0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialUn mes ha pasado desde que el letrado que actúa en nombre de Carlos Mazón en la causa de la dana, Ignacio Gally, tuvo acceso a la instrucción completa el 31 de julio gracias a que la Audiencia de Valencia permitió la personación del expresidente de la Generalitat Valenciana en el proceso. Y el primer día de septiembre ha remitido un escrito al juzgado de Catarroja en el que, en primer lugar, solicita a la jueza que concreta si existe abierta alguna línea de investigación o pendiente de apertura respecto de una eventual responsabilidad penal por acción de su defendido, una vez que el TSJ descartó la posibilidad de que exista alguna responsabilidad penal de Mazón por omisión.Tras argumentar en contra de que el entonces jefe del Consell interviniera en ningún momento en la gestión de la emergencia durante el trágico 29 de octubre de 2024, durante la tarde que pasó en el restaurante El Ventorro en compañía de la periodista Maribel Vilaplana, y negar que diera instrucciones a la consellera Salomé Pradas, directamente o a través de su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, el letrado responde incluso a la posibilidad de que esa hipótesis fuera cierta.“La cuestión consiste en determinar si una determinada persona habría sobrevivido de haber recibido unos minutos antes el mensaje”, arguye el letrado de MazónEn ese caso, incluso en el supuesto de que la intervención de Carlos Mazón hubiera retrasado en algunos minutos el envío del Es-Alert, arguye el letrado que “la cuestión consiste en determinar si una determinada persona habría sobrevivido de haber recibido unos minutos antes el mensaje que recomendaba evitar desplazamientos”. Cree que “para contestar a esa pregunta no basta con la hora del fallecimiento. Entre el envío de una alerta y la evitación de una muerte existen numerosos eslabones que deben quedar suficientemente acreditados”. Y pasa a concretarlos: a juicio del abogado, para considerar probado que la víctima mortal podría haberse salvado, sería necesario determinar dónde se encontraba la víctima, si tenía consigo un terminal compatible, si éste estaba operativo, si existía cobertura, si habría recibido el aviso en el mismo momento de su eventual emisión, si se encontraba en condiciones de advertirlo y leerlo, si habría comprendido la recomendación y, sobre todo, “si la concreta recomendación de evitar desplazamientos le habría llevado a desarrollar una conducta diferente de la que realmente estaba llevando a cabo y si esa conducta alternativa habría evitado efectivamente el fallecimiento”.En definitiva, el letrado de Mazón se pone en la peor posibilidad para su cliente -que en algún momento se llegue a demostrar que una intervención suya causó algún retraso en el envío de la alerta, y señala a la jueza que, en ese caso, sería imposible -e imprescindible para imponer una pena por homicidio imprudente- probar que alguno de los fallecidos hubiera podido actuar de otra manera y salvarse de haberse emitido antes el aviso.