Por más que su partido político se llama La Libertad Avanza, el gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2023 ha venido dando muestras concretas de restricciones al derecho al reclamo, la protesta, la auditoría y la participación ciudadana. Durante los últimos meses sumó tres normativas que profundizan esa tendencia. Desde que asumió el gobierno del presidente Javier Milei, fue recortando la protesta social. Una de sus primeras medidas fue la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación, conocida comúnmente como "protocolo antipiquetes", que establece el marco de actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales frente a cortes, piquetes, bloqueos o cualquier impedimento al tránsito de personas o medios de transporte. Este accionar derivó en violentas represiones contra quienes se opusieron a la Ley Bases, y contra los jubilados que todos los miércoles se manifiestan frente al Congreso Nacional. También derivó en agresiones y detenciones a periodistas y fotógrafos. Un caso emblemático fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, con una lesión severa y múltiples operaciones e internaciones que lograron salvarle la vida. Luego vino el decreto 780/2024, que modifica la reglamentación de la Ley 27.275 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública. En él se introducen conceptos ambiguos como "buena fe" para desalentar pedidos masivos, y se redefine qué se considera "información pública". También se excluye la obligación de informar todo lo relativo a la "esfera privada" de los funcionarios públicos y todo el trabajo previo a una decisión estatal. Al limitar el acceso a los datos del Estado, distintas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que se menoscaba el insumo básico para que la ciudadanía pueda auditar y participar en la toma de decisiones, debilitando el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades.