0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialEl Parlament de Catalunya arranca la próxima semana el nuevo curso político y lo hace con una decena de leyes encima de la mesa que están prácticamente listas para ser aprobadas antes de finalizar el año. Desde que arrancó la legislatura, la Cámara catalana ha validado 26 normas. Con la puesta en marcha del nuevo periodo de sesiones, los 135 parlamentarios catalanes retoman la tramitación de 75 iniciativas legislativas pendientes, con esas diez en una fase muy avanzada.Aunque el primer pleno no tendrá lugar hasta finales de septiembre –y será el debate de política general–, las diferentes comisiones legislativas ya se vuelven a activar y también las negociaciones entre los grupos.Hay dos proposiciones de ley que podían haber llegado a su debate final en el último pleno del mes de julio, pero la presentación de solicitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha dilatado los tempos. Una de ellas es la norma relativa a las cámaras de comercio, impulsada conjuntamente por el PSC, Junts, Esquerra Republicana y el PP y cuyo redactado fue elaborado por las 13 cámaras catalanas. Comuns y la CUP plantearon sus dudas al órgano consultivo, que avaló en su integridad la propuesta. Eso permite que el debate final de la norma se pueda celebrar en el primer pleno de octubre, habida cuenta de que está ampliamente consensuada –tiene el respaldo de, al menos, 112 diputados– y de que el texto no se modificará. En la norma se incluye el esquema de las sillas de plata, es decir, unas vocalías reservadas para las empresas que más dinero aportan a las cámaras.La otra proposición que podría ir a una votación final es la propuesta de Comuns para la limitación de las compras especulativas de vivienda. No obstante, en este caso el CGE advirtió de su inconstitucionalidad y alertó de la práctica totalidad de sus preceptos. Por ello, los ecosocialistas quieren renegociarla con el PSC, ERC y la CUP. El Govern ya ha anunciado que propondrá un nuevo redactado a estas formaciones para tratar de salvar todas las objeciones que expuso el órgano consultivo. Se prevé una negociación larga durante todo el mes de septiembre.La negociación más compleja será para reformar la propuesta que busca limitar la compra de viviendaAún en el bloque de las proposiciones de ley –es decir, aquellas propuestas legislativas que registran los grupos parlamentarios–, otra de las iniciativas que se puede someter a la consideración final del pleno es la que actualiza la legislación referente a los términos empleados para aludir a las personas con discapacidad. Se trata de una ley firmada por todos los grupos, a excepción de Vox y Aliança Catalana. En el último pleno se acordó tramitarla por lectura única, por lo que también podría entrar en el orden del día del primer pleno ordinario de octubre.A la lista se suman cuatro proposiciones que están en los últimos prolegómenos del informe que elabora la ponencia. La primera modifica la ley para erradicar la violencia machista –del PSC y ERC–, una segunda para legislar sobre la renta garantizada de ciudadanía (de socialistas y Comuns), una tercera sobre la atención paliativa pediátrica integral presentada por Junts y una última de medidas transitorias y urgentes para eliminar el sinhogarismo, impulsada por el PSC, Junts, ERC, PP, Comuns y la CUP. Esta última se arrastra desde hace tiempo y todo apunta a que, ahora sí, pronto llegará a buen puerto.Luego están los proyectos de ley, que son los que plantea el Govern. De los 14 que están en tramitación, hay dos cuyo informe de las ponencias está casi cerrado. El más avanzado es el de memoria democrática, cuyo texto establece un plazo de dos años para la retirada de los símbolos franquistas del espacio público, sanciona daños a las fosas y al enaltecimiento de la dictadura de Franco. Y la otra norma es la referente al patrimonio cultural inmaterial, que se ha ­fusionado con una proposición de JxCat sobre esta misma cuestión.Lo que ya es seguro que se aprobará en las próximas semanas es la reforma del reglamento del Parlament que el PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP pac­taron antes de las vacaciones. En esencia, se incorpora el régimen sancionador de los discursos de odio en el reglamento y se concretan más las multas contra las manifestaciones de contenido discriminatorio.También se prevé validar la reforma del reglamento que concreta las sanciones por discursos de odioLa agenda legislativa será una de las cuestiones que la Mesa de la Cámara catalana abordará este próximo jueves en una reunión en el albergue de l’Espluga de Francolí. El órgano rector mantendrá una jornada de trabajo en esta localidad de Tarragona, pero formalmente su primera reunión será el martes 9 de septiembre. Ese mismo día habrá junta de portavoces.Calonge, 1998. Redactor de 'La Vanguardia' desde 2024. Licenciado en Periodismo por la Universitat Pompeu Fabra. Cubro la actualidad política catalana