La situación en Ceuta sigue siendo excepcional un mes después de la llegada masiva de personas migrantes a la ciudad autónoma. Tras la respuesta institucional tardía, se han sucedido propuestas que buscan atajar una crisis migratoria y humanitaria con distintas aristas, pero con un mismo interrogante de fondo: ¿cómo recuperar la normalidad sin saltarse las garantías jurídicas?PublicidadSegún las últimas cifras ofrecidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado viernes, son "alrededor de 5.000" los migrantes que aún permanecen en Ceuta tras la entrada de los días 30 y 31 de julio, cifrada en 72.000 personas. De ellos, 1.500 son menores, aunque estas estimaciones contrastan con las aportadas por los colectivos en el terreno, que las sitúan en alrededor de 4.000 solo en el caso de los menores.Frente a esta situación, el ministro Ángel Víctor Torres, quien asumió la pasada semana el mando único para el seguimiento de la crisis, afirmó que la "prioridad" en esta fase es la "devolución" de las personas migrantes, tanto adultos como menores, aunque agregó que todo ello debe hacerse con "respeto a los Derechos Humanos" y al "orden internacional". Pero ¿qué margen real tiene España para devolver a las personas que entraron el 30 y 31 de julio? ¿Cómo acometer esta voluntad respetando todas las garantías? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las herramientas legales para exigir responsabilidades a Marruecos? ¿Cómo se puede exigir la acogida de los menores frente a la negativa de varias comunidades autónomas?Procesos individualizados"Desde el punto de vista estricto de la viabilidad jurídica, el mensaje es no ya un brindis al sol, sino una imposibilidad de hecho. Estamos hablando de expedientes individualizados para referirnos a los migrantes que quedan en Ceuta, entre los que hay migrantes adultos marroquíes, migrantes menores marroquíes o potenciales solicitantes de asilo provenientes de terceros países", resume Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y experto en migraciones.PublicidadLa coordinadora del departamento Jurídico de CEAR, Elena Muñoz, advierte de que hay que respetar el principio de no devolución, "que en primer lugar abarca a todas las personas que quieran solicitar protección internacional, pero no solo". "Por nuestra actividad en Ceuta, lo que hemos detectado es que muchas de las personas que han entrado tienen necesidad de protección internacional. Hay personas de Sudán, Afganistán o Palestina, que simplemente por el lugar de donde vienen, que son países que están en conflicto, cumplirían los requisitos de protección internacional y que probablemente la soliciten".Una vez se tramite su expediente y si se le concede la protección internacional (el plazo máximo para resolverlos es de 12 semanas), "esas personas no pueden ser devueltas, ya que están protegidas por el principio de no devolución". Pero además, Muñoz alerta de que hay otros perfiles que, aunque menos evidentes, también entrarían dentro de este régimen. "Dentro de las personas marroquíes, argelinas o de Gambia, hemos detectado que hay personas que tienen esas necesidades de protección internacional, víctimas de violencia de género, personas LGBTI de países donde la homosexualidad está penada en el Código Penal, activistas de los derechos humanos, personas que han sido perseguidas por el Gobierno marroquí", agrega la coordinadora del departamento Jurídico de CEAR.PublicidadPara quienes no estén bajo el paraguas del procedimiento de los solicitantes de asilo, estos serán derivados al procedimiento de devolución, que también tiene unas garantías jurídicas que hay que cumplir. "En cada uno de los casos, tiene que haber una asistencia letrada, un intérprete y una decisión individualizada que pueda ser recurrida ante un juez", recuerda Muñoz.Imposibilidad de una devolución automáticaEn el caso de los menores, desde la Plataforma de Infancia y los juristas mencionados inciden en que "tienen una protección reforzada y obligatoria adicional por parte del Estado", esto es, los expedientes individualizados deben priorizar la protección y el interés superior del menor. En este contexto, la opción de la acogida se antepone al "argumento manido de que el menor con quien mejor está es con su familia", como sostiene Javier de Lucas."Ahora mismo hay miles de niñas y niños que continúan en la calle, sin acceso a agua potable suficiente, sin comida suficiente y sin ropa de abrigo y limpia. La prioridad debe ser garantizar sus derechos y su acceso a necesidades básicas y su acogida, desplegando todos los mecanismos de cooperación necesarios y activando de forma inmediata los traslados a la península, de forma garantista", apunta Ricardo Ibarra, portavoz de la plataforma.Ante la imposibilidad de expulsarlos de manera automática, como pide el PP, Javier de Lucas sostiene que la dificultad también es administrativa: "La única respuesta estaría no tanto en la viabilidad jurídica, sino en la dotación de refuerzo de las plantillas de las Comisarías de Extranjería de fiscales y de jueces en Ceuta".La negativa a la acogida de menores, ¿ante los tribunales?Antes de abordarse incluso el debate sobre la reubicación, varias comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por PP y Vox, han anunciado su rechazo a esta medida a pesar de que la ley obliga a que sean acogidos ante la imposibilidad de que Ceuta pueda hacerse cargo de todos ellos.Esto motivó que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, dictara una instrucción con pautas de actuación para los fiscales con el objetivo de "garantizar" la protección de todos los menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta. En concreto, Peramato advirtió de que en el caso de que las comunidades autónomas rechacen o "muestren reticencias" para "asumir de forma inmediata la recepción efectiva" de los menores, el fiscal del lugar de origen "deberá informar al fiscal del lugar de destino, con copia de la resolución de reubicación y traslado, así como alegaciones de rechazo o dilación de su ejecución".Para asegurar este reparto, Elena Muñoz señala que, entre las herramientas para hacer cumplir esta obligación está "la vía de los tribunales", aunque lamenta que "se esté jugando a un juego político" con estos menores, el eslabón más vulnerable de la cadena. "En virtud del principio de solidaridad entre territorios y administraciones, es fundamental que las CCAA de acogida actúen de acuerdo con el interés superior del menor y reciban de forma adecuada a las niñas y niños", agrega Ricardo Ibarra.PublicidadPara Javier de Lucas, es "clarísimo" que cualquier comunidad autónoma que se niegue a cumplir con el marco normativo en relación con el reparto de menores "está colocándose fuera de la legalidad y, por lo tanto, procedería, en su caso, una denuncia por parte de la Fiscalía". "El asunto es cuánto puede tardar eso", avisa.¿Se le pueden exigir responsabilidades a Marruecos?Otra de las aristas que deja la crisis es el papel de Marruecos, de quien el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, destacó su "esencial" cooperación pese a su pasividad ante la entrada masiva. "Ni el Gobierno ni la Unión Europea han denunciado el incumplimiento del acuerdo con Marruecos para la vigilancia de la frontera y el retorno de las personas que hayan llegado a través de la frontera marroquí", afea Javier de Lucas. Elena Muñoz sostiene que esta crisis representa "el problema" de externalizar el control de las fronteras. "La política de externalización de fronteras que desde los años 90 se ha ido aumentando y extendiendo por toda la Unión Europea tiene esta doble vara", explica.PublicidadY es que, "dejas que terceros países hagan el trabajo sucio de controlar tus fronteras, pero también le estás dando una arma muy poderosa que en cualquier momento lo pueden utilizar en contra". "No es algo nuevo y sorprende mucho que la Unión Europea, que ya ha vivido esto, siga profundizando en estas políticas de externalización de fronteras que no son efectivas. Sobre todo, con países como Marruecos, que no respeta los derechos humanos", agrega la representante de CEAR.Frente a esta "esclavitud" geográfica, Javier de Lucas recuerda que "nosotros también tenemos armas que, desgraciadamente, no se están utilizando", como es el suministro de la energía a Marruecos. "España debería ser capaz de utilizar medios de presión diplomática económica junto con la Unión Europea". Sin embargo, lamenta que no haya "voluntad política" para denunciar el incumplimiento del acuerdo, "ni por parte de España ni por parte de la Unión Europea", zanja.