La reforma del Reglamento de Costas ha abierto un frente de incertidumbre en el litoral de Andalucía justo en plena temporada estival. Los negocios instalados a pie de playa temen que las nuevas condiciones sobre concesiones, superficies y estructuras alteren un modelo económico consolidado durante décadas. Aunque este verano la actividad continúa con normalidad en la mayoría de establecimientos que conservan sus licencias, el verdadero problema llegará cuando tengan que renovar las autorizaciones o resolver expedientes que todavía permanecen en tramitación. Los chiringuitos andaluces están en pie de guerra ante un cambio normativo que mantiene en vilo a cerca de una treintena de locales de Puerto Sherry, Rota y Tarifa. En estos dos últimos municipios, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obliga a desmontar 24 establecimientos después del verano, mientras que otros negocios gaditanos ya se han visto afectados por cierres. El conflicto, sin embargo, tiene un alcance mayor: el sector calcula que las nuevas reglas podrían comprometer alrededor de 200 establecimientos y unos 4.000 empleos directos e indirectos en Andalucía. Nuevas concesiones y límites para los establecimientos El Gobierno central defiende que la modificación responde a las exigencias de la Unión Europea para garantizar procedimientos transparentes, imparciales y sometidos a concurrencia competitiva en el dominio público marítimo-terrestre. Las futuras concesiones deberán adjudicarse mediante concursos abiertos y criterios objetivos, al tiempo que se reducirá su duración máxima. El Ejecutivo sostiene que la reforma no implica el cierre automático de los chiringuitos ni anula las autorizaciones vigentes, aunque los nuevos procedimientos sí afectarán a las renovaciones, las prórrogas extraordinarias y los expedientes todavía pendientes de resolución. La Junta de Andalucía y las asociaciones empresariales reclaman la paralización de la reforma y una disposición transitoria para proteger a quienes iniciaron sus trámites con la normativa anterior. También preocupan las condiciones físicas previstas: en las playas naturales, los establecimientos no podrán superar los 70 metros cuadrados, deberán ocupar una sola planta, carecer de sótano, ser completamente desmontables y guardar 300 metros de distancia. En los tramos urbanos se permitirán 200 metros cuadrados interiores y otros 70 en el exterior, con una separación mínima de 150 metros. El choque entre administraciones deja al sector pendiente de cómo se aplicarán finalmente unas reglas que pueden cambiar la titularidad y la configuración de numerosos negocios. La reforma del Reglamento de Costas ha abierto un frente de incertidumbre en el litoral de Andalucía justo en plena temporada estival. Los negocios instalados a pie de playa temen que las nuevas condiciones sobre concesiones, superficies y estructuras alteren un modelo económico consolidado durante décadas. Aunque este verano la actividad continúa con normalidad en la mayoría de establecimientos que conservan sus licencias, el verdadero problema llegará cuando tengan que renovar las autorizaciones o resolver expedientes que todavía permanecen en tramitación.