La consejera de Educación catalana, Esther Niubó, ha anunciado este lunes el cese de la hasta ahora secretaria general, Teresa Sambola, tras el error en la gestión de las pruebas PISA, que se publicarán la semana próxima, así como la apertura de tres expedientes disciplinarios. “Ha habido personas que no han estado a la altura de las responsabilidades que tenían asignadas”, ha asegurado Niubó en referencia a estos tres casos, cuyos nombres no ha querido revelar. Asimismo, la consejera ha querido desvincular el cese de Sambola al escándalo de PISA y lo ha justificado en la necesidad de “reforzar el departamento”. “No tiene que ver directamente, pero sí con la necesidad de abrir una nueva etapa, para evitar problemas de funcionamiento que PISA ha puesto de relieve”, ha añadido. La polémica saltó a finales de julio —con los centros educativos ya cerrados y con docentes y directores de vacaciones—, a pesar de que Educación fue conocedor del error en marzo y casi tres semanas después de comparecer con responsables precisamente de la OCDE para explicar su evaluación del sistema educativo. Entonces, y a pesar del tiempo transcurrido, el Departamento aseguró que no sabía qué punto de todo el proceso falló y anunció el inicio de un “procedimiento interno y reservado”.El problema que ha invalidado los resultados radica en que en la muestra de alumnos usada, el 23,2% estaban exentos de realizar las pruebas por diferentes motivos (porque son recién llegados y no dominan la lengua o porque presentan algún trastorno de aprendizaje, entre otras cuestiones), cuando la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que impulsa las pruebas PISA, recomienda que este porcentaje sea de un máximo del 5%. En concreto, de los cerca de 2.500 alumnos de 15 años que debían participar en Cataluña —los exámenes se hicieron en abril y mayo de 2025—, 591 fueron excluidos (seis por tener una discapacidad física, 493 por trastornos cognitivos, conductuales o emocionales y 92 por un dominio insuficiente de la lengua), así que solo se sometieron 1.909, una desviación que supone “un problema de representatividad estadística”, según la directora general.