0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialEl emblemático chiringuito de la playa de Sant Vicenç de Montalt (Maresme) tiene hasta el 4 de septiembre para optar a la nueva concesión después de que un juzgado suspendiera el desalojo, mientras el conflicto vuelve a poner sobre la mesa las contradicciones de la Administración estatal con los establecimientos históricos de la costaLa cuenta atrás para el futuro de La Caleta ha entrado en la última fase. El restaurante de Sant Vicenç de Montalt, arraigado en el litoral del Maresme desde hace 71 años, todavía no tiene garantizado su futuro, pero tampoco el último capítulo de su historia. Tras la orden de desalojo dictada por la Dirección General de la Costa y el Mar, organismo que depende del Ministerio de Transición Ecológica, un juzgado de Barcelona suspendió cautelarmente el cierre previsto para finales de julio, lo que permitió que el negocio haya seguido abierto durante el verano. Ahora la batalla se traslada al terreno administrativo: el 4 de septiembre, a las 12 del mediodía, termina el plazo para que los interesados se presenten al concurso para optar a la nueva concesión. La familia que gestiona actualmente La Caleta ya ha anunciado que volverá a concurrir.Lee tambiénLa contradicción es evidente, Costas del Estado busca clausurar la ocupación actual del terreno, pero al mismo tiempo pretende que el espacio siga acogiendo un negocio de restauración, eso sí, bajo una nueva concesión con dimensiones y condiciones distintas a las que ha tenido hasta ahora.El conflicto se remonta a 2017, cuando los terrenos, hasta entonces vinculados a Adif, pasaron a la Demarcación de Costas. En 2019, la nueva delimitación del dominio público marítimo-terrestre sometió el espacio a la normativa estatal. Desde entonces, la familia ha recibido requerimientos para abandonar o reducir la actividad. La situación se complica porque disponía de un contrato de alquiler con Adif firmado en 2015 y vigente hasta 2030, y ha continuado pagándo incluso en fechas cercanas a la notificación de desalojo. Adif, por su parte, se ha desvinculado de la decisión, atribuyendo la competencia a Costas.El restaurante la Caleta enfila su fin de temporada .Mané Espinosa / LVEl desenlace parecía sentenciado a finales de julio, con un último servicio anunciado para el 26 de julio y el desalojo previsto para el 30 o 31. Pero el Juzgado Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona suspendió temporalmente la orden al no haber tiempo material para escuchar a todas las partes, permitiendo que el restaurante siguiera abierto todo el verano. El Ayuntamiento, sin competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre, ha ejercido de mediador, el alcalde, Javier Sandoval, ha contactado con la Direcció General de Polítiques del Litoral, la Demarcación de Costas y la Delegación del Gobierno. La Generalitat también ha impulsado el concurso público que ahora marca el futuro del espacio.Si gana el concurso, la familia deberá transformar su negocio: de los cerca de 500 metros cuadrados actuales se pasaría a unos 200, más una terraza temporal de unos 100 metros, compitiendo en igualdad de condiciones con otros licitadores.Costas del Estado hace caso omiso al Congreso, que tramita la modificación del reglamentoEl caso no está aislado. Los clubes náuticos de playa denuncian desde hace años situaciones similares: el Club Náutico de Vilassar de Mar considera inviable la limitación a 300 metros cuadrados, mientras que costas ha obligado ya a cerrar el Club de Mar de Sitges, Pineda de Mar y Cabrera de Mar y amenaza las instalaciones de Badalona, Torredembarra, Calafell, Salou o Vilanova. En el Parlament se ha cifrado la acción de Costas que afecta a unos cincuenta los clubs de playa catalanes, con un impacto económico de unos 170 millones de euros anuales y 70.000 jóvenes iniciados cada año en los deportes de mar.La Generalitat admite que el nuevo marco competencial con el Estado no resuelve el problema de fondo, las limitaciones de superficie del Reglamento General de Costas, y ha impulsado su modificación. No obstante, los expedientes siguen avanzando, alimentando la sensación de indefensión de los afectados.La Dirección General de Costas obvia que el Parlamento impulsa la reforma del reglamento regulador.Corresponsal de La Vanguardia en el Barcelonès Norte y corresponsal y responsable de la edición local de La Vanguardia en el Maresme. @fedecedo