La sintonía entre el gobierno de Javier Milei y el de Jorge Macri va más allá de una posible alianza electoral. A pesar de los roces políticos que hubo entre La Libertad Avanza y el PRO en territorio porteño, en materia de seguridad hubo una convergencia ideológica con la decisión de vigilar cada vez más el espacio público. Desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, tanto el Estado Nacional como el de la Ciudad de Buenos Aires estructuraron de manera conjunta reformas normativas y millonarias contrataciones de tecnología para impulsar un denso aparato de control y supervisión ciudadana. No se trata de interpretaciones, sino de un dato que se desprende del último informe de Amnistía Internacional. A través de pedidos de acceso a la información pública y del análisis de las adjudicaciones publicadas en los portales oficiales ComprAR y BA Compras, la organización concluyó que, en los últimos dos años, el Ejecutivo Nacional gastó al menos US$1,2 millones de dólares en la adquisición de tecnología para la vigilancia (software de rastreo de redes, reconocimiento facial y drones), mientras que el gobierno porteño destinó cerca de US$48 millones para robustecer la infraestructura física de su red de captación de imágenes públicas. HID anticipa una nueva era del control de acceso: biometría y credenciales digitales ganan terreno