El PSOE afrontará a partir de septiembre un nuevo curso político marcado otra vez por los tribunales, pero con una diferencia sustancial respecto al que acaba de cerrar. El otoño trae ingredientes suficientes para una tormenta perfecta que no le pasa desapercibida ni al partido ni a Moncloa, en fase preelectoral y fin de legislatura. Juicios de alta sensibilidad, acusados cooperando y documentación y cuentas sometidas a revisión auguran todo menos tranquilidad en el frente judicial para el Ejecutivo y la formación.
Varias de las investigaciones que han cercado al partido, al Gobierno y al entorno más próximo de Pedro Sánchez entran ahora en fases capaces de provocar nuevos saltos cualitativos: informes policiales pendientes sobre una eventual financiación irregular, imputados dispuestos a colaborar con la Justicia, pesquisas que estrechan el cerco sobre miembros del Ejecutivo y procedimientos que avanzan ya hacia el banquillo.
El calendario tiene, además, un componente difícil de controlar para Ferraz. Buena parte de las incógnitas que pueden condicionar los próximos meses ya no dependen únicamente de las decisiones de jueces y fiscales. Dependen también de lo que cuenten algunos de los investigados y de la documentación que todavía analiza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El precedente de Víctor de Aldama, cuya estrategia de colaboración con la justicia ha marcado la evolución del caso Koldo, ha abierto una vía que otros imputados comienzan a explorar.
