MiradorUna cosa es controlar la fuerza del Estado y otra incapacitarla hasta convertir al policía en espectador de su propia agresión.
La pregunta parece elemental: ¿para qué sirve una fuerza de seguridad?, ¿cuándo debe intervenir?, ¿hasta dónde puede llegar? La respuesta tampoco debería ser complicada. El Estado otorga facultades excepcionales a policías y fuerzas armadas porque existen situaciones en las que una recomendación, una conversación amable o una invitación a comportarse correctamente dejan de ser suficientes.
Max Weber definió al Estado moderno por su pretensión de monopolizar el uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio. En una democracia, ese monopolio no significa una licencia para golpear, detener o disparar a voluntad. Naciones Unidas establece que los agentes deben recurrir primero, siempre que sea posible, a medios no violentos y que cualquier uso de la fuerza debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Pero de ahí no se desprende que la fuerza nunca deba utilizarse, sino que existen circunstancias en las que puede y debe emplearse, pero dentro de límites jurídicos precisos.
Lo vemos estos días en Ceuta, España. Una patrulla militar fue emboscada y cuatro soldados resultaron heridos; once de los detenidos reconocieron su participación y fueron condenados por atentado contra agentes de la autoridad. También se han producido agresiones contra guardias civiles y otros incidentes violentos. La discusión razonable consiste en determinar qué respuesta corresponde, con qué intensidad y dentro de qué límites. Lo absurdo sería desplegar policías y soldados y exigirles que soporten indefinidamente las agresiones para evitar que alguien los acuse precisamente de aquello para lo que, en determinadas circunstancias, están facultados: utilizar legítimamente la fuerza.
