Finalizado este mes de agosto, se cierra formalmente la ventana de ejecución del mayor programa de estímulo económico que ha recibido España en democracia: los fondos Next Generation EU, cuya dotación alcanzó los 163.000 millones de euros tras la ampliación de préstamos aprobada en 2023 (aunque finalmente el Gobierno renunció al grueso de los préstamos). Pocas cifras merecerían más atención: según el análisis conjunto de AFI y Funcas, estos recursos explican entre el 10% y el 14% del crecimiento medio anual del PIB español entre 2021 y 2025, con un pico cercano al 25% en 2023. No es un matiz estadístico. Es, sencillamente, el mayor impulso dirigido de la política económica española en generaciones. Y es el que explica que el presupuesto público ejecutado en I+D se haya multiplicado por tres entre 2020 y 2023, pasando de 3.680 a 11.117 millones de euros. Han hecho falta 13 años —y una inyección extraordinaria de fondos europeos— para que España recupere el nivel de gasto en I+D pública que ya tenía en 2009. Este esfuerzo se ha traducido también en un incremento de la productividad por hora, donde España es la única gran economía europea que la acelera respecto a su tendencia previa (+0,4 puntos). Pero sigue pendiente un mayor esfuerzo de inversión privada, que a finales de 2025 seguía un 3,3% por debajo del nivel prepandemia.
El cambio del modelo productivo llega tras los fondos europeos pero... ¿Importa?
La aceleración del empleo tecnológico ha coincidido con el despliegue de políticas de digitalización financiadas por la UE. Durante décadas, la necesidad de transformar el modelo productivo ha sido un lugar común en todos los discursos, informes y foros económicos. Y es paradójico que, ahora que los datos ofrecen pruebas tangibles, el debate público parece incapaz de incorporarlos









