AnálisisQue el tránsito del país sea regido por una Ley de hace 24 años es el primer indicador de que necesita una actualización. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO.04.09.2026 23:47 Actualizado: 04.09.2026 23:47

¿Qué tan viables son las propuestas recientes del Gobierno sobre la intervención en las tarifas de las multas, licencias de conducción, revisión técnico-mecánica y la actividad de las cámaras fotomultas?El asunto se ha tomado muy a la ligera y con ese mismo vapor desapareció de los medios en pocas horas, dejando en el ambiente más dudas que realidades, por no decir que son bastante improbables.Hay razones éticas, técnicas, jurídicas y operativas en el discurso presidencial y sus consiguientes instrucciones.Por ejemplo, sugerir que los precios de las multas se bajen es propiciar la infracción pues si el castigo no es relevante y doloroso por manejar a velocidades ilegales, hacerlo sin pase, saltarse los semáforos, infringir las normas generales de tránsito, no transitar con el vehículo actualizado en la revisión o no tener Soat, se va a volver un sistema más impune de lo que ya es actualmente. LEA TAMBIÉN Un reporte de la Superintendencia de Transporte indicó que hay casi 6 millones de multas por exceso de velocidad impagas.Calibrar las multas por el estado económico del infractor es ridículo. Ninguna falta contra la ley se penaliza en el mundo por la capacidad de pago de las personas.La multa tiene un precio común pues el error no distingue ingresos en ninguna penalidad. Los meses o cuantías de castigo no son aleatorios para los jueces. Si esa tesis prosperara, hay que andar con la declaración de renta en la guantera e ir a negociar con el sancionador las cuantías, persona por persona.La gradualidad de las sanciones debe ser proporcional a la infracciónSegún la SuperTransporte, hay casi 6 millones de multas por exceso de velocidad impagas. Foto:Movilidad de Bogotá / iStockLa gradualidad de las sanciones debe ser proporcional a la infracción. Hoy se paga por 500 metros de exceso de velocidad lo mismo que por 100 kilómetros de abuso en el velocímetro. Eso no sucede en ninguna parte del mundo automotor civilizado.Las multas están tasadas sobre el salario mínimo, así como el valor de todos los trámites adjuntos a la movilidad. Su modificación es viable, claro, pero mediando una plataforma de sanciones universal y sin estratos.Para hacerlo, como son parte del Código de Tránsito, que es la Ley 769 del 2002 de la República, se debe pasar todo el articulado por el Congreso, donde requiere cuatro debates, dos en comisiones y dos en plenarias de Senado y Cámara, que ocupan probablemente el tiempo de dos legislaturas.Como se ve, no se trata de firmar un papel ni de echar un discurso, pero sí de poner a la ministra de Transporte a proceder e intervenir toda la legislación del tránsito del país, que acusa enorme retraso y fallas, atribuibles a nadie diferente de los gobiernos pasados que han sido negligentes en su tarea o totalmente equivocados en sus intervenciones como vimos con muchas normas que se cayeron en el gobierno pasado por antitécnicas e improcedentes. A la par, en el Parlamento han surgido propuestas, bien intencionadas pero no debidamente estructuradas con la realidad del país, que se hunden aparatosamente como la reciente de la licencia por puntos.Barreras operativas, logísticas, comerciales y políticasHoy hay más de 21 millones de documentos de vehículos en las secretarías. Foto:Alcaldía de BogotáAdemás de esto hay barreras operativas, logísticas, comerciales y políticas. Es bien sabido que todos los procesos documentales de esas normas pasan por operadores que son contratistas externos del Gobierno, entre los cuales se conoce —es público— que hay firmas con contratos vigentes que hay que respetar aunque provengan de cercanías con el gobierno pasado, al cual le hicieron jugosos aportes económicos en las campañas electorales y previas y que no son bien vistos por la nueva administración del país.Las reglas de la movilidad necesitan una profunda revisión técnica y no populista. Hemos vivido cómo muchas medidas que se han intentado naufragan en pocas horas cuando los sectores responden con bloqueos que de inmediato le ablandan las piernas al Estado, cuyos ministros acaban plegados a sus reclamos sentados en meses de diálogo que no pasan de eso.Hoy hay más de 21 millones de documentos de vehículos en las secretarías, que las estadísticas certifican como parque automotor vigente para dramatizar las evasiones, pero en realidad el operante es muy inferior sin que deje de ser un enorme enjambre de motos y carros que han sobrepasado las capacidades viales y sus controles. LEA TAMBIÉN En otra esfera que se cita dentro de las propuestas reformas, que son de plata y no de estructura técnica, hay más de 800 empresas que operan los CDA para las revisiones técnico-mecánicas y han hecho enormes inversiones en finca raíz, equipos y personal al tenor de las tarifas actuales que garantizan su sostenibilidad. No es posible afectar su flujo de caja, al que ya le han metido muela, a no ser que el Gobierno asuma el excedente y subsidie o acometa su operación.¿Qué tanto pueden influir esas medidas en la seguridad vial en un escenario en el cual vamos —ojalá no— a sumar cerca de 9.000 víctimas en accidentes en el curso de este año y en el cual circulan más de 13 millones de ciudadanos con licencia vigente y donde ruedan más de 7 millones de motos y seguirán creciendo exponencialmente?Claramente las rebajas de las multas van en contravía del control de la accidentalidad. Si con las sanciones actuales, costos y engorrosos trámites de grúas y patios se pasan por la faja las reglas, mientras más barato sea infringirlas, pues más clientela tendrá el desorden y caos vial.Hoy cuesta lo mismo exceder la velocidad durante 500 metros que durante 100 kilómetros. Foto:Secretaría de Movilidad de BogotáSe dice que la revisión técnica es un procedimiento que no funciona o lo hace a medias. El chequeo de un vehículo a la fecha es muy diferente al que se le haga un año después por los desgastes que puede sufrir en ese lapso. La revisión lo aprueba o rechaza en el día y hora del examen, pero no garantiza su integridad futura. Es un buen punto de reflexión, de disciplina y cuidado para las personas per se, pero es temporal.Bajar el precio de las licencias es una posición administrativa, pero a la vez que convoca más gente a manejar, se deben cerrar las condiciones para expedirlas pues de contrario la población de conductores inexpertos crecerá y con ellos la accidentalidad.Las licencias deben ser progresivas en tamaño y condiciones del vehículo, edades, las rutas utilizables, la permisibilidad de llevar acompañantes en el caso de las motos, el manejo nocturno, en carretera, con carga, etc.Y queda el tema de las cámaras que fueron puestas con escopetas de perdigón en muchísimas partes del país y hoy están cuestionadas por el propio Gobierno, que las dejó prosperar bajo la mirada tolerante de sus “controladores”. LEA TAMBIÉN No es posible desligar su condición alcabalera que es el resultado de la operación, intimidante para el ciudadano, pero sonriente para las arcas de las ciudades. Eso da tema para otro análisis, dejando claro que son útiles, funcionales, pero bien puestas, correctamente operadas y mejor respaldadas.Por ahora celebremos que el Gobierno es consciente de la debilidad de sus normas y plantea soluciones, no necesariamente bien alineadas. Es decir, el Ejecutivo está hablando, los ciudadanos pueden hacerlo, lo clave es que los interlocutores sean válidos y expertos en las materias y no jugadores políticos y componedores de contratos.JOSÉ CLOPATOFSKYDirector MOTOREL TIEMPO Sigue toda la información de Colombia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.