El Departamento de Educación ha entonado el mea culpa en el error en las pruebas PISA que invalidan los resultados y tras apuntar, en un primer momento, a los directores como responsables, este lunes ha corregido su posición. “La responsabilidad está en el departamento”, ha asegurado la consejera de Educación, Esther Niubó, en la rueda de prensa de inicio de curso, que se ha convertido en un monográfico explicativo sobre la nueva polémica sobre las pruebas internacionales, cuyos resultados se publicarán el 8 de septiembre, primer día de curso en Cataluña. La nueva crisis ha comportado el cese de la número dos del departamento, la secretaria general, Teresa Sambola. Asimismo, se han abierto tres expedientes disciplinarios a responsables de la gestión de las pruebas, dos a funcionarios y un tercero a un alto cargo ya cesado. El problema que ha invalidado los resultados radica en que en la muestra de alumnos usada, el 23,2% estaban exentos de realizar las pruebas por diferentes motivos (porque son recién llegados y no dominan la lengua o porque presentan algún trastorno de aprendizaje, entre otras cuestiones), cuando la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que impulsa las pruebas PISA, recomienda que este porcentaje sea de un máximo del 5%. En concreto, de los cerca de 2.500 alumnos de 15 años que debían participar en Cataluña —los exámenes se hicieron en abril y mayo de 2025—, solo se sometieron a la prueba 1.909, una desviación que supone “un problema de representatividad estadística”, según Educación.La polémica saltó a finales de julio —con los centros educativos ya cerrados y con docentes y directores de vacaciones—, a pesar de que Educación fue conocedor del error en marzo y casi tres semanas después de comparecer con responsables precisamente de la OCDE para explicar su evaluación del sistema educativo. Entonces, y a pesar del tiempo transcurrido, el Departamento aseguró que no sabía qué punto de todo el proceso falló y anunció el inicio de un “procedimiento interno y reservado”.Tras la investigación interna emprendida por el Departamento, Niubó ha salido a explicar este lunes la cronología de lo sucedido y las medidas adoptadas. La consejera ha abundado que el 11 de marzo de 2025, el entonces Consejo Superior de Evaluación ―organismo responsable de coordinar las pruebas diagnósticas, entre ellas PISA, pero con una dirección en funciones desde hacía más de un año― organizó una sesión informativa presencial con los 50 centros educativos seleccionados para realizar el examen. “Se presenta información correcta, pero incompleta, porque no especificaba el límite del 5% de exclusión”, ha apuntado Niubó. Sin embargo, ya el 9 de abril, Cataluña recibió el primer aviso por parte del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), vinculado al Ministerio de Educación, sobre el excesivo porcentaje de exclusión. “No consta que esta advertencia llegara a los centros ni se pusieran medidas de corrección y esto es relevante porque había margen para corregir el error”. El INEE continuó enviando avisos ―se mandaron siete― hasta el 30 de mayo, sin que se tomaran medidas correctoras. Al final, solo cinco de los 50 centros cumple el requisito de exclusión. Las alarmas saltaron finalmente en la sede de Via Augusta el pasado febrero, cuando la nueva Agencia de la Evaluación alertó al Departamento de una “incidencia técnica” en los exámenes y se inició la investigación. Educación apunta que la raíz del problema es que los avisos que llegaban desde el INEE no fueron atendidos y que el personal funcionario no elevó la alerta a cargos superiores, aunque también admite que, durante la investigación realizada, desde el Consejo Superior se defendió que sí se avisó, pero no se ha encontrado pruebas de estas comunicaciones. “Ha habido errores de interpretación, revisión y de comunicación”, ha aseverado Niubó. Las pesquisas han finalizado, de momento, con la apertura de tres expedientes disciplinarios: dos a funcionarios, que habrían cometido una falta grave por un “presunto incumplimiento de sus funciones y deberes como funcionarios públicos”; y un tercero por falta leve por “descuido y negligencia” en el cumplimiento de las obligaciones de un alto cargo, ya cesado, responsable del Consejo. “Las personas que tenían la responsabilidad de coordinar las pruebas no estuvieron a la altura”, ha sentenciado Niubó. Se da el caso que, en el momento del diseño y la realización de las pruebas PISA, el Consejo Superior de Evaluación se encontraba en pleno proceso de conversión en la actual Agencia de Evaluación y había estado más de un año en un estado de letargo y casi desmantelado, desde que en enero de 2024 el Govern fulminara a su entonces presidente Carlos Vega, precisamente por la desastrosa gestión de los malos resultados conocidos en diciembre de 2023. Entonces, se decidió convertir el Consejo en la actual Agencia de Evaluación, que inició su actividad en abril de 2025. Durante ese tiempo, la presidencia del Consejo había quedado en manos de la dirección general de Currículum, encabezada en esa época por Mercè Andreu, que ejerció entre septiembre de 2024 y octubre del año siguiente. Pero las víctimas de la crisis han escalado hasta la número dos del departamento, la secretaria general Teresa Sambola. Aunque Niubó ha querido desvincular este cese del escándalo de PISA, sí que la ha señalado como víctima colateral y ha justificado su cese en la necesidad de “reforzar el departamento” y “evitar problemas de funcionamiento que PISA ha puesto de relieve”. “PISA es el detonante que ha puesto de relieve que hay procesos en el departamento que no siempre funcionan bien. Queremos fortalecer las direcciones generales y nos parece que la forma de hacerlo es con este relevo”, ha argumentado. Explicaciones insuficientesPocos días después de conocerse la polémica, Niubó compareció en el Parlament para explicar el caso. Entonces, los grupos de la oposición, incluyendo sus socios de investidura, se mostraron críticos y reclamaron una explicación clara y que se asumieran responsabilidades. Las explicaciones y medidas del Govern no han contentado a los socios de investidura. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha avisado de que el cese de la secretaria general no resuelve los problemas que tiene sobre la mesa el departamento. “Pedimos al Govern que no cometa el error de creer que por haber cesado a alguien o haber abierto unos expedientes, la cuestión de la educación está resuelta”, ha apuntado el republicano.Por su parte, Junts ha registrado una solicitud de comparecencia de la consejera Niubó en el Parlament para explicar las conclusiones de la investigación. “Hay que saber toda la verdad, depurar todas las responsabilidades necesarias y adoptar las medidas que hagan falta para que una negligencia de estas dimensiones no se vuelva a producir”, ha reclamado la diputada Anna Erra.También se han mostrado muy críticos los sindicatos, como el mayoritario Ustec, en un momento de conflicto abierto y con una amenaza de huelga para el primer día de curso. Para Ustec, el cese de la secretaria general “no resuelve la chapuza de PISA. No se trata de cambiar personas, sino de cambiar el modelo”, ha asegurado el sindicato en un comunicado. Por contra, la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha respaldado la decisión de Niubó calificando las medidas de “valientes”. “Governares eso: poner recursos y corregirlo que no ha funcionado”, ha señalado tras la comisión ejecutiva del partido.