La tensión entre el oficialismo y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el organismo técnico creado en 2016 para calcular el costo fiscal de los proyectos de ley y auditar la ejecución presupuestaria, escaló en los últimos días. Después de que Gabriel Esterelles renunciara a la dirección general, en medio de una auditoría que cuestionó la gestión administrativa del organismo, la Comisión Bicameral que controla LLA avanzó esta semana con una serie de decisiones que la oposición interpreta como el intento más serio hasta ahora de intervenir la oficina, justo cuando faltan menos de dos semanas para que Javier Milei presente el Presupuesto 2027 ante el Congreso, el próximo 15 de septiembre. La comisión, presidida por el senador libertario Agustín Monteverde y secundada por el diputado Alberto 'Bertie' Benegas Lynch, se reunió el martes 1 de septiembre por tercera vez en el año en el propio despacho de Monteverde, sin transmisión oficial, sin aviso en la agenda pública de ninguna de las dos cámaras y con la prensa impedida de ingresar. Del encuentro participaron, además de los dos libertarios, la diputada del PRO Daiana Fernández Molero, mientras que el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que no integra la comisión, se hizo presente igual para reclamar transparencia. El peronismo, representado por Carlos Castagneto y Fernando Salino, decidió no asistir para no legitimar una reunión que definieron a PERFIL como "oscura", por lo que el encuentro se desarrolló sin quórum. Bertie Benegas Lynch En esa reunión se modificó el reglamento interno de la OPC, vigente sin cambios desde 2018, con el argumento formal de adecuarlo a la existencia del Servicio Administrativo Financiero (SAF) que la oficina puso en marcha en 2021. Pero el punto más sensible del temario que es la "continuidad" de ese mismo SAF, es decir, si la OPC conserva o pierde su autonomía financiera propia, quedó pospuesto para una próxima reunión. En el oficialismo circula la idea de que la oficina no requiere de manejar fondos por tratarse de un organismo técnico, y evalúan directamente eliminar ese servicio administrativo, lo que en los hechos dejaría a la OPC dependiendo del sistema financiero del propio Senado.