La Asamblea Nacional, este jueves 3 de septiembre de 2026, tramitará en segundo debate 78 reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que entre otras cosas buscan modificar las reglas para el uso de los fotorradares y además crea un sistema nacional unificado para la gestión y recaudación de peajes.El proyecto de ley incluye 55 disposiciones entre generales, transitorias, derogatorias, reformatorias y finales, donde se otorga mayor competencia a la Policía Nacional para controlar el tránsito en la red vial estatal, se regula a quienes trabajan en delivery, motocicletas eléctricas, crea un dispositivo electrónico de identificación vehicular, así como moderniza el sistema de tránsito y seguridad vial.Respecto a la regulación de los fotorrades y otros dispositivos electrónicos para controlar el tránsito, establece que estos mecanismos deberán cumplir condiciones específicas de autorización, señalización y operación, mientras se elimina la posibilidad de que su contratación con empresas privadas esté vinculada a la recaudación de multas.PublicidadEl uso de medios tecnológicos de control quedará reservado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) calificados en el modelo de gestión tipo A y certificados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT). Además, se elimina la posibilidad de ejercer este control mediante convenios interinstitucionales.En el país, los GAD tipo A, son aquellos municipios o distritos metropolitanos que han asumido de forma integral la competencia exclusiva de planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial, incluyendo el control operativo en la vía pública con su propio cuerpo de agentes civiles de tránsito.Con las reformas se busca marcar una diferencia frente al esquema vigente, que permite que gobiernos locales que no asumieron directamente el control operativo del tránsito puedan ejercerlo mediante medios tecnológicos a través de convenios, incluso con mecanismos de reparto de los recursos obtenidos por multas.PublicidadPublicidadUno de los puntos centrales de la reforma es que la instalación, operación o mantenimiento de medios tecnológicos de control que sean contratados con privados no podrá remunerarse mediante porcentajes, participaciones o incentivos vinculados a la recaudación de multas.Con ello, la propuesta busca impedir que el resultado económico de las sanciones se convierta en un mecanismo de compensación para empresas privadas encargadas de operar estos sistemas.El planteamiento cobra especial relevancia a partir de experiencias como la registrada en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, donde el modelo contractual de los fotorradares vinculaba la retribución privada con un porcentaje de la recaudación. Fotorradares preventivosLa propuesta también modifica las reglas de señalización de los puntos de control. Todo espacio o zona controlada mediante medios tecnológicos o fotorradares deberá contar con señalización vertical y horizontal visible en el punto de control y como mínimo 500 metros antes de este.El objetivo es que el conductor conozca con anticipación la existencia del dispositivo y pueda adoptar las medidas necesarias para cumplir con las normas de tránsito. De esta manera, el fotorradar deja de ser concebido únicamente como un mecanismo sancionador y se refuerza su función como instrumento preventivo y de seguridad vial.La fijación de los 500 metros directamente en la ley también pretende dar mayor certeza a conductores y autoridades sobre las condiciones que debe cumplir un punto de control.PublicidadSistema unificado de peajes Otro de los componentes de la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es la creación del Sistema Nacional Unificado de Recaudación y Gestión de Peajes, concebido como una plataforma tecnológica nacional obligatoria para los sistemas de peaje públicos, concesionados, delegados o administrados bajo cualquier modalidad en el territorio ecuatoriano.Lo que se busca con estas reformas es que los diferentes sistemas de peaje puedan operar de manera interoperable, de modo que los usuarios no tengan que enfrentarse a sistemas tecnológicos aislados en cada carretera.El sistema estará administrado por el ente rector en materia de transporte (ANT) y tendrá, entre otros objetivos, que estandarizar los mecanismos de identificación, control y pago; centralizar la información operativa y financiera; permitir la trazabilidad y fiscalización de la recaudación; y reducir los tiempos de espera y la congestión vehicular.La reforma establece que todos los gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas, concesionarios, gestores privados y demás administradores de peajes de la red vial estatal o corredores delegados deberán integrarse obligatoriamente a esta plataforma.El proyecto también plantea el uso obligatorio de medios tecnológicos interoperables para la prestación del servicio de peaje. Entre las alternativas contempladas están los dispositivos electrónicos, identificación automática de placas, tecnología RFID, aplicaciones móviles y sistemas de prepago o pospago.Además, se crea el dispositivo electrónico de identificación vehicular, de carácter obligatorio, destinado a facilitar la identificación, verificación y control automatizado de vehículos a escala nacional.La información generada por estos dispositivos será integrada en una base de datos nacional administrada por la ANT, en coordinación con la Policía Nacional y el ECU911, para fines de control operativo, seguridad vial y prevención del delito.Tiempo de aplicaciónEl proyecto de reformas que será debatido este jueves determina que las estaciones de peaje de todo el país tendrán un plazo máximo de un año, desde la entrada en vigencia de la ley, para implementar al menos un carril exclusivo para cobro electrónico o telepeaje.El proyecto señala que, una vez expedido el reglamento técnico-operativo, el ente rector tendrá hasta un año para implementar la plataforma tecnológica nacional. Posteriormente, los administradores de peajes públicos, concesionados o delegados tendrán un plazo de hasta dos años, contado desde la implementación de la plataforma, para integrarse obligatoriamente al sistema unificado.Con estas disposiciones, la reforma plantea dos cambios de fondo en la gestión del tránsito: reorientar los medios tecnológicos de control hacia la prevención y evitar que las multas se conviertan en una fuente de incentivos para operadores privados; y, por otro lado, avanzar hacia un sistema nacional interoperable de peajes que permita utilizar mecanismos electrónicos de pago en las carreteras del país. (I)