S�nchez vive su momento de mayor desgaste y debilidad. La grave crisis de Ceuta, el impacto de los incendios, el 'tsunami' judicial que se avecina, la falta de Presupuestos y el decisivo ciclo electoral marcan la recta final de la legislatura.M�s de ocho a�os consecutivos de gobierno suelen pasar, de por s�, una abultada factura en t�rminos de desgaste pol�tico y social. Pero ese impacto es mucho mayor si el Ejecutivo, instalado en la debilidad parlamentaria desde su alumbramiento, convierte la permanencia en el poder en un fin en s� mismo a trav�s de una huida hacia adelante que se plasma en continuas y cada vez mayores cesiones al independentismo y a los socios minoritarios; en una estrategia de polarizaci�n y fractura con la oposici�n, a la que poco menos que se le quiere negar el derecho a la alternancia; o en un lento pero inexorable proceso de deterioro institucional, que alcanz� una especial y preocupante significaci�n con la pol�mica frase de Pedro S�nchez de gobernar "con o sin concurso del poder legislativo"; esto es, a espaldas del Congreso.Si a esto se a�aden las m�ltiples crisis de origen ex�geno y end�geno que ha sufrido el pa�s en los �ltimos a�os (Covid, guerra en Ucrania, conflicto en Oriente Pr�ximo...), y las sobrevenidas en los �ltimos meses (incendios estivales cada vez m�s devastadores, una crisis en Ceuta sin precedentes...), cuya controvertida gesti�n ha profundizado en la erosi�n de las costuras pol�ticas y sociales, o la bater�a de esc�ndalos y corrupci�n que acorralan a S�nchez en lo personal, lo pol�tico y lo institucional, y cuyos tent�culos se extienden cada vez m�s, el resultado es un polvor�n. O, si se prefiere, el inicio m�s tenso, crispado e incierto que se recuerda de un nuevo curso pol�tico y econ�mico. Un periodo crucial para el futuro de Espa�a teniendo en cuenta que en mayo de 2027 se celebrar�n elecciones municipales y auton�micas y, antes de finales de agosto, salvo adelanto, los comicios generales que S�nchez se ha empe�ado en retrasar a pesar de su minor�a parlamentaria o de la continuada falta de Presupuestos.Ceuta, mucho m�s que una crisis migratoriaLo que el Gobierno insiste en delimitar como una grave crisis migratoria ha sido, desde el principio, mucho m�s que eso ante la irrupci�n masiva e ilegal en Ceuta de unas 80.000 personas procedentes de Marruecos, con al menos la anuencia de sus autoridades. Una invasi�n en toda regla y una "violaci�n de la integridad territorial" de Espa�a, como denunci� el propio presidente del Gobierno, Pedro S�nchez (aunque culp� de ello a las mafias), a cuyas palabras no sigui� despu�s una estrategia coherente, sino la clamorosa ausencia del propio jefe del Ejecutivo, al que se critic� que no interrumpiera sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote), sustituyendo su presencia por el desfile de varios de sus ministros por la ciudad aut�noma sin ofrecer una respuesta eficaz a la crisis. De hecho, casi un mes despu�s de la invasi�n, a�n permanecen en Ceuta unos 8.000 migrantes ilegales (unos 6.000 adultos y alrededor de 2.000 menores), generando graves problemas de tensi�n social, sobrecarga sanitaria y un creciente temor al estallido de un crisis social y de salud p�blica.En el foco de la UE. Todo ello entre fuertes presiones de la UE para que ni uno solo de esos migrantes irregulares d� el salto a la pen�nsula, aunque el Gobierno, criticado con dureza en Europa por sus pol�mica regularizaci�n masiva, trabaja ya en el traslado de varios cientos de menores que deber�n ser acogidos por las comunidades aut�nomas, y entre airadas reclamaciones de Marruecos sobre su inexistente "derecho hist�rico y geogr�fico" sobre Ceuta y Melilla. Mientras, el Ejecutivo espa�ol insiste en responder con sorprendente tibieza a lo que muchos consideran provocaciones del Reino Alau�, al que sigue defendiendo como un socio "fiable". El nuevo curso arrancar� con esta crisis en plena efervescencia y en un contexto en el que ya no es solo la oposici�n la que ha denunciado la pasividad, o incluso el abandono, de Ceuta por parte del Gobierno central, sino que tambi�n se ha producido un creciente clamor entre las propias filas socialistas. No fue hasta el pasado martes, 25 de agosto, casi un mes despu�s del estallido de la crisis, cuando S�nchez puso fin a su descanso estival, convoc� el Consejo de Seguridad Nacional para abordar la dram�tica situaci�n de la ciudad aut�noma y decret� el mando �nico, algo que Ceuta le llevaba pidiendo desde hace semanas.Y no ser� hasta este jueves d�a 3 cuando comparezca en el Congreso para dar explicaciones, aunque su intenci�n era hacerlo el d�a 9, algo que la oposici�n e incluso algunos de sus socios consideraron demasiado tarde, forzando su adelanto. Mientras, varios de sus ministros, que dieron plant�n al Senado menospreciando su labor representativa e institucional, comparecieron ante el Congreso la semana pasada, dejando constancia de la fuerte divisi�n que existe en el seno del Ejecutivo. De hecho, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dej� en evidencia al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al asegurar que el CNI s� advirti� de la amenaza que se cern�a sobre Ceuta, algo que Marlaska sigui� negando. Es, sin duda, la mayor patata caliente a la que se enfrenta el Ejecutivo en su accidentada reentr�. Pero no la �nica.El drama de la Espa�a carbonizadaPese a la traum�tica experiencia de a�os anteriores, la clase dirigente sigue tropezando una y otra vez en la misma piedra: la falta de prevenci�n y de coordinaci�n entre Administraciones, entre Estado y territorios, para evitar que, cada verano, los incendios carbonicen media Espa�a, en el marco de una tendencia que es cada vez m�s devastadora. Solo entre enero y el 19 de agosto se calcinaron en Espa�a cerca de 300.000 hect�reas, m�s del 48% de la superficie quemada en toda la UE (que hasta esas fechas sumaba 616.000 hect�reas), erigi�ndose en el segundo pa�s del bloque con m�s incendios hasta ese momento, solo por detr�s de Italia. A pesar de ello, las labores de extinci�n de los incendios se vieron acompa�adas, y enturbiadas, una vez m�s por su uso como munici�n pol�tica, con un cruce constante de cr�ticas, dardos y acusaciones entre la Administraci�n central y los gobiernos auton�micos. El balance estival para el medio rural espa�ol y muchas poblaciones pr�ximas es desolador, lo que, sin duda, deber�a tener implicaciones pol�ticas, aunque la grave crisis de Ceuta haya acabado relegando los incendios a un segundo plano.'Tsunami' judicial en el horizonteAunque el curso anterior concluy� con dos fuertes reveses judiciales para el PSOE y el entorno de Pedro S�nchez, con la condena de Jos� Luis �balos a 24 de a�os de c�rcel por parte del Tribunal Supremo por el caso mascarillas, y la inhabilitaci�n durante nueve a�os para cargo p�blico del hermano del presidente, David S�nchez, por la Audiencia Provincial de Badajoz, lo peor del tsunami judicial que se cierne sobre el sanchismo est� a�n por llegar, alimentando esa creciente atm�sfera de fin de etapa. Y es que en el horizonte se perfilan todav�a seis grandes procesos: la trama sobre las supuestas "cloacas" del PSOE, donde, adem�s de la presunta 'fontanera' Leire D�ez, figuran nombres como el de Santos Cerd�n o el del expresidente de la Sepi Vicente Fern�ndez; el juicio a Bego�a G�mez ante un jurado popular, que arrancar� en septiembre, por los presuntos delitos de tr�fico de influencias y malversaci�n, o el caso Plus Ultra, que afecta de lleno al expresidente del Gobierno Jos� Luis Rodr�guez Zapatero. A ellos se a�aden otros tres casos que, en realidad, son ramificaciones del caso Koldo y que afectan a la financiaci�n del PSOE, a los presuntos ama�os de contratos de obras p�blicas, y a los coletazos del caso mascarillas. Una apretada e intensa agenda judicial que pende como una gran espada de Damocles sobre el sanchismo.Presupuestos, quita de deuda y financiaci�n auton�micaAcorralado por los procesos judiciales y con los apoyos parlamentarios m�s en el aire que nunca, entre los pocos cartuchos que le quedan a Pedro S�nchez para intentar sostener el respaldo de sus socios en lo que resta de legislatura est�n la prometida condonaci�n de deuda auton�mica y avanzar en la reforma de la financiaci�n auton�mica, un traje dise�ado a la medida de Catalu�a pero con el que el Ejecutivo busca tambi�n seducir a otras CCAA prometiendo 21.000 millones de euros adicionales a las autonom�as del r�gimen com�n (Pa�s Vasco y Navarra tiene su propio concierto econ�mico).S�nchez gobierna con los Presupuestos de 2023 prorrogados y en 2024, 2025 y 2026 ni siquiera present� borrador de las Cuentas P�blicas, incumpliendo as� sistem�ticamente su obligaci�n constitucional. Ahora, insiste en que s� presentar� proyecto presupuestario para 2027 (tambi�n reiter� lo mismo en 2026, pero finalmente incumpli�) y que lo har� con la voluntad de aprobarlo. Pero una cosa son los deseos y otra muy distinta la realidad, y lo cierto es que Juntsya tumb� a mediados de julio la senda de d�ficit, primer paso para la confecci�n de las Cuentas, a pesar de que el Gobierno puso sobre la mesa un gasto r�cord de 226.032 millones de euros. Si los neoconvergentes insisten en su rechazo, los PGE volver�an a estar condenados al naufragio.La amnist�a de PuigemontJunto a la quita de deuda auton�mica (m�s de 83.000 millones de euros, que ir�an a engrosar el pasivo de las arcas del Estado) y la reforma del sistema de financiaci�n (la pr�xima reuni�n del Consejo de Pol�tica Fiscal y Financiera est� previsto para el pr�ximo 4 de septiembre), otra de las principales bazas del Gobierno para intentar vencer las reticencias de Junts y sacar as� adelante unos nuevos Presupuestos que necesita como agua de mayo es la previsible aplicaci�n de la amnist�a a Carles Puigdemont. El l�der de Junts en la distancia y hasta la fecha pr�fugo de la Justicia, ha visto la puerta abierta a su perd�n y a su posible retorno a Catalu�a tras el aval del Tribunal de Justicia de la UE a la controvertida ley de amnist�a del Gobierno.El pospuesto decreto sobre viviendaAnte la falta inicial de acuerdo con sus socios para sacarlo adelante en julio, el Gobierno aplaz� hasta septiembre el intento de aprobaci�n de su nuevo decreto de vivienda, que a�ade nuevas y mayores dosis de intervencionismo en el mercado. De un lado, plantea una pr�rroga obligatoria de hasta dos a�os en los alquileres para aquellos inquilinos cuyos contratos vencen de aqu� al 30 de junio de 2028. Y de otro, contempla incrementar hasta el 21% el IVA de los pisos tur�sticos, hasta ahora exentos salvo en aquellos casos en los que hay servicios de limpieza, que pagan el 10%.A ello se a�ade un claro endurecimiento del r�gimen sancionador en lo que ata�e a la publicidad de los pisos tur�sticos en plataformas digitales, con lo que se persigue desincentivar este tipo de alquiler. Antes del verano, Junts ya mostr� su rechazo al texto por no incluir medidas de protecci�n para los peque�os propietarios, mientras que Podemos exigi�, para respaldarlo, retirar del decreto la reforma de la ley del suelo.Registro horario, SMI, reducci�n de jornada...Con el nuevo ciclo electoral la las puertas, los miembros del Gobierno de coalici�n, PSOE y Sumar, tienen sus propios objetivos y prioridades ante la pelea que se avecina por el favor del votante de izquierdas. Entre las cuestiones de peso que a�n est�n en el tintero para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda D�az, figuran la nueva revalorizaci�n del SMI para 2027 (aunque compartida con los socialistas); el hasta ahora infructuoso prop�sito de endurecer el control telem�tico del registro horario, sobre el que el ala socialista del Ejecutivo no oculta sus reservas, o la tambi�n frustrada pugna por la reducci�n de jornada hasta las 37,5 horas semanales, uno de los principales puntos de su pacto de Gobierno pero con muy pocos visos de prosperar.A ello se a�ade el Estatuto del Becario, ahora atascado en el Congreso en la fase de ampliaci�n de enmiendas, o la pol�mica iniciativa para que los representantes de los trabajadores tengan presencia en los consejos de administraci�n de las empresas. PSOE y Sumar (tambi�n Podemos) pescan en el mismo caladero de votos y cuando la campanas electorales tocan a rebato, los aliados se convierten en rivales en las urnas.Una agenda electoral intensa y decisivaY la agenda electoral que se perfila en 2027 es muy intensa y decisiva para determinar cu�l ser� el rumbo futuro del pa�s. La primera gran prueba de fuego ser�n los comicios municipales y auton�micos que se celebrar�n el 23 de mayo. Aunque Extremadura y Arag�n se salieron meses atr�s del calendario habitual al anticipar sus elecciones (las extreme�as se celebraron en diciembre de 2025 y las aragonesas en marzo pasado), buena parte del futuro del poder territorial se dirimir� a mediados del a�o que viene, cuando una docena de comunidades (incluidas las dos ciudades aut�nomas, Ceuta y Melilla) convocar�n a sus ciudadanos a las urnas: Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias, Murcia, Navarra, Asturias, Cantabria y La Rioja. En 2023, el PP se hizo con la mayor�a del control del poder territorial y las elecciones recientes (a las que en mayo pasado se sumaron las celebradas en Andaluc�a) han evidenciado el deterioro y la deriva de las opciones de izquierdas en beneficio del bloque de las derechas. Eso s�, un bloque conservador pujante pero a su vez claramente fragmentado ante el empuje electoral de Vox, que ha limitado el avance del PP y ha condenado a entenderse a los de Feij�o y Abascal en esas tres autonom�as, pactos que pueden marcar la pauta de que lo que puede estar por venir en otras comunidades a partir de mayo de 2027.Las generales, la gran citaLos comicios territoriales ser�an la antesala del plato fuerte electoral de 2027: las elecciones generales. Si se tiene en cuenta que las anteriores se celebraron el 23 de julio de 2023 y que la actual legislatura arranc� poco despu�s, el 17 de agosto de ese mismo a�o, la futura cita de los espa�oles con las urnas no podr�a demorarse m�s all� de mediados de agosto del a�o que viene... siempre que Pedro S�nchez no decida anticiparlas. En principio, el presidente del Gobierno ha negado en reiteradas ocasiones la posibilidad de un superdomingo electoral; esto es, hacer coincidir las generales con las municipales y auton�micas, aunque nunca se puede descartar un cambio de opini�n.Otras muchas iniciativas pendientesHasta entonces, el barco sanchista, con v�as de agua por todas partes y que afronta un oto�o tan t�rrido como tormentoso, intentar� llegar a esas citas en la mejor posici�n posible, lo que no se antoja nada f�cil, y menos con el viacrucis judicial que tiene por delante. En este escenario, son muchas las iniciativas que podr�an quedarse en el caj�n de la legislatura, como la ley de Medicamentos, la reforma Antitabaco, el proyecto de Ley de Familias, o la norma para la protecci�n de menores en entornos digitales. Y est� por ver que prosperen pactos sellados entre el PSOE y Sumar como la reforma del C�digo Penal para derogar los delitos de injurias a la Corona y de ofensa a los sentimientos religiosos, o la derogaci�n de la llamada Ley Mordaza.El tiempo corre y las cuestiones pendientes son muchas. De hecho, se cuentan por decenas los proyectos de ley que se encuentran en el dique seco o en fase de enmiendas desde hace meses. Junto a las iniciativas ya mencionadas, est�n pendientes medidas tan relevantes como la Ley de Industria y Autonom�a Estrat�gica, un proyecto de ley sobre las retribuciones del sector p�blico, u otro sobre la mejora de la protecci�n al desempleo.... y as� un largo etc�tera.Nadie duda de que S�nchez utilizar� toda las armas a su alcance para intentar apuntalar su precaria situaci�n y recuperar la iniciativa pol�tica. El temor de los analistas pol�ticos es que eso suponga tensar a�n m�s las ya de por s� tirantes costuras institucionales en un escenario en el que la polarizaci�n, la crispaci�n y la confrontaci�n han ido in crescendo en el �mbito pol�tico, contagi�ndose al social.