Análisis Exclusivo suscriptores El sistema cierra este periodo con al menos $25,7 billones de deuda con hospitales y clínicas y 4.104 IPS cerradas entre 2021 y 2025.. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPOPERIODISTA DE MEDIOAMBIENTE Y SALUD04.08.2026 16:14 Actualizado: 04.08.2026 16:14
El Gobierno de Abelardo de La Espriella, y en especial su ministra designada, Ana María Vesga, recibirán un sistema de salud marcado por el deterioro financiero de varias EPS, el aumento de las barreras de acceso, una mayor judicialización de las necesidades de los pacientes y una red de prestadores debilitada. Tras cuatro años de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, los organismos de control han advertido sobre una crisis que, además de reflejarse en las cuentas de las aseguradoras, ya tiene efectos sobre hospitales, clínicas, pacientes y trabajadores del sector. LEA TAMBIÉN Ana María Vesga, pserá la ministra de Salud del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto:AcemiUno de los principales indicadores del deterioro está en las reclamaciones de los usuarios. Las peticiones, quejas, reclamos y denuncias ante la Superintendencia Nacional de Salud pasaron de 1,15 millones en 2022 a 1,3 millones en 2023 y 1,61 millones en 2024. Para 2025, la Defensoría del Pueblo proyectó más de dos millones de casos, un incremento de 74 por ciento en tres años.Las principales inconformidades están relacionadas con las demoras para acceder a citas médicas, las dificultades para obtener atención de especialistas y los problemas en la entrega de medicamentos. Las EPS intervenidas por el Gobierno concentraron buena parte de esas reclamaciones, con más de 1,27 millones de quejas durante 2025. Nueva EPS, la principal aseguradora del sistema por número de afiliados, registró más de 518.000 reportes.La judicialización también aumentó, aunque conviene precisar en qué magnitud. Las tutelas relacionadas con el derecho a la salud pasaron de 81.736 en 2020 a cerca de 314.700 en 2025, un incremento cercano al 285 por ciento en cinco años, según cifras de la Corte Constitucional. Ese ritmo de crecimiento es incluso mayor al que registró el total de tutelas presentadas en el país por todas las materias, que según el Consejo Superior de la Judicatura pasaron de 459.680 en 2020 a 1.202.436 en 2025, un aumento del 162 por ciento. LEA TAMBIÉN Actualmente, una de cada tres tutelas que se presentan en Colombia busca proteger el derecho a la salud y, según el Consejo Superior de la Judicatura, cerca del 78 por ciento de las tuteladas por este derecho en 2025 (297.150 de 378.895) terminaron con decisiones favorables a los pacientes. Para la Defensoría del Pueblo, este fenómeno evidencia que los ciudadanos están recurriendo a los jueces para obtener servicios que deberían garantizarse por los canales ordinarios. La entonces defensora Iris Marín advirtió que la salud no puede seguir dependiendo de la judicialización.Un sistema con una deuda crecienteEl deterioro también se evidencia en las cuentas de los prestadores. La deuda acumulada con hospitales y clínicas pasó de aproximadamente $16,8 billones en diciembre de 2023 a $25,7 billones al cierre de 2025. Más de $12,6 billones corresponden a EPS sometidas a medidas especiales de vigilancia o intervención.Nueva EPS concentra una parte significativa de esas obligaciones. La entidad registra pasivos totales por $22,5 billones y pérdidas acumuladas de $4,8 billones correspondientes a 2024, según los estados financieros oficiales presentados por la propia EPS.La situación de la aseguradora también ha sido objeto de advertencias de los organismos de control. En Nueva EPS se identificó un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y más de $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar. Además, la entidad no presentaba estados financieros certificados desde 2024, hasta hace algunas semanas cuando una medida judicial los obligó a revelar las cifras, aunque fueron solo las de 2024, cuando fue intervenida la aseguradora. LEA TAMBIÉN Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, eporó en casi todos sus indicadores. Foto:MAURICIO MORENOEl deterioro no se concentra únicamente en esta entidad. En Coosalud, por ejemplo, los pasivos aumentaron de $1,88 billones a más de $6,3 billones en un año. Famisanar y Savia Salud también registraron incrementos importantes en sus niveles de endeudamiento durante 2025.La Contraloría calificó el deterioro financiero de las EPS intervenidas como “crítico y sostenido” y señaló que las medidas adoptadas por la Superintendencia de Salud no habían conseguido estabilizar financieramente a estas entidades. El problema plantea uno de los mayores desafíos para la próxima administración: determinar cómo se sanea un sistema con obligaciones crecientes sin poner en riesgo la continuidad de la atención.La crisis ya golpea a hospitales y clínicasLas dificultades financieras de las EPS han terminado trasladándose a los prestadores. Entre 2021 y 2025 cerraron 4.104 IPS en Colombia, de acuerdo con un informe de Así Vamos en Salud. Bogotá concentró 580 de esos cierres, seguida por Antioquia, Atlántico y Santander.Los problemas continuaron durante 2026. En mayo se registraron nuevos episodios de crisis hospitalaria en Bogotá. Una seccional de la Liga Colombiana Contra el Cáncer suspendió temporalmente servicios por falta de pagos de las EPS, mientras las clínicas Medical y Juan N. Corpas redujeron servicios de alta complejidad y capacidad de UCI debido a problemas financieros y retrasos salariales. LEA TAMBIÉN Las tutelas por salud aumentaron cerca de 285 % en cinco años y llegaron a 314.700 en 2025. Foto:Néstor Gómez - EL TIEMPOLa red pública tampoco ha escapado a la crisis. Según la Contraloría, la deuda con los hospitales estatales pasó de $12,5 billones en 2024 a $16,28 billones entre enero y septiembre de 2025.Así, el problema que recibirá la próxima administración no se limita a las dificultades de algunas EPS. También involucra la capacidad de los hospitales y clínicas para mantener servicios, pagar a sus trabajadores, garantizar medicamentos y sostener unidades de alta complejidad.La reforma que no logró consolidarseEl deterioro del sistema se produjo mientras el Gobierno Petro intentaba modificar de fondo el modelo de salud. La primera reforma impulsada por el Ejecutivo fue archivada el 3 de abril de 2024.El Gobierno decidió entonces avanzar mediante decretos y resoluciones para transformar la prestación del servicio, modificar el flujo de los recursos y reducir el papel de las EPS como protagonistas del sistema. Algunas de esas medidas fueron frenadas por los organismos de control, entre ellas el traslado masivo de afiliados hacia EPS controladas por el Gobierno. LEA TAMBIÉN El Gobierno Petro no logró avanzar con su reforma. Foto:Néstor Gómez / EL TIEMPOOtras medidas, como la ampliación del giro directo de recursos a través de la Adres, continuaron vigentes. Posteriormente, una segunda propuesta de reforma fue archivada el 16 de diciembre de 2025, con ocho votos a favor y cinco en contra, en medio de cuestionamientos relacionados con la falta de aval fiscal y de acuerdos sobre su sostenibilidad financiera.El resultado deja un escenario particular para el siguiente Gobierno: deberá enfrentar buena parte de los problemas que motivaron la reforma, pero sin que exista una transformación legislativa integral aprobada por el Congreso.¿Qué recibe el próximo Gobierno?El balance deja una serie de desafíos inmediatos. El primero será sanear las finanzas del sistema, particularmente las obligaciones acumuladas por las EPS con hospitales y clínicas y la situación de las entidades intervenidas.El segundo será recuperar la capacidad de la red prestadora, después del cierre de miles de IPS y de los problemas registrados en instituciones que han tenido que reducir o suspender servicios.El tercero será reducir las barreras de acceso que explican el crecimiento de las quejas y tutelas. Las demoras en citas, la falta de especialistas y las dificultades para obtener medicamentos muestran que el problema financiero ya tiene una expresión directa en la atención de los pacientes.Otro desafío será definir el futuro de las EPS. La próxima administración tendrá que resolver si mantiene el modelo actual, modifica el papel de estas entidades o avanza hacia una transformación estructural. Esto deberá hacerse teniendo en cuenta las experiencias de las intervenciones realizadas durante el Gobierno Petro y las advertencias de los organismos de control sobre su deterioro financiero. LEA TAMBIÉN Finalmente, estará el reto de construir una reforma que tenga viabilidad política y financiera. Las dos iniciativas que intentó sacar adelante el Gobierno Petro no lograron consolidarse en el Congreso, por lo que el siguiente Ejecutivo deberá encontrar un punto de equilibrio entre cambios estructurales, sostenibilidad fiscal y capacidad de implementación.La fotografía que queda al cierre del Gobierno Petro es, por tanto, la de un sistema con más deudas, más reclamaciones, más tutelas, miles de IPS cerradas y EPS con graves problemas financieros. Para la próxima administración, el desafío será evitar que esa crisis siga trasladándose a los pacientes y recuperar la capacidad del sistema para garantizar atención oportuna y sostenible.EDWIN CAICEDOPeriodista de Medioambiente y Salud@CaicedoUcros Sigue toda la información de Salud en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
