Economía
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula con der Leyen.
6:00 - 9/09/2026
La ralentización en el despliegue de los fondos Next Generation EU ha sido una norma habitual de este Gobierno desde el lanzamiento del Plan de Recuperación de la UE en 2021. Ello se debe a que problemas detectados desde el inicio, como la burocracia, la falta de personal y la excesiva regulación, nunca se resolvieron. Esta parálisis provocó que los porcentajes ejecutados sobre el total presupuestado fueran bajos todos los años, como refleja el pobre 27% de 2025. Por si fuera poco, el dinero que sí se ha pagado de la ayuda europea no ha servido para elevar la inversión privada en la proporción deseada y alcanzar el objetivo de modernizar e impulsar la actividad económica. Pero, por si eso no fuera suficiente, el necesario impulso de la inversión tampoco se ha dado en el sector público. De hecho, la formación bruta de capital de las administraciones públicas españolas se fijó en 2025 en el 2,9% del PIB, solo cuatro puntos más que en 2020, el año previo al lanzamiento de los NextGen. Por si fuera poco, el porcentaje nacional es el segundo más bajo de la UE, solo superado por Irlanda, y muy lejos de la media comunitaria, situada en el 3,9%, cuyos desembolsos han escalado siete puntos desde 2020. El estancamiento que presenta la economía española en este ámbito resulta especialmente llamativo considerando que las administraciones públicas han sido las grandes receptoras de los fondos contra la crisis del Covid de la UE. Organismos como Adif o la Generalitat de Cataluña han acaparado la gran mayoría de este capital, desplazando al sector privado. Por ello, sorprende que el sector público no haya aprovechado esta primacía que él mismo se atribuyó para liderar una mayor actividad inversora precisamente en el periodo en el que la llegada de los NextGen fue más cuantiosa. De nuevo la burocracia explica esta situación.
