El curso judicial 2026-2027 empezará como terminó el anterior: con la mirada puesta en las causas que afectan al PSOE. Los nombres propios colman la agenda. El exlíder socialista y exmandatario de La Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero. La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Y la exmilitante de Ferraz Leire Díez. Al margen de los socialistas, también recibirán atención la cúpula de Interior del PP de Mariano Rajoy, entonces liderada por Jorge Fernández Díaz, que espera la sentencia del caso Kitchen; la familia Pujol, que aguarda por el veredicto de la Audiencia Nacional sobre el origen de su fortuna; y los líderes del procés, que están pendientes de que los tribunales españoles les apliquen la ley de amnistía después de conseguir el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El calendario oficial echará a andar el jueves 10 de septiembre. Lo hará con el acto de apertura del año judicial, presidido por el rey Felipe VI en el Tribunal Supremo, y con los discursos de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y la fiscal general, Teresa Peramato. Atrás queda la tensión que acumuló el año pasado por la presencia de Álvaro García Ortiz, que estaba entonces al frente del ministerio público y a la espera de que se abriera juicio oral en su contra. Dos meses después, el alto tribunal lo condenó a dos años de inhabilitación por una revelación de secretos que afectó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Dimitió del cargo de fiscal general antes de que se ejecutara la sentencia. Pero incluso antes del inicio oficial del curso judicial, empezará la actividad en los tribunales y, con ella, la presión al PSOE, que se ve afectado por la investigación a sus cuentas y varios de sus excargos. Caso Plus Ultra. El lunes 7 de septiembre se inaugura el calendario judicial oficioso. Ese día la atención estará en la Audiencia Nacional. Julio Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra, está citado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional en el procedimiento sobre la presunta trama de tráfico de influencias liderada por Zapatero para conseguir el rescate de la aerolínea con dinero público en 2021. Al día siguiente, el 8, tendrá que comparecer también el exconsejero delegado de la compañía, Roberto Roselli. El juez José Luis Calama les llamó a declarar después de que ambos le enviaran sendos escritos en los que implican al expresidente socialista en la obtención de ayudas públicas, como hizo Julio Martínez Martínez, dueño de la consultora Análisis Relevante, que aseguró que el exlíder de Ferraz “marcaba los pasos a seguir” en las gestiones que desembocaron en el rescate. Así, lo que tengan que decir ambos exdirectivos de Plus Ultra se perfila determinante para el futuro judicial de Zapatero, que todavía tiene que declarar sobre el origen de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros. De igual forma, está pendiente que el juez se pronuncie sobre el recurso que presentó el expresidente contra su decisión de encargar un informe para investigar todas sus cuentas, y que fije fecha a los interrogatorios como investigadas de las hijas del exlíder socialista y de su secretaria, Gertrudis Alcázar. Además, está a la espera de recibir el informe “exhaustivo” que encargó a principios de agosto a la Policía Nacional sobre “la evolución de la propiedad del capital social” venezolano aportado a la compañía en los últimos años. Caso Leire Díez. Aunque agosto ha puesto en pausa la agenda de interrogatorios en este procedimiento, el juez Santiago Pedraz ha estado activo después de que a mediados del mes recibiera los 14 tomos del sumario que instruía el juez de Madrid Arturo Zamarriego, que empezó a investigar a Díez en julio de 2025 por las supuestas maniobras de la exmilitante del PSOE contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y varios miembros de la Fiscalía Anticorrupción. Este paso supone que estas pesquisas se unirán a las que lleva la Audiencia Nacional, que en diciembre empezó a investigar a Díez por encabezar una supuesta “trama para desestabilizar” distintos “procedimientos judiciales que afectaban” al PSOE, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez. Aunque Díez ya ha movido ficha para evitar este desenlace.Pedraz ha dedicado dos días de agosto al volcado del móvil de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y antiguo jefe de Gabinete de Sánchez. Y está previsto que reactive la causa el 9 de septiembre, día en el que están citados a declarar dos de los investigados: la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, e Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García. La UCO sostiene que Fuentes emitió “facturas mendaces” para justificar pagos de dinero a terceros que tenían realmente como “destino a Leire Díez”. El día 10, por su parte, está citado a comparecer el ex director general de la Guardia Civil Leonardo Marcos; en su caso, por la rama de la causa en la que se indaga si agentes del cuerpo recibieron presiones para “ponerse de perfil” en el procedimiento judicial que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz. Entre tanto, el juez está a la espera de recibir un informe de la UCO sobre todos los movimientos bancarios del PSOE en seis cuentas en los ejercicios 2024 y 2025, así como de varias empresas y particulares implicados en la presunta trama, como el expresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, también investigado en este procedimiento. Caso Begoña Gómez. En los juzgados de Plaza de Castilla están a la espera de que el nuevo abogado de la esposa del presidente del Gobierno entregue su escrito de conclusiones de cara al juicio. Gómez ya había presentado uno, pero tendrá que presentar otro a principios de septiembre, después de que el pasado julio la Audiencia Provincial de Madrid le retirara dos de los cuatro delitos de los que se le acusa ―dejó solo el de tráfico de influencias y el de malversación―. De hecho, la acusación popular liderada por Hazte Oír tuvo que rebajar su petición de condena de 24 a 13 años de prisión. La Universidad Complutense de Madrid, que está personada como perjudicada, reclama 113.000 euros. La Fiscalía, por su parte, ha avanzado que solicitará la absolución de Gómez y de su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez. Está pendiente que el juez Juan Carlos Peinado, que ha estado a cargo de esta polémica investigación desde abril de 2024, dicte el auto de apertura de juicio oral tras recibir el escrito de conclusiones de Gómez. El instructor se jubilará el 27 de septiembre, día en el que cumple los 72 años, que es la edad forzosa de jubilación de los jueces.Caso Koldo. Tras la condena de 24 años de prisión dictada por el Tribunal Supremo el pasado junio para el exministro José Luis Ábalos, la Audiencia Nacional tiene pendiente seguir investigando la rama de esta causa relativa al supuesto amaño de obra pública. El juez Ismael Moreno cerró julio con un par de encargos a la UCO: ampliar las indagaciones en las cuentas bancarias de la familia de Cerdán y conseguir los “expedientes” que pueda tener la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sobre tres consultoras salpicadas por la trama (Mer Construcción, Levantina y OPR). Además, el instructor tiene pendiente recibir un informe sobre las cuentas de Antxon Alonso, supuesto socio de Cerdán, y otro sobre la obra del desdoblamiento de los túneles de Belate, en Navarra. Y se espera que pronto se levante el secreto de la pieza separada relativa al sistema de pagos en efectivo que utilizaba el PSOE para efectuar los reembolsos de los gastos a sus cargos. Moreno abrió esta pieza separada dentro a petición del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien estuvo a cargo de la investigación a Ábalos; y la declaró secreta después de que el partido presentara el pasado diciembre un pendrive con sus cuentas entre 2017 y 2024. Ceuta. Aunque no hay una fecha fijada en el calendario, está previsto que la jueza María Tardón reciba dos informes que encargó de cara a decidir si la Audiencia Nacional es competente para investigar la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio. Tras recibir una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa, la instructora pidió a la Policía Nacional que le informara quiénes “hubieran podido participar” en la entrada, en aras de esclarecer si se trató o no de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”. También reclamó a la Guardia Civil que le trasladara si manejó información que pudiese “alertar” de lo que ocurrió. Este punto ha generado debate dentro del Gobierno, después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurara en el Congreso que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sí avisó de que en la frontera con Marruecos había actividad que podía advertir de una entrada masiva. En frente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido todo el tiempo una versión contraria: “No había ningún informe que atisbara que el 30 de julio iba a acontecer lo que sucedió”.Ley de nietos. Al otro lado de la sede de la Audiencia Nacional en la Plaza Villa de París, el Supremo celebrará el 7 de septiembre una vista oral y pública en la que Vox y Iustitia Europa expondrán sus argumentos para pedir al alto tribunal que suspenda de forma cautelar las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la denominada ‘ley de nietos’, impulsada por el Gobierno, que concede la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados. La Abogacía del Estado, en representación del Ejecutivo, también podrá pronunciarse. Amnistía al procés. El 22 de septiembre, el Tribunal Constitucional estudiará los recursos de amparo que presentaron los dirigentes condenados del procés contra la negativa del Supremo a aplicarles la ley de amnistía, toda vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló la medida de gracia el pasado 16 de julio. Los magistrados empezarán analizando el caso del secretario general de Junts, Jordi Turull. Kitchen, Pujol, Gürtel y Sito Miñanco. La excúpula de Interior del PP, la familia Pujol, el empresario Francisco Correa y el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, están a la espera de que la Audiencia Nacional dicte sentencia sobre ellos. La Fiscalía pidió 15 años de cárcel para el exministro del PP Jorge Fernández Díaz; para su mano derecha y ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; y para Eugenio Pino, que fue máximo jefe operativo de la Policía Nacional. Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, se enfrenta a 29 años de prisión; el líder de la Gürtel, a 77 años; y Pardo Bugallo, a 31 años y medio. Lezo y Duro Felguera. Está previsto que a partir de septiembre la Audiencia Nacional juzgue dos piezas del caso Lezo: la de las presuntas irregularidades cometidas entre 2001 y 2002 en el proceso de compra por parte del ente público Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa; y la de los supuestos amaños de contratos para construir y explotar el campo de golf habilitado en las instalaciones del Canal de Isabel II durante el Gobierno de Esperanza Aguirre. Además, está fijado para el 19 de octubre el inicio del juicio contra la empresa asturiana Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres y los ex viceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado por presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en el país caribeño. Caso Montoro. El 14 de septiembre se decidirá si la causa que afecta al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y a una veintena de personas se queda en Cataluña o se muda a Madrid. La Audiencia Provincial de Tarragona deliberará sobre los recursos que las defensas han presentado contra la decisión del juez Rubén Rus de quedarse con la causa en la que se investiga una supuesta trama que, durante la etapa de Montoro en el Gobierno, presuntamente influyó en el Ejecutivo de Rajoy para conseguir legislación favorable a empresas gasistas y de otros sectores a cambio de pagos millonarios a Equipo Económico. Montoro siempre ha defendido que salió del despacho antes de dar el salto al Gobierno.El alcalde de Móstoles. La causa por presunto acoso sexual y laboral a una exconcejala del PP de Móstoles toma un nuevo impulso el 9 de octubre con la declaración del principal investigado: el dirigente popular y alcalde de la localidad madrileña, Manuel Bautista. El caso, según el relato de la denunciante, comenzó con proposiciones sexuales explícitas por parte de Bautista y continuó con la difusión de rumores falsos sobre una supuesta relación afectivo-sexual entre ambos. La exedil sostiene que ese escenario derivó en un clima de hostigamiento laboral que la llevó a entregar el acta y solicitar la baja como afiliada del partido. El 23 de octubre y el 6 de noviembre deberán comparecer seis testigos propuestos por la acusación particular, entre ellos, David Zamorano, exjefe de Comunicación del Ayuntamiento, y el también exedil popular de Móstoles Raúl Gallego, quien dimitió en marzo tras mostrar su solidaridad con la denunciante.