Hay poco ánimo de celebración dentro de la nueva Suprema Corte, que llega a su primer cumpleaños con el Pleno convertido en un polvorín. Nadie habla del fin de la corrupción o los privilegios, ni tampoco de la celeridad en la impartición de justicia, las promesas con las que los ministros salidos de las urnas desembarcaron en el Alto Tribunal. A escasos 12 meses desde su llegada, y todavía con otros 12 por delante hasta que la sucesión, en principio, tenga lugar, la pugna por la presidencia ha eclipsado cualquier intento de conducir la conversación hacia otros derroteros. Poco ayudan a la imagen del Supremo las declaraciones políticas, las metidas de pata jurídicas o el afán de protagonismo de algunos togados, que contrastan con el rezago de un pleno desbordado, aun estando a pleno rendimiento. La dilación en la resolución de los grandes temas pendientes, como la doble tributación, la prisión preventiva oficiosa o la muerte digna, completa el paisaje. Después de 365 días, la Corte no ha logrado sacudirse el estigma de ser un tribunal improductivo y volcado a la defensa de los intereses de Morena, el partido en el poder. Las críticas lo rodean desde el gremio jurídico y con especial alarma también desde los empresarios.La joya de la corona de la justicia mexicana tiene un puesto con el que la mayoría sueña: la presidencia de la Corte. Quién va a ser el próximo en ocupar el cargo se ha convertido ahora en el mayor punto de fricción, en una crisis que ha estallado mucho antes de lo que esperaban, según reconocen fuentes internas. La reforma judicial original propuso un método rotatorio cada dos años en función de los votos obtenidos en las urnas. Ese modelo convive con el anterior, que nunca fue eliminado de la Constitución, y que establece que el pleno es quien debe elegir cada cuatro años a su presidente. Deliberadamente, ninguna de las propuestas de reforma actuales del oficialismo solventa la cuestión, que se ha convertido en una bomba de tiempo dentro del tribunal. La disputa se ha acrecentado por el perfil de quien debería, según el primer mecanismo, tomar las riendas del Supremo el próximo septiembre: Lenia Batres, quien se hace llamar “la ministra del pueblo”, una réplica de las expresiones de Morena. La juzgadora, que apareció en los acordeones o guías de votación del oficialismo, ha aumentado la hostilidad hacia sus compañeros, a los ha llegado a acusar públicamente de tener una “animadversión insana” hacia ella, y está hoy más aislada que nunca. “Ya solo cuenta con el apoyo de Sara Irene Herrerías”, señalan desde una ponencia. Otras fuentes apuntan que también ha perdido su respaldo: “Antes lo dejaban pasar. Ahora están todos enojadísimos”. Las fuentes consultadas coinciden en señalar que el principal problema es la falta de noción de colegialidad de la ministra, que trata de imponerse a las mayorías o convierte en trifulcas personales las diferencias de criterio. Un estudio elaborado por la organización México Igualitario refrenda el escenario polarizado: “La red es altamente cohesionada, con un núcleo de ocho integrantes fuertemente interconectados, una figura puente (Sara Herrerías) y un actor periférico (Lenia Batres)”. Al estudiar las resoluciones de más de 120 asuntos, este informe (“Observatorio Judicial: el comportamiento de la nueva SCJN”) pone en cifras la sensación general: las figuras que más discrepan dentro de la Corte son Yasmín Esquivel y Lenita Batres (en el 30% de los casos), y las que menos, Arístides Guerrero y Loretta Ortiz (que votan igual el 98% de las veces).Esa pelea con Batres que, en un principio, ocurría a puerta cerrada y a gritos, se ha trasladado a las sesiones públicas, donde la tensión es ya más que palpable. “La Corte es una institución muy añeja. El INE o el antiguo IFAI habían caído por diferencias internas, pero los usos y costumbres tan protocolarios del tribunal hacían que, incluso con enemistades profundas, los integrantes no se faltaran al respeto en la Corte. Ahora van sin reglas”, apunta una fuente cercana al Gabinete de Sheinbaum: “Y ese ambiente terrible también está haciendo daño a la percepción de la justicia: están dando la razón a los que criticaron la reforma”.El presidente, Hugo Aguilar, ha tratado, al menos en público, de contener las diferencias, pero su falta de firmeza no ha funcionado para aplacar la tensión. Yasmín Esquivel —que ha pasado de ser señalada por los plagios de sus tesis a defender el orden en la Corte— ha adoptado un perfil más combativo y se configura como la alternativa más fuerte. Así, mientras la potencial próxima presidenta defiende a capa y espada el mecanismo que le daría la dirigencia, su falta de disposición al consenso y sus afrentas públicas alejan a marchas forzadas esa posibilidad: dentro de la Corte pocos le apuestan hoy sus cartas a Batres. La ministra es también quien más recelos despierta en el sector empresarial, que de por sí estaba nervioso desde que se aprobó la reforma judicial. Con el fin de limar asperezas y suavizar las relaciones, el Alto Tribunal prepara una serie de foros y encuentros con representantes de algunos ámbitos destacados, como el farmacéutico o el bancario. El éxito del nuevo Poder Judicial se medirá, en parte, por su capacidad para convencer a esos grupos de la solvencia técnica de sus decisiones judiciales.Algunos de los asuntos pendientes de resolución les tocan de lleno, como la demanda multimillonaria de un abogado contra Google o la potencial doble tributación de las maquiladoras, que se arrastra de la anterior integración y que ha excedido los seis meses de margen fijados por la normativa fiscal. Esta demora, a la espera de que el Alto Tribunal resuelva una contradicción de criterios que no tiene plazo y que desbloquearía todo, mantiene en vilo al menos 30 juicios clave contra el SAT, que atribuye pérdidas de 44.000 millones de pesos en la recaudación dentro del periodo señalado, según recoge el propio tribunal.Ninguno de esos temas han sido llevados al pleno, a pesar de que al menos uno tenía plazo de vencimiento. La situación se repite en temas sensibles pero cruciales socialmente, como la prisión preventiva oficiosa o la posibilidad de invalidar normas sobre discapacidad por no haber consultado previamente a las personas afectadas. Este último caso, por ejemplo, fue llevado a sesión y retirado más tarde por la polémica que estaba generando fuera. Este agosto se han resuelto algunos expedientes relativos a la cuestión, pero nunca el central. La extremada inclinación de Hugo Aguilar hacia el consenso y el miedo a que la polémica se desborde en unas redes que escrutan al milímetro la acción del tribunal está dejando fuera de discusión los expedientes más importantes, que son sistemáticamente retirados o directamente no listados, coinciden todas las fuentes consultadas. La principal promesa de la reforma era “acercar la justicia al pueblo”, por eso, los ministros, magistrados y jueces iban a ser elegidos por voto popular. Este mecanismo ha propiciado el perfil individualista de los juzgadores, que comparten ahora una necesidad de figurar mediáticamente. “Actúan como políticos”, apunta una fuente, que considera que los nuevos ministros no han tenido “la madurez” de entender “el papel que juega la Corte y lo que tienen que hacer ahí”. “No hay mejora en este año, no hay curva de aprendizaje, porque los ministros creen que lo están haciendo bien”, señala una persona cercana al Gabinete. Al ser una Corte integrada exactamente por los nombres que Morena eligió en los acordeones, la presidenta, Claudia Sheinbaum, apenas se ha metido en su funcionamiento. La mandataria sí dio un toque a los ministros con respecto a la compra de camionetas blindadas, también cuando Batres y Aguilar intentaron reabrir los casos ya juzgados, o, la última vez, por un malentendido sobre el seguro de gastos médicos. Más allá de eso, la nueva Corte ha dejado de ser, como fue con López Obrador, la piñata del poder ejecutivo. La nueva Corte, en cifrasDesde el pasado septiembre hasta este julio, la nueva Suprema Corte ha resuelto 2.371 asuntos en sesiones del Pleno, según la información pública del propio tribunal. Su mes inicial fue, como era de esperar, el más lento, con solo 98 asuntos resueltos que llegaron hasta el máximo de 290 este enero. Los ministros resuelven más o menos por igual, desde el 8% de Hugo Aguilar (que como presidente de la Corte conjuga los asuntos con la coordinación) al 11% de Lenia Batres o el 13% de Yasmín Esquivel. Lo que más resuelven son amparos directos en revisión y una quinta parte de los temas son relativos a contribuciones, es decir, fiscales. La eliminación en la reforma judicial de las dos salas ha sobrecargado de trabajo a unos juzgadores no dan abasto. A pesar de que este pleno —que sesiona más días y más horas— resuelve muchos más casos que el anterior, no logra, sin embargo, igualar la velocidad que garantizaba tener a las salas resolviendo simultáneamente, cada una en su especialización. Así, por ejemplo, la anterior integración de la Corte, en el mismo período (de septiembre a julio), resolvió 3.534 asuntos en sesión cuando estuvo completa entre 2023 y 2024, y 2.860 sin uno de los ministros y en proceso de demolición entre 2024 y 2025. Es decir, uno de los años fueron 1.200 asuntos más y otro, 500 más.Las posiciones, nuevamente, están divididas. La ministra Esquivel se ha pronunciado públicamente a favor del regreso de las salas, como está contemplado, bajo el nombre de “secciones”, en la nueva propuesta de reforma. En contraste, el presidente Aguilar sigue inclinándose a favor de la legitimidad que dan las decisiones colegiadas debatidas por todos, aunque sea a costa de perder celeridad. Además de la cantidad de asuntos, las organizaciones Disentir y Ojo en la Justicia Observatorio Ciudadano, que han seguido con minuciosidad las labores de la Corte, señalan como “preocupante” que “el Pleno direccione sus esfuerzos a resolver litigios cuyas problemáticas ya se han superado a través de precedentes sólidos, o que, peor aún, se encuentren pendientes de resolución proyectos trascendentales —como la AI 182/2024 [relativa a los derechos de las personas con discapacidad]— mientras se dedican a duplicar debates idénticos”. En contraste, las organizaciones resaltan la voluntad de otorgar información cualitativa y de explicar a la ciudadanía las resoluciones en un “lenguaje sencillo”, que deben completar, dicen, con los datos estadísticos faltantes. La nueva Corte ha estado, puntualizan finalmente, “centrada en la resolución de cuestiones procesales, sin que aún se aprecien grandes giros en decisiones sustantivas en materia de derechos humanos”. Eso puede cambiar ahora. Además del gran caso fiscal contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, la Corte ha dado un paso fundamental al atraer el asunto sobre la constitucionalidad de la muerte digna. La discusión de este tema es una oportunidad histórica, señalan las organizaciones civiles, para avanzar realmente en derechos sociales. Serán casos como este los que terminen por definir el impacto del nuevo Constitucional, más allá de sus tensiones internas o sus pulsos políticos.