La reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat celebrada el pasado miércoles, 20 de mayo, ha abierto una nueva etapa en la gestión del litoral catalán. En el marco del despliegue competencial acordado entre el Gobierno central y el ejecutivo catalán, se ha logrado impulsar la reforma del Reglamento General de Costas para adaptar la normativa al marco previsto en el Estatut y reforzar así el papel de la Generalitat en la gestión de la costa catalana, siguiendo el modelo de Euskadi y Galícia. Un avance que abre una ventana de esperanza para los clubes náuticos e instalaciones de playa que en los últimos años han recibido amenazas de demolición, algunas ya consumadas, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.Desde la aprobación de la Ley de Costas de 1988, numerosas instalaciones han vivido bajo la amenaza permanente de una normativa que endureció el uso del dominio público marítimo-terrestre y que ha derivado en expedientes de derribo, caducidad de concesiones y conflictos jurídicos. Catalunya ha sido uno de los territorios donde la tensión ha sido más visible, con casos que han generado una gran controversia social, sobre todo en aquellas instalaciones con décadas de arraigo histórico en sus comunidades –algunas han sido declaradas Bien de Interés Local (BCILl– que ahora podrían verse beneficiadas por el cambio de gestión.La comisión bilateral sigue el modelo de Galicia y País Vasco y podría frenar las órdenes de derriboLo que ha cambiado con el acuerdo de esta semana no es la titularidad del litoral, que sigue siendo dominio del Estado en cumplimiento de la Constitución y la Ley de Costas, sino la gestión del día a día del dominio costero. Las competencias que Catalunya podría asumir incluyen las autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, los usos de temporada en las playas, las instalaciones desmontables, la inspección y la potestad sancionadora y la planificación y ejecución de obras que no sean de interés estatal. En la práctica, esto significa que decisiones sobre chiringuitos, terrazas, actividades deportivas, clubes náuticos, paseos marítimos y actividades temporales pasarían a resolverse desde el territorio.El modelo catalán es el que ya aplican Galicia y País Vasco, dos comunidades que han logrado en los últimos años un grado de control sobre su litoral muy superior al del resto de España. Euskadi formalizó el traspaso de las competencias de ordenación y gestión del litoral a finales de 2024 mediante real decreto, mientras que Galicia había avanzado antes con su propia Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de 2023, apoyándose en competencias del Estatuto reconocidas por el Tribunal Constitucional. En ambos casos, las comunidades han asumido funciones de gestión ordinaria que hasta entonces correspondían directamente a la Dirección General de Costas del Estado y que a menudo eran fuente de conflicto con los ayuntamientos costeros.El 85% de los clubes, amenazadosEn Catalunya se calcula que unos 44 clubes náuticos, de los 51 que se ubican en las playas están amenazados por una lectura muy restrictiva de la Ley de Costas, que impone la Dirección General de Costas que depende del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La Federació Catalana de Vela sostiene que la forma de actuar de los responsables en Madrid pone en riesgo buena parte de la estructura de la vela base catalana. Hasta el momento de nada han servido argumentos de defensa en relación a que son entidades deportivas históricas, no chiringuitos privados, que forman a jóvenes en vela y deportes náuticos, que generan actividad social y económica local y que algunas instalaciones tienen valor patrimonial.La experiencia gallega es la más ilustrativa de lo que podría ocurrir en Catalunya. En Galicia, la gestión autonómica del litoral ha permitido utilizar las herramientas administrativas y políticas para favorecer la continuidad de instalaciones con arraigo histórico, especialmente las vinculadas al marisqueo, conservas y actividades tradicionales del litoral, que también estaban amenazadas. El modelo, sin embargo, obliga a una negociación permanente sobre los usos compatibles y la búsqueda de soluciones de regularización antes de llegar a la demolición. Precisamente este enfoque es el que muchos municipios catalanes llevan años reclamando para sus instalaciones costeras.Lee tambiénEn el caso del País Vasco, la presión urbanística costera es menor que en Catalunya. Su modelo integra la gestión litoral con la planificación territorial y portuaria propia, reduciendo la conflictividad que caracteriza la relación de las comunidades autónomas con el Ministerio. El Estado, no obstante, mantendrá los límites de control sobre el dominio público marítimo-terrestre y ninguna comunidad autónoma puede ignorar resoluciones judiciales firmes.En resumen, el acuerdo permite una interpretación menos rígida de la normativa, como reclaman los municipios afectados, que ahora restan a la espera de conocer todos los detalles del cambio de paradigma legislativo.Corresponsal de La Vanguardia en el Barcelonès Norte y corresponsal y responsable de la edición local de La Vanguardia en el Maresme. @fedecedo