Análisis Exclusivo suscriptores El gobierno De La Espriella prometió una reducción de hasta un 50 % en el valor de las multas de tránsito. Esto debe saber. Foto: iStockPERIODISTA ECONÓMICA03.09.2026 06:40 Actualizado: 03.09.2026 06:40
El anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de reformar el Código Nacional de Tránsito ha generado una respuesta dividida en el país. Por un lado, hay quienes ven con expectativa la promesa de reducir tarifas, abaratar sanciones y eliminar trámites; por el otro, expertos en movilidad observan la iniciativa con escepticismo, advirtiendo que no avanza en la dirección correcta para proteger la vida en las carreteras.Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la reducción de hasta un 50 por ciento en el valor de las multas, sumada a una rebaja del 25 por ciento en el costo de los cursos pedagógicos para acceder a descuentos. Estas medidas son leídas por el Ejecutivo como un respiro para el bolsillo de las familias y una forma de desmontar cobros desproporcionados.Frente a esto, Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, señala que estas rebajas no generan por sí solas un mayor incumplimiento de las normas de tránsito. A su juicio, lo que realmente desincentiva la indisciplina vial es la probabilidad de ser detectado, dada la falta de controles policiales y cámaras. Cuando los conductores perciben que no hay supervisión, proceden a pasarse semáforos en rojo o a exceder los límites de velocidad. LEA TAMBIÉN Foto:Foto: iStockPor ello, Hidalgo insiste en que "el corazón de la reforma no debe ser salvar el bolsillo de las personas, sino mejorar las condiciones de seguridad vial". En esa línea, califica como afortunada la propuesta de implementar multas graduales fijadas según la capacidad económica del infractor.Mientras que para quien conduce un vehículo de alta gama una multa estándar puede no representar un desincentivo real, para un ciudadano que depende de su vehículo para trabajar la misma sanción puede comprometer seriamente sus ingresos.Una postura más crítica sostiene José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, quien advierte que bajar dichos montos no disminuye el riesgo de accidentes ni la pérdida de vidas, y que conductas de alto riesgo, como el exceso de velocidad, exigen sanciones severas para disuadir a los infractores.Asimismo, agrega que las señales enviadas por el Gobierno Nacional pueden rayar en el populismo y parecer una respuesta a compromisos de campaña con sectores específicos como los motociclistas."Las multas hay que pagarlas y se debe enviar el mensaje de que quien infringe la ley tiene que pagar. Las señales que está dando el actual Gobierno hacen que el cumplimiento de la norma se pueda relativizar", manifiesta el académico.A esta apreciación, Rojas suma un factor de sostenibilidad financiera: un porcentaje significativo del recaudo por sanciones alimenta fondos destinados a la seguridad vial. Al reducir el monto de las multas de forma generalizada, se desequilibran estas cuentas, lo que obligará al Estado a buscar otras fuentes de financiación. LEA TAMBIÉN Foto:Alcaldía de CaliLicencias de conducción, Runt y la revisión técnico-mecánicaOtra de las promesas del gobierno De La Espriella es reducir las tarifas asociadas al Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), disminuir el costo de las licencias de conducción, ampliar su vigencia, así como fijar plazos y costos "más razonables" para la Revisión Técnico-Mecánica.La simplificación de estos trámites es respaldada por Juan Fernando Reyes Kuri, exsenador y autor de la Ley Antitrámites, quien califica como una excelente noticia que la reforma busque eliminar sobrecostos y procedimientos innecesarios.Para el excongresista, ampliar la validez de las licencias y agilizar las gestiones equivale a "tratar al conductor como un ciudadano y no como una caja registradora", devolviendo tiempo y recursos económicos a los colombianos.Sin embargo, los expertos en movilidad piden analizar con detenimiento el impacto real de estas disminuciones tarifarias. Darío Hidalgo explica que, a excepción del Runt —cuyos ingresos van a la Nación—, los cobros por licencias y registros corresponden a rentas territoriales.Las secretarías de tránsito municipales y departamentales dependen directamente de estos recursos para financiar su operación, sus campañas de seguridad vial y la presencia de policías de tránsito. Por ello, las reducciones deben garantizar, como mínimo, la cobertura de los costos operativos de cada trámite para evitar el desfinanciamiento de las entidades. LEA TAMBIÉN Foto:Alcaldía de BogotáFrente a la propuesta de flexibilizar los plazos de la Técnico-Mecánica, Stalin Rojas señala que la ciudadanía ya ha interiorizado la necesidad de una revisión anual para verificar las condiciones de los automotores. Enviar el mensaje de que este requisito se flexibilizará aumenta el riesgo de que transiten por las vías vehículos en mal estado.Coincidiendo con esta postura, Hidalgo señala que se debe tener especial cuidado con este punto, recordando que en el país se registran siniestros viales muy graves que involucran a vehículos que incluso contaban con la certificación técnica vigente.En lo relativo a las licencias de conducción, los expertos coinciden en que no se debe aplicar una política de "borrón y cuenta nueva". Rojas recuerda que en periodos anteriores se había avanzado en esquemas donde la renovación estaba ajustada a la edad del conductor, lo cual considera un enfoque acertado.Tanto Rojas como Hidalgo insisten en que la reforma al Código Nacional de Tránsito debe rescatar la "licencia por puntos" —iniciativa que se hundió en la legislatura pasada— para suspender el documento a infractores reincidentes que generan un alto riesgo en las vías.Asimismo, Hidalgo sugiere incorporar una "licencia para novatos", la cual impondría restricciones operativas durante los primeros dos años de conducción a quienes obtienen su permiso por primera vez, garantizando que el documento refleje verdaderamente las competencias de quien está al volante. LEA TAMBIÉN Foto:ISTOCKControlar las fotomultas abusivasEl Gobierno Nacional también anunció un mayor control sobre las fotomultas, una propuesta que ya cuenta con el respaldo de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga).Para el gremio, la seguridad vial no debe convertirse en un mecanismo meramente recaudatorio, sino en una política integral de prevención y educación. En ese sentido, enfatiza la necesidad de revisar las condiciones bajo las cuales operan las cámaras en el país para corregir posibles irregularidades técnicas o administrativas.Esta preocupación coincide en parte con la postura de Darío Hidalgo, quien reconoce la existencia de "cámaras trampa" en las vías del país. El experto señala como inadmisibles aquellos dispositivos instalados en tramos donde el límite de velocidad pasa abruptamente de 80 km/h a 30 km/h sin suficiente señalización, lo que genera animadversión ciudadana y deslegitima la fiscalización electrónica.Por ello, Hidalgo sostiene que este tipo de cámaras abusivas deben eliminarse. Sin embargo, advierte sobre el peligro de que el debate en el Congreso de la República derive en un desmonte generalizado de las fotomultas, lo que dejaría al país con menor capacidad de control y un eventual aumento en los accidentes graves.Las estadísticas demuestran el impacto positivo del uso adecuado de las fotomultas: en Bogotá, los tramos que cuentan con cámaras han registrado una reducción de 1.700 heridos y 42 fatalidades frente a escenarios sin fiscalización. Sin estos dispositivos, la capital podría experimentar un incremento del 9 por ciento en siniestros.Actualmente operan en el país 360 cámaras y existen 445 autorizadas para su instalación, por lo que Hidalgo alerta que retirar dispositivos eficientes dejaría como saldo menor control y un aumento en las muertes viales. LEA TAMBIÉN Controles de tránsito. Foto:Gobernación del AtlánticoEn este ámbito tecnológico, la reforma también abre espacio para propuestas operativas. El concejal de Bogotá, Emel Rojas, solicita incluir en la reforma al Código de Tránsito una transformación de fondo en el sistema de inmovilización de vehículos mediante la creación del esquema "Patio en Casa".Esta iniciativa busca sustituir el tradicional sistema de grúas y patios —frecuentemente criticado por sus elevados costos y complicaciones logísticas— por el monitoreo remoto mediante dispositivos electrónicos instalados en el vehículo.Bajo este modelo regulado, el propietario o tenedor del vehículo inmovilizado podría custodiarlo en su propio domicilio o en un lugar autorizado mediante un dispositivo tecnológico que permita la supervisión remota por parte de las autoridades.El ciudadano realizaría la subsanación de la falta y los trámites administrativos de forma digital, solicitando la desactivación del mecanismo de bloqueo una vez verificado el cumplimiento de los requisitos."Esta propuesta no pretende eliminar las sanciones ni desconocer la autoridad de tránsito. Pretende hacer más eficiente, moderno, proporcional y humano el sistema de inmovilización", precisa el concejal. Sigue toda la información de Economía en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
