Fampa València, ha puesto el foco en la inclusión de los artículos 155 y 156 en la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat, a propuesta de Vox, porque abre la puerta a que pueda convertirse en una herramienta de control ideológico, intimidación o persecución del profesorado. “Hablar de neutralidad ideológica y de adoctrinamiento sin limitar con precisión qué significan estos conceptos, genera una inseguridad intolerable en los centros educativos”, ha dicho García. UGT ha denunciado a la Alta Inspección Educativa lo que consideran “una policía educativa”. Desde la localidad castellonense de Caudiel, donde ha visitado un colegio rural, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado a los sindicatos del sector educativo “voluntad” para alcanzar acuerdos y ha defendido que el plan presentado por la Generalitat para los próximos cuatro años supone “un inicio” para mejorar la educación.El presidente valenciano ha recordado que el curso escolar ha comenzado con la plantilla de profesores más grande de la historia, que roza los 84.000 docentes, alrededor de 300 más que el curso anterior, pese a haberse reducido el número de alumnos. Ha resumido que ya han abierto 14 nuevos colegios e institutos y anunciado que otros 14 entrarán en funcionamiento durante este curso, con una inversión de más de 250 millones de euros. Además, están en marcha 422 actuaciones de mejora, ampliación y reforma en centros educativos por valor de 820 millones de euros.Sin embargo, en la zona cero de la dana de 2024, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) denuncian, también con motivo del arranque del curso escolar, la precariedad de algunos centros educativos. “Prácticamente, dos años después de la catástrofe, cerca de 3.000 estudiantes de poblaciones como Massanassa, Alfafar, Paiporta y Catarroja han vuelto en las aulas sin que la Consejería de Educación haya iniciado ninguna obra de reconstrucción de los centros educativos que quedaron destruidos”, explican. Los CLER insisten en que las aulas prefabricadas o barracones se encuentran en condiciones de precariedad climática y no cuentan con los espacios necesarios para garantizar la seguridad del alumnado y los docentes, así como tampoco con recursos que permitan que el profesorado pueda impartir las clases en condiciones óptimas y el alumnado lograr el aprendizaje deseado. Los comités locales advierten de que este verano ha evidenciado que la emergencia climática avanza de una forma mucho más rápida a la anunciada por la comunidad científica, provocando olas de calor interminables, incendios forestales incontrolables, reventones térmicos y la muerte de centenares de personas. “Todas las predicciones apuntan a una temporada de lluvias en la que podrían darse situaciones meteorológicas especialmente extremas, y en la zona afectada por la dana la Generalitat Valenciana continúa sin implementar sistemas de predicción de crecidas de ríos y barrancos y buena parte de los ayuntamientos no han presentado públicamente sus Planes de Emergencia ni han impartido formación al respecto, de forma que, en caso de darse una nueva situación de emergencia, la población volvería a encontrarse en peligro”, alertan.