La pausa agosteña de la actividad judicial no implica necesariamente que los letrados disfruten de unas largas vacaciones. No fue hasta el 31 de julio cuando el letrado Ignacio Gally -que representa a Carlos Mazón- tuvo acceso completo a la extensa documentación derivada de la ya larga instrucción judicial que dirige la jueza Nuria Ruiz Tobarra. Por alguna razón que el tiempo tal vez aclare, Gally quiso ser el primero en mover ficha en el inicio del curso, y dedicó parte del periodo estival a redactar un documento de 63 páginas destinado a solicitar a la magistrada que aclare si está investigando o no al expresidente de la Generalitat Valenciana.Podría haberse limitado a formular esa petición. Pero anticipándose a la respuesta ha optado por colocar una venda sobre una herida aún inexistente exponiendo las razones por las que, a su juicio, ni siquiera en la hipótesis más desfavorable a su cliente (esto es, que llegue a demostrarse su intervención en el contenido y/o en la cronología del lanzamiento de los tardíos mensajes de alerta) será posible probar que esa circunstancia fuera causa determinante de alguna de las 232 muertes que se produjeron a causa de las inundaciones del 29 de octubre de 2024.Gally quiso ser el primero en mover ficha en el inicio del curso, y dedicó parte del periodo estival a redactar un documento de 63 páginasNo está claro lo que el letrado de Mazón pretende al exponer esa argumentación que, de momento, contribuye a colocar a su representado de nuevo en primera línea de un asunto cuya inmensa gravedad no impide que haya ido pasando a ocupar espacios cada día más secundarios tanto en los medios como en las conversaciones de una ciudadanía desbordada por la frenética actualidad.No se hizo esperar la reacción de las asociaciones de víctimas, a las que exaspera comprobar cómo Mazón, en su comprensible empeño por eludir responsabilidades penales, insiste mediante sus abogados en dejar claro que durante aquella funesta jornada permaneció absolutamente ajeno a la realidad del territorio bajo su gobierno sin más motivo que un largo y amistoso encuentro con una periodista no ejerciente. Hay que hacer un esfuerzo de memoria para recordar que, en los días inmediatamente posteriores al desastre, Mazón y su equipo mostraron el empeño contrario, que parecía políticamente más oportuno; esto es, no dudaron en falsear la realidad para asegurar que el entonces presidente estuvo permanentemente informado en su despacho tras una rápida y frugal comida.Hay que hacer un esfuerzo de memoria para recordar que, en los días inmediatamente posteriores al desastre, Mazón y su equipo mostraron el empeño contrarioMientras el abogado de Mazón ha trabajado en el caso, el de la investigada Salomé Pradas ha dejado de hacerlo. El despacho Kepler-Karst, encargado de la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, ha sustituido al letrado Eduardo de Urbano por el también penalista Pedro Colina, abogado con una amplia trayectoria en macrocausas relacionadas con la corrupción y otros procesos penales de especial complejidad, según su biografía. Habrá que ver si esa sustitución implica algún cambio estratégico en la defensa Pradas, muy centrada hasta el momento en la supuesta falta de información procedente de las agencias estatales.En las próximas semanas, por Catarroja deben pasar numerosos testigos, en un calendario de declaraciones tan cargado que la jueza da por sentado que no tendrá tiempo de dar por cerrada la instrucción el 31 de octubre, que es la fecha en la que finaliza el plazo de la primera prórroga que ella misma aprobó. De modo que ha dado un plazo de cinco días a las partes para que aleguen si están conformes con la propuesta de prorrogar la investigación seis meses más, lo cual llevaría el asunto hasta finales de abril de 2027.El calendario de señalamientos prevé que acudan a declarar como testigos a nueve alcaldes y alcaldesas de varios municipios afectados, comparecencias que se llevarán a cabo entre los próximos días 5 y 28 de octubre. Las primeras declaraciones de esta serie están señaladas para el 5 de octubre y corresponden al alcalde pedáneo de La Torre y al primer edil de Sedaví.A estos les seguirán los responsables municipales de Benimodo (14 de octubre); Cullera (14); la exalcaldesa de Paiporta está citada el 19 de octubre, el 21 llega el turno del de Picanya; y a continuación Algemesí (26); l'Alcúdia (28) y Polinyà del Xúquer (28).El calendario prevé que acudan a declarar como testigos a nueve alcaldes y alcaldesas de varios municipios afectadosAntes, están previstas varias testificales significativas, entre las que destaca la de Avelino Mascarell, diputado provincial de Bomberos, que volverá a declarar el 17 de septiembre. Ese mismo día está previsto que declare Rosa María Tourís, directora general de Prevención de Incendios Forestales.El 21 de septiembre debe producirse la declaración de un responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a quien sin duda se interrogará acerca de los datos hidrológicos que se conocían y en qué momento y mediante qué sistema fueron trasladados a los responsables de Emergencias.El 23 de septiembre está citado Francisco Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, y posteriormente declararán los alcaldes de Riba-roja del Túria y Pedralba, Roberto Raga y Andoni León, respectivamente.También está citado a declarar, aún sin fecha fijada, Vicente Martínez Mus, conseller de Infraestructuras y Medio Ambiente, cargo de especial relevancia en una jornada en la que se vieron gravemente afectadas muchas vías de comunicación y las personas que transitaban por ellas.