La viabilidad del acuerdo con el que Donald Trump ha conseguido que Venezuela le entregue 65.000 millones de barriles en reservas sigue generando muchos interrogantes. Pero algo resulta cada vez más evidente: Washington está tratando a Caracas como un protectorado de facto.
La concesión petrolera es la última de las dinámicas en las que Estados Unidos se dedica a plantear los acuerdos y anunciarlos, mientras el Gobierno interino de Delcy Rodríguez le sigue el paso. Después de que Trump anunciara la privatización del 22% de las reservas petroleras de Venezuela, un elemento crítico que incide sobre la soberanía del país, Rodríguez intentó paliar la noticia remarcando que Caracas obtendrá 209.000 millones de dólares en impuestos y 100.000 millones de inversión.
“Si se legitima este acuerdo desde el punto de vista jurídico, se hipoteca el futuro del país a 100 años, más de lo que ya lo habían hipotecado tanto Chávez como Maduro con el desmantelamiento democrático”, advierte a elDiario.es Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela del grupo de Defensa de los Derechos Humanos en las Américas (WOLA). La investigadora, que ha seguido de cerca la deriva del país desde que Estados Unidos intervino militarmente para deponer a Nicolás Maduro, señala que “Venezuela no está atravesando una transición democrática” y que este nuevo trato es una muestra más.
