-Mi casa es muy pequeña. Yo no tengo residencia oficial. La fuente del PP que atribuye esa frase a una Isabel Díaz Ayuso recién llegada al poder (2019) lo hace para enfatizar una idea: la presidenta, que acaba de mudarse a un piso en Puerta de Hierro y no logra cerrar la crisis abierta porque su gobierno comprara un ático de 6,3 millones sin propósito claro, lleva desde hace un lustro acumulando polémicas alrededor de dónde vive. En ese tiempo, su sueldo (103.090 euros brutos) y su lugar de residencia han evolucionado al mismo ritmo que su poder. En paralelo, la presidenta ha acaparado portadas sobre sus viviendas mientras emanciparse o cambiar de casa se convertían en una odisea para los madrileños. Ahora, con las elecciones autonómicas de 2027 en el horizonte, la polémica del ático la coloca en una posición estratégica complicada: al alimentar el discurso antiélites de Vox puede poner en peligro la mayoría absoluta de la que disfruta en estos momentos, opina el politólogo Pablo Simón.“Este escándalo le va a afectar, genera un desgaste general de su imagen, que además es transversal, a izquierda y a derecha, y que tiene que ver con que efectivamente hay un vínculo entre comprar un ático que parece para su uso personal y una fuerte pulsión antipolítica y antielitista que es transversal al electorado”, sostiene este analista. “Para mí lo más relevante es que este desgaste transversal puede terminar generando que una parte de su electorado se desmovilice o se vaya a Vox”, recalca. “Esto, a efectos prácticos, tiene un impacto muy importante en el contexto de Madrid: si Ayuso se desliza un punto o un punto y medio por debajo de lo que obtuvo en las pasadas elecciones, pierde la mayoría absoluta. Y eso le hace depender necesariamente de Vox y ser una baronesa más, y que ya no sea la más poderosa de todos los barones a efectos electorales”. Así lo ve un dirigente de la dirección nacional de Vox. “Sobre si la crisis del ático puede reforzar a Vox electoralmente: podría hacerlo, pero no de forma automática ni rápida”, dice bajo anonimato un político que tiene la confianza de Santiago Abascal. “El error sería convertir septiembre en ‘el mes del ático’, y el debate del estado de la región en el debate del estado del ático”, razona. “Eso permitiría a Ayuso presentarse como víctima, que es a donde lleva todo su discurso siempre: ‘La izquierda contra mí, Vox contra mí, mi propio partido contra mí…, todos contra mí”, ejemplifica. Y remata: “Esto del ático debería ser un asunto recurrente a medida que vayamos sabiendo —de verdad— lo que había detrás de esta operación. No queremos explotar un ático, lo que queremos es que expliquen por qué se gastaron 6,3 millones de euros públicos de los madrileños en comprarlo”. Desde finales de 2025, Vox intenta crecer electoralmente en la región enfrentando al Madrid de los barrios contra el Madrid de los espectáculos. Para ello organizó la campaña de Madrid en Pie, una gira regional de mítines y encuentros con los que buscaba captar votos en barrios y ciudades tradicionalmente de izquierdas contraponiendo las necesidades en vivienda y servicios con la región espectáculo que creen que está construyendo Ayuso a base de grandes eventos (F1, NFL...). Un “Madrid global”; ”cosmopaleto”; “el patio trasero de los multimillonarios de medio mundo”, dicen los portavoces de la extrema derecha. Una suerte de Miami europeo. Un Madrid tan elitista, podrían decir ahora sus portavoces, que el Gobierno regional se gasta más de seis millones en un ático de lujo, o premia a los expresidentes Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes con un puesto consultivo por el que optarán a cobrar hasta 33.000 euros anuales, como reveló este diario.En ese contexto, el mal comportamiento de los políticos destaca como uno de los cinco principales problemas de los españoles, según el CIS de julio. Hasta el 6,2% de los entrevistados lo sitúan como el número uno, lo que lo deja en quinta posición de la lista global. Y es una preocupación transversal, que afecta a votantes de todos los partidos.No obstante, incluso los más críticos con Ayuso en el PP piensan que aún tiene tiempo de recuperarse de cara a los electores porque el caso ha estallado en pleno verano: “Muchos votantes nuestros no se han enterado de nada, estaban de fiesta y en la playa”, dicen. Eso no implica que el escándalo haya desaparecido en septiembre, cuando acabe el asueto veraniego. Todo lo contrario. La oposición está lista para ir al choque. Y entre las armas de las que se pertrecha está una hemeroteca cargada de declaraciones de la presidenta sobre sus residencias. En julio de 2011, mientras se fraguaba su debut como diputada en la Asamblea, una preocupación consumía a Díaz Ayuso. En junio, MC Infortécnica, cuya matriz controlaba al 25% su padre, había obtenido un aval de 400.000 euros de la empresa semipública Avalmadrid garantizado con una nave de su progenitor y el patrimonio de todos los socios. Tras su concesión, la política contactó con directivos del ente para informarse de la operación: “Mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir (...)”, escribió en un correo. Finalmente, en octubre, antes de que hubiera que hacer frente a la primera cuota del préstamo —que no se devolvió— Díaz Ayuso aceptó la donación del piso familiar, que así quedó fuera del alcance de posibles acreedores.Casi un decenio después, y ya en la primera línea política, Ayuso se quejó por vivir en un piso de 50 metros cuadrados en Malasaña: “Se nos queda pequeño (...) Cuando sea presidenta evidentemente necesitaré una casa de mayor tamaño, con un estudio donde trabajar y armarios más grandes, porque te cambias muchas veces de ropa al día”, dijo. Luego vivió parte de la pandemia en un apartahotel de lujo: “Si vivo con mi pareja, malo; si me pago un hotel con mi dinero para gestionar la pandemia, malo”, afeó a las voces críticas.Más tarde planteó la opción de comprar una residencia oficial de la Comunidad: “A lo mejor lo que tendría que empezar a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid, es sufragar una vivienda oficial para el presidente”, dijo en la Asamblea. También se descubrió que había pasado un fin de semana en una espectacular finca de Rascafría adquirida por la administración por 4,3 millones: “Es un uso permitido. Muy austero”, defendió el Gobierno. Y corrieron ríos de tinta sobre la vivienda que compartía, antes de su última mudanza, con Alberto González Amador, investigado por la presunta comisión de un delito de fraude fiscal. “Yo no tengo vivienda alguna”, espetó al respecto. ExpresidentesAsí se ha llegado hasta la polémica del ático. “No iba a ser una residencia”, defiende sobre el apartamento un estrecho colaborador de la presidenta, que cuando abandone el cargo tendrá derecho a “hacer uso de las dependencias que la Administración de la Comunidad de Madrid ponga puntualmente a su disposición, para la realización de reuniones y actos de naturaleza institucional”, según el estatuto de expresidentes que ella misma aprobó en 2025. “No voy a necesitar una residencia oficial a 10 meses de las elecciones”, dijo ella misma este agosto, intentando cerrar la crisis. La frase, sin embargo, quedó flotando en el aire y dejó varias incógnitas. Por ejemplo: ¿Y después de las elecciones de la próxima primavera? ¿Entonces sí sería necesaria esa residencia?