Noticia Exclusivo suscriptores Decisiones del gobierno Petro, como su reiterada negativa a aumentar la UPC, agravaron la crisis. Foto: Edmer Tovar. ELTIEMPO30.08.2026 22:45 Actualizado: 30.08.2026 22:45 30.08.2026 22:45 Actualizado: 30.08.2026 22:45

Con una deuda de 58 billones de pesos con hospitales, clínicas y empresas farmacéuticas, que creció en un solo año 26,5 % (más de $ 12 billones), cerraron las EPS el 2025, durante el gobierno de Gustavo Petro, en un año en el que el sistema de salud fue, otra vez, uno de los temas más calientes de la agenda pública.Así lo advierte un informe de la Contraloría General de la República, conocido en exclusiva por EL TIEMPO, que señala además un agravante frente a esos números rojos: de las 28 EPS que actualmente operan, solo cuatro cumplen con todos los requisitos financieros exigidos por la ley.De 28 EPS, solo 4 cumplen los requisitos financieros que exige la ley: Contraloría Foto:Contraloría.Según el informe de la Contraloría, los números rojos de las EPS en 2025 se explican principalmente porque el costo de atender a los afiliados superó los ingresos por Unidad de Pago por Capitación (UPC). A esto se suma que la Corte Constitucional declaró que el valor de la UPC fijado por el Ministerio de Salud era insuficiente y ordenó su reajuste técnico, y ante el incumplimiento reiterado de esa orden abrió en diciembre de 2025 un incidente de desacato contra el exministro Guillermo Alfonso Jaramillo. En paralelo, las EPS que el propio Gobierno tomó bajo intervención administrativa (Nueva EPS, Sanitas, Coosalud, entre otras) no mostraron mejoría financiera tras la medida, sino lo contrario: en el primer trimestre de 2026 gastaron 117,8 pesos por cada 100 que recibieron, frente a 100,8 pesos en las EPS no intervenidas.Sobre los requisitos financieros estipulados en la ley, las únicas cuatro que el año pasado los cumplieron todos fueron Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía. Juntas representan menos del 2 por ciento de todos los afiliados del sistema.Eso significa que la inmensa mayoría de los colombianos está afiliada a entidades que incumplen uno o varios de los indicadores relacionados con capital, patrimonio o reservas. Y mientras las cuentas se deterioran, las EPS siguen teniendo que responder por millones de pacientes y por facturas que se acumulan en hospitales, clínicas y farmacias.Filas para reclamar medicamentos. Foto:MAURICIO MORENODe otro lado, de las 26 EPS que entregaron información para el análisis, 17 terminaron 2025 con pérdidas. En promedio, gastaron en la atención de sus afiliados el equivalente al 110 por ciento de los recursos que reciben para cubrir esos servicios.“Se incrementan las barreras de acceso para los pacientes, quienes enfrentan retrasos o dificultades para recibir los medicamentos prescritos, con efectos adversos sobre la continuidad de los tratamientos, los resultados en salud, la calidad de vida y, en general, el adecuado funcionamiento del sistema de salud”, alerta el informe que entregó Carlos Hernán Rodríguez antes de su salida del órgano de control, ahora en cabeza de Jorge Eliécer Laverde.La cuenta de Nueva EPSEn ese escenario aparece el caso de la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, con cerca de 11,6 millones de afiliados. La entidad está intervenida por el Estado desde abril de 2024 y su situación financiera es uno de los principales focos de preocupación de los organismos de control.Según la Contraloría, desde marzo de 2024, la Nueva EPS dejó de entregar información financiera a la Superintendencia Nacional de Salud. Además, no alcanzó a certificar sus estados financieros de 2025 dentro del ejercicio revisado por el organismo de control. La entidad le aseguró a la Contraloría que no tiene aprobados sus estados financieros desde diciembre de 2023 y que tampoco ha podido cerrar contablemente 2024 y 2025. El argumento es que necesita procesar la facturación pendiente mediante sus sistemas tecnológicos antes de poder certificar sus cuentas. Mientras las cifras siguen sin cerrarse, la deuda con su red de servicios pasó de $ 22 billones a casi $ 26 billones en un año. Es el mayor saldo registrado en las aseguradoras analizadas. A esto se suman otros $ 17 billones que la entidad recibió como anticipos y que, según la Contraloría, todavía no han podido ser justificados contablemente. Esta EPS, que concentra a uno de cada cinco afiliados al sistema, es también la que más quejas recibió de los pacientes en 2025, con 518.211 PQRS, según un informe presentado por la Contraloría a comienzos de este año. Entre los casos recientes de inconformidad está el de Lucas Francesco Murillo García, un niño de 7 años que vive en Cúcuta y quien denunció no estar recibiendo la atención que necesita para su compleja cardiopatía. Tras pedir ayuda en redes sociales, el Gobierno priorizó su caso.Fachadas de puestos de atención de Nueva EPS en Bogotá. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @melgarejocesarnewLos proveedores de medicamentos también están esperando pagos. Entre 2024 y 2025, las deudas de las EPS con estos proveedores pasaron de $ 2,85 billones a $ 3,8 billones, un incremento del 33 por ciento. Y buena parte de ese saldo corresponde a facturas generadas durante el mismo 2025. Es decir, la deuda no solo arrastra obligaciones de años anteriores. “Esta situación interrumpe la cadena de suministro de medicamentos y tecnologías en salud, poniendo en riesgo la entrega oportuna de tratamientos esenciales a la población afiliada. Como consecuencia, se incrementan las barreras de acceso para los pacientes”, se lee en el informe.El Gobierno mantiene nueve EPS bajo intervención estatal y otras dos con medidas especiales. En medio de este proceso, la Superintendencia Nacional de Salud designó nuevos agentes interventores para algunas de estas entidades.Sin embargo, el balance del organismo de control muestra que la intervención no necesariamente se ha traducido en una recuperación. Varias de las entidades vigiladas empeoraron sus indicadores entre 2024 y 2025, mantuvieron gastos superiores a sus ingresos y continuaron con patrimonios negativos. “Los resultados demuestran que, pese al tiempo transcurrido desde la adopción de las medidas especiales de intervención, ninguna de las EPS intervenidas ha logrado recuperar su patrimonio ni aproximarse a los parámetros mínimos establecidos”, dice el informe.La Contraloría concluye que las medidas adoptadas durante el 2025 y el inicio de este año no han conseguido corregir las causas que originaron el deterioro y que, en algunos casos, la situación financiera incluso empeoró durante la intervención.Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.