El pleno del Congreso aprobará este próximo jueves, con una más que probable amplia mayoría y en un momento más que delicado de las relaciones con Marruecos tras la crisis de Ceuta, una ley para conceder al fin la nacionalidad española a los alrededor de 70.000 saharauis nacidos bajo la Administración española vivos y a sus descendientes. La propuesta la lleva promoviendo Sumar toda la legislatura, que ha presionado sin descanso para salvar los reparos de sus socios en el Gobierno del PSOE, y ahora podría contar incluso con el apoyo del PP, que ha ido variando posición según han ido avanzando los trámites parlamentarios. El PSOE no niega la “preocupación” por cómo se pueda reaccionar Marruecos a esa iniciativa. En Exteriores remarcan que es una decisión “soberana del Parlamento español” y que esta cuestión no está entre las quejas recurrentes de Marruecos.La legislatura se enfrasca de nuevo en las Cortes en una larga y dura campaña electoral pero sigue lo suficientemente viva para que concurran en algunos plenos asuntos tan polémicos como la ley impulsada por Sumar, que tiene por objeto dar la nacionalidad prometida hace 50 años a los saharauis que nacieron en ese territorio cuando aún era una colonia española y a sus descendientes que lleven viviendo en España al menos dos años. Se estima que la medida afecte a entre 70.000 y 80.000 personas, muy conectadas además con colectivos y organizaciones muy arraigadas en distintas comunidades autónomas y que han reivindicado durante décadas que se les había abandonado a su suerte por las presiones de Marruecos.La diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, integrada en Sumar, se ha congratulado de haber podido convencer a sus socios del PSOE y auguró que ahora no tendrían otra opción que votar a favor de esa propuesta si no querían “cavar su propia tumba” ante la imagen de falta de soberanía propia que se daría del Parlamento español si la iniciativa no saliera adelante, pero puso el foco sobre todo en la posición del PP: “Confío en que el PP pueda también mover su voto de la abstención hacia el apoyo porque la abstención no dice nada, es símbolo más bien de cobardía, en este caso en una norma tan crucial y que moviliza electoralmente”. No fue la única. La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, insistió en la misma línea de meter presión al PP para que se desmarque del rechazo total que han expresado sobre el asunto sus socios de Vox. Diputados de otros partidos aliados del Ejecutivo, como Alberto Ibáñez, de Compromís, aprovecharon la ocasión para solicitar al Gobierno que desclasifique todos los documentos pendientes de conocer relacionados “con la ocupación del Sáhara”, como los de la Marcha Verde de noviembre de 1975.El PP aún no ha fijado formalmente qué votará el jueves, pero lo que sí ha evidenciado es que ha pasado de ver muchos problemas a la tramitación de esos expedientes de nacionalización, votar a favor de la toma en consideración de la iniciativa de homologar a los saharauis como a los descendientes de latinoamericanos cuando la presentó Sumar en febrero de 2025 y en contra del dictamen de la ponencia el pasado 30 de junio, para abstenerse cuando se aprobó en la comisión de Justicia el pasado 23 de julio. Fuentes populares indican que no puede descartarse ningún voto este jueves.El PSOE también ha fluctuado sobre este delicado asunto. Su portavoz en la Cámara baja, Patxi López, avanzó este martes que pese a las especulaciones de los últimos días votarán a favor, subrayó que será la ley 75 de este mandato que no ve muerto y argumentó que esa postura demostrará que el partido y el Gobierno “afortunadamente hacen la política autónomamente, sin que nos condicione qué piense Marruecos”. A López se le preguntó reiteradamente si ese punto podría reabrir las complejas relaciones que se mantienen con el país vecino, y más ahora tras la crisis aún por cerrar sobre Ceuta. No quiso entrar a esa valoración. Fuentes de la cúpula del partido sí admiten su preocupación. En el área de Exteriores matizan que el ministro ya ha explicado en diversas comparecencias en el Congreso, ante preguntas de diputados de EH Bildu o de ERC, que el Gobierno respalda esa ley porque defiende “la soberanía del Parlamento, del Congreso y del Senado, para decidir quién debe o puede ser español” y aseguran que el conflicto en Ceuta no tiene nada que ver.La ley dará así, cuando vuelva del Senado y entre en vigor, la nacionalidad española por carta de naturaleza a todos los nacidos en la antigua colonia española antes del 29 de septiembre de 1977, aunque no tengan residencia legal en España. La fecha inicialmente prevista en la iniciativa de Sumar era el 26 de febrero de 1976, sin embargo, al final se ha pospuesto casi 18 meses porque fue en el verano de 1977 cuando terminó el plazo que tenían los saharauis para optar por la nacionalidad española, un derecho que en la práctica no pudieron ejercer, pues su territorio ya estaba ocupado por Marruecos y Mauritania.Para acreditar la condición de saharaui bastará con presentar un DNI español, aunque no esté vigente; un recibo de inscripción en el censo de la ONU para el referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental, que nunca se celebró por la negativa de Rabat; un certificado de nacimiento debidamente legalizado; el libro de familia; permiso de conducir, recibo de la pensión, certificado de escolarización u hospitalización o cualquier otro documento expedido por la Administración española en el que figure el nacimiento en la excolonia española antes del 29 de septiembre de 1977.Tras la entrada en vigor de la ley, los nacidos cuando el Sahara Occidental era una provincia española dispondrán de un plazo de tres años, ampliable a cuatro, para presentar la correspondiente solicitud ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que deberá contestar en los 12 meses siguientes, considerándose rechazada si no hay respuesta. También podrán hacerlo por vía telemática, en la sede electrónica del Ministerio de Justicia.