Tres migrantes duermen en un coche quemado a las puertas del Colegio Reina Sofía, en Ceuta. El día aún no ha despuntado en el barrio de El Príncipe y al centro lo circunda una espesa nube de moscas. “A ver qué me encuentro, pero ya me lo imagino”, dice Fran García Padilla, el director. Llega un poco después de las ocho de la mañana, dispuesto a la decepción. La rampa de acceso de los niños de primaria está plagada de basura, excrementos y un penetrante olor ácido. “Ya avisamos ayer otra vez, pero no han venido a limpiar. No puedo mandar a los de primaria que entren por aquí, vamos a ver la otra puerta”, dice. El colegio se encontraba ya en el epicentro de la pobreza antes de esta crisis, pero ahora además ha absorbido el mayor flujo de asentamientos de acogida de migrantes.García Padilla va calculando y recalculando cómo conseguir algo que se asemeje a la normalidad para el inicio del curso escolar, aunque eso en el barrio del Príncipe no signifique exactamente lo que podría parecer. “Antes de que pasara todo esto [el acceso masivo de migrantes] ya teníamos que estar reclamando que limpiaran, que nos hicieran caso, que estábamos abandonados. Pero con todo esto ya es el colmo, es todavía peor”, cuenta Nordin, que tiene un hijo de 11 años en el centro y está en la asociación de familia del centro. Él ha venido un rato antes para comprobar cómo estaba la situación, y señala a la montaña de basura en el acceso, airado: “Si no nos hacían caso antes, ahora menos. ¿Tú te crees que esto son condiciones? No les importan ni nuestros niños”, protesta. Cuando poco antes de las nueve, la hora oficial de arranque del curso, aparece Hana, del servicio de limpieza de Ceuta, los padres la consuelan. Viene de limpiar los accesos de otros cuatro colegios y no da abasto, está sola. “Es que no puedo, no me han puesto refuerzos”, se disculpa. Vacía un bidón de zotal, un potente líquido desinfectante, en la rampa por la que deberían estar accediendo los niños y avisa al director: “Esto tiene que estar un rato haciendo efecto, pero el olor no se va ir rápido”. Se pone a retirar excrementos, botellas vacías, restos de comida, negando con la cabeza. “Esto no son condiciones para nadie”. En paralelo, en la otra puerta, los profesores se saludan con resignación, preguntándose por el camino que han tomado para llegar esta vez. Llevan un mes variando de trayecto a diario, dependiendo de dónde haya más masas de migrantes que bloqueen los accesos. “En este cole ya cuesta mucho normalmente que los niños vengan, porque las condiciones son muy difíciles, así que hoy no me puedo imaginar”, aventura Julud, profesora de primaria. Tres madres le han transmitido que no llevarán a sus hijos, hasta que la situación no se normalice. “Yo las entiendo, el primer día llegué llorando por cómo están las cosas”, confiesa. El director confirma que van a ser flexibles con las faltas de asistencia, no pueden aplicar criterios estrictos dada la situación. Marina, Alba y Cristina, profesoras de Audición y Lenguaje y saludan cariñosas a los dos únicos agentes de policía local que se apostan en el paso de cebra. “Estos son los que están aquí todos los días, los que nos ayudan, como si trabajaran en el colegio”, apunta Nordin. Cuando se aproxima la hora de arranque, empieza el revuelo de madres y niños. Se preguntan en dariya qué va a pasar, si hay clases o no. Los menores están entusiasmados, varios estrenan ropa para este día. “No tengo miedo, tengo ganas”, dice Turiya, de seis años. Sara, que lleva a dos de sus hijos al centro, intenta no amargarles, pero no puede: “Nos han engañado”, espeta. Cuenta que habían prometido presencia policial, militar y limpieza, y sus ojos no la engañan. No hay nada de eso. “Esto es porque esto es El Príncipe, no os equivoquéis”, dice, furiosa. Muestra el comunicado de la asociación de familias que aseguraba que las cosas serían distintas a lo que tiene delante. “¿Tengo que traer a mis dos niños aquí, con esta montaña de basura? Si lo llego a saber, los dejo en casa. Ya vería lo que hacer, pero esto no son condiciones”, se queja. Es su cumpleaños, y dice que no lo celebrará.Ninguna de las madres sabe de nadie que le haya entregado a sus hijos sprays de pimienta como material escolar. Sara tiene otros dos hijos que van al instituto en el centro, y allí sí que ha visto dispositivos de seguridad. “Claro, porque están en el centro, todo para allí, ¿no? Aquí, que nos pudramos”, insiste. Justo en ese momento, aparece un coche de la Policía Nacional. Se detiene junto al vehículo quemado en el que aún duermen los migrantes, bajan, los despiertan y los desalojan. Tres hombres magrebíes desaparecen, somnolientos, por una de las callejuelas cercanas al colegio. Los agentes también se van. Abajo, lejos de la barriada, en el colegio Ortega y Gasset, Joana no ha llevado a sus tres hijos al colegio. Sí ha ido con ellos, de 9, 4 y 6 años, a las puertas del centro, pero para hacer patente su malestar. “Aquí sí que hay militares y policías, pero es que ese no es el punto. ¿Por qué tengo que llevar a mis hijos al colegio como si estuviéramos en guerra? ¿Por qué tienen que ver militares armados en las puertas del cole”, se pregunta. El colegio es el más cercano a Loma Colmenar, uno de los embolsamientos donde se acoge a 1000 migrantes dentro, y centenares duermen a sus puertas a la espera de una plaza libre. Joana lleva toda la semana asistiendo a las movilizaciones que reclamaban no empezar las clases hasta que no se hubiera producido la expulsión de los migrantes a Marruecos. “Es que no tenemos que pagar nosotros, y los niños menos. No nos pueden vender que esto es normalidad, porque no lo es. No queremos más policías ni militares, que le expulsen y punto”, reclama. A esta madre no le parece una solución los centros de acogida que el gobierno continúa construyendo: “Porque total, solo van ahí a dormir y luego durante todo el día están sueltos por la ciudad, si los metieran ahí, cerrados, para luego expulsarles, vale. Pero es que así el problema nos lo siguen dejando a los vecinos en nuestras calles durante el día”, explica. Según cuenta, de la clase de su hijo mediano han faltado otros dos niños, de la mayor, cuatro, y del de infantil, bastantes más. “La gente tiene miedo de todo, también de que pierdan clases”, justifica. Pero sigue firme: si no hay expulsión, ella no los llevará.Fátima Mohamed Abdelhadi, presidenta de la asociación de padres y madres del Colegio Severo Ochoa, sí que ha llevado a su hijo al centro. “Nos prometieron cuatro dispositivos de seguridad, y aquí no ha habido nada”, protesta. La mayoría de los niños del centro han acudido a clase, también el cercano Ramón y Cajal, pero Abdelhadi se replantea qué hacer las próximas jornadas. Una patrulla militar se acerca a la zona, y ella les aborda: “¿Dónde estábais esta mañana? ¿Por qué no habéis venido?“. Responden que no tenían esa orden, y explican que llevan todo el día patrullando muchas áreas, pero no específicamente colegios. ”Pero al San Daniel sí que habéis ido", les reclaman.