Una tímida ovación de los diputados de izquierdas ha coronado la aprobación en la Comisión de Justicia del Congreso, reunida con carácter extraordinario, de la proposición de ley que concede la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el territorio era colonia española y a sus descendientes. Al final, el texto ha obtenido un respaldo muy superior al que se esperaba: 19 votos a favor y tres en contra (de Vox), con 15 abstenciones.La razón de este abultado resultado, cuando se pensaba que todo dependería de la actitud de Junts, ha sido el giro del PP: tras votar a favor de la toma en consideración de la iniciativa cuando la presentó Sumar en febrero de 2025 y en contra del dictamen de la ponencia el pasado 30 de junio, ha terminado absteniéndose. Eso deja ya expedito el camino de la futura ley, aunque aún deberá aprobarla el pleno del Congreso, ya en septiembre, y pasar por el Senado. La portavoz popular, María Jesús Moro, ha asegurado que su grupo mantiene la misma posición que en 2016, cuando defendió homologar a los saharauis como latinoamericanos y ecuatoguineanos en el acceso a la nacionalidad española, pero ha terminado anunciando que su grupo no obstaculizaría la aprobación del texto. Por el contrario, Carlos Flores, de Vox, ha votado en contra pese a mostrar su solidaridad con el pueblo saharaui que “ha sufrido durante décadas bajo la ocupación marroquí”. Por el contrario, Enrique Santiago, de Sumar, ha subrayado que no se trata de una concesión de la nacionalidad española a los saharauis, sino de “la recuperación de la misma por parte de quienes fueron injustamente privados de ella”.Pese al resultado, la sesión no ha estado exenta de intriga, ya que el Grupo Socialista ―por indicación del Ministerio de Asuntos Exteriores, según fuentes parlamentarias— presentó a última hora del miércoles dos enmiendas para suprimir las menciones que en el preámbulo de la propuesta se hacen al “pueblo saharaui” y cambiarlas por “población saharaui” o “saharauis” a secas, con el objetivo de no molestar a Marruecos. A quien molestó, en cambio, fue a sus socios parlamentarios. Las dos enmiendas socialistas se votaron por separado y fueron derrotadas, mientras que prosperaron las pactadas por el bloque que ha impulsado la propuesta (PSOE, ERC, Sumar, Bildu y PNV), de carácter técnico, como la que aplaza de dos a cuatro meses la entrada en vigor de la ley, una vez que sea publicada en el BOE.El texto prevé la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a todos los nacidos en la antigua colonia española antes del 29 de septiembre de 1977, aunque no tengan residencia legal en España. La fecha inicialmente prevista en la iniciativa de Sumar era el 26 de febrero de 1976, sin embargo, se ha pospuesto casi 18 meses porque fue en el verano de 1977 cuando terminó el plazo que tenían los saharauis para optar por la nacionalidad española, un derecho que en la práctica no pudieron ejercer, pues su territorio ya estaba ocupado por Marruecos y Mauritania.Para acreditar la condición de saharaui bastará con presentar un DNI español, aunque no esté vigente; un recibo de inscripción en el censo de la ONU para el referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental, que nunca se celebró por la negativa de Rabat; un certificado de nacimiento debidamente legalizado; el libro de familia; permiso de conducir, recibo de la pensión, certificado de escolarización u hospitalización o cualquier otro documento expedido por la Administración española en el que figure el nacimiento en la excolonia española antes del 29 de septiembre de 1977.Tras la entrada en vigor de la ley, los nacidos cuando el Sahara Occidental era una provincia española dispondrán de un plazo de tres años, ampliable a cuatro, para presentar la correspondiente solicitud ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que deberá contestar en los 12 meses siguientes, considerándose rechazada si no hay respuesta. También podrán hacerlo por vía telemática, en la sede electrónica del Ministerio de Justicia.La ley permitirá que se conviertan en ciudadanos españoles los aproximadamente 70.000 saharauis que vivían en la colonia española, pero también sus descendientes en primer grado de consanguinidad, quienes dispondrán de un plazo de cinco años, tras la inscripción de sus progenitores en el registro civil, para optar por la nacionalidad española. Según calculan los promotores de la iniciativa, esa media podría ampliar la cifra de potenciales beneficiarios a entre 100.000 y 200.000 personas; buena parte de ellos residentes en los campamentos saharauis de Tinduf, en el desierto argelino, pero también en el Sahara ocupado por Marruecos y otros países.Además, de cara al futuro, los saharauis podrán acceder por la vía rápida a la nacionalidad por residencia, bastándoles con dos años de residencia legal en España en lugar de los diez que se exigen con carácter general, quedando así homologados a los ciudadanos iberoamericanos, sefardíes y nacionales de Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal.