El anuncio de Donald Trump de que controlará la producción de casi una cuarta parte del petróleo de Venezuela ha desatado un aluvión de críticas, incluso desde el chavismo, y muchas preguntas que siguen sin respuesta. El acuerdo, anunciado en redes sociales y confirmado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha sido fruto de una negociación opaca, de espaldas a la ciudadanía venezolana, que todavía desconoce sus términos. De lo que no cabe sorprenderse es de que la riqueza natural de Venezuela acabe en manos de EE UU. Trump dejó claro desde el día que ordenó atacar Caracas y secuestrar al presidente Nicolás Maduro, encarcelado en Nueva York, que su verdadero objetivo era el petróleo venezolano. Ocho meses después, anuncia un acuerdo insólito y con una líder no elegida por sus ciudadanos que colabora con Washington porque es quien la ha puesto en su cargo. Apenas se conocen detalles del acuerdo. Estados Unidos se convertirá en un inversor al 55% en una empresa privada que hará negocio con las mayores reservas de petróleo del mundo. Según Rodríguez, la empresa se hará cargo de 17 yacimientos en la Faja del Orinoco y el Lago de Maracaibo con reservas comprobadas de 65.000 millones de barriles. La concesión se extenderá por 25 años prorrogables. El acuerdo calcula un beneficio para las arcas venezolanas de 19 dólares por barril, asumiendo un precio de 65 dólares. Los venezolanos se han enterado de pronto de que el 22% de sus reservas de petróleo van a ser controladas y explotadas por Estados Unidos. Rodríguez afirma que esta fórmula de explotación supone una inversión de 100.000 millones de dólares en la industria petrolera venezolana y unos potenciales ingresos en impuestos de 209.000 millones de dólares que el esquelético Estado venezolano necesita desesperadamente. Poco más. Nadie sabe quién va a pagar esas inversiones y en qué términos, cuáles son los plazos para comenzar a operar, qué empresas ejecutarán la inversión y, sobre todo, quién fiscalizará las operaciones y sometido a qué jurisdicción. El formato del trato es algo insólito. Ante las resistencias de las grandes petroleras a invertir en un país sin reglas claras, Trump decidió apostar por su propio Gobierno, a través del Departamento de Guerra. Es decir, el inversor es la Casa Blanca. Para añadir sospechas, el consorcio tendrá al frente al venezolano Alejandro Betancourt, investigado en Suiza y en España por su supuesta participación en un esquema con el que se lavaron miles de millones de dólares desfalcados a la petrolera estatal PDVSA.El presidente de EE UU, a cuyo partido las encuestas auguran un castigo en las elecciones de noviembre, principalmente por el hartazgo de los ciudadanos con la inflación, ha prometido que el acceso al petróleo venezolano bajará el precio de la gasolina. Eso no va a pasar. Restablecer la deteriorada industria petrolera venezolana llevará años. Venezuela sí verá más empleo y cómo se dinamiza una industria que lleva años en los huesos, pero tampoco está claro que eso suceda en el corto plazo. La inquietud que genera este anuncio es también política. Lo que Venezuela necesita con urgencia es democracia y elecciones. Este trato no puede marcar las cartas de la necesaria transición. Rodríguez y Trump comparten ya demasiados incentivos para no acelerar una convocatoria de elecciones que podría echar del poder a una estructura chavista que se ha probado muy útil a los intereses de EE UU.