La relación entre el Gobierno y el Congreso suma una nueva tensión y, esta vez, el foco del conflicto es la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el organismo técnico creado en 2016 para asesorar a los legisladores sobre el impacto económico y presupuestario de las leyes. A través de una nueva resolución, el oficialismo limitó la capacidad de acción de este organismo, generando un fuerte rechazo en la oposición y en expertos en gestión pública.
Al momento, funciona como un "árbitro" técnico. Su misión es analizar cuánto cuestan las leyes que se debaten, revisar cuentas públicas y evaluar la deuda estatal. Aunque sus informes no son vinculantes (no obligan a votar de cierta forma), su rigor los convirtió en la referencia tanto para legisladores como para el Poder Judicial.
De manera que el conflicto se profundizó luego de las discusiones sobre jubilaciones y discapacidad. El Gobierno sostenía que los proyectos opositores costaban miles de millones de dólares, mientras que los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) presentaron estimaciones considerablemente menores. En el caso de las jubilaciones, el oficialismo advertía un impacto fiscal elevado, pero la OPC calculó un costo anualizado del 0,78% del PBI. Para el área de discapacidad, el organismo estimó un impacto de hasta el 0,51% del PBI, en contraste con las proyecciones del Ministerio de Economía.
