Aunque celebró dos plenos extraordinarios para aprobar iniciativas pendientes, el Congreso de los Diputados se encuentra desde el pasado 1 de julio fuera del periodo de sesiones. La actividad ordinaria volverá a la Cámara Baja el 1 de septiembre, después del parón veraniego, en el que será el último curso político de la legislatura. Y el legislativo encara esta recta final con decenas de iniciativas bloqueadas, y no solo de la oposición, sino también del propio Gobierno y sus aliados, que tendrán que acelerar si quieren aprobar antes del fin del mandato ocho normas clave, entre las que se cuentan la ley del cine, la de familias, la nueva ley de secretos oficiales o la largamente retrasada reforma de la ley mordaza.
Esta última, la nueva ley de seguridad ciudadana que debería sustituir a la norma aprobada en 2015 por el PP —y vigente 11 años después pese al rechazo unánime de la izquierda—, es una de las iniciativas cuya tramitación se encuentra más avanzada. No obstante, pese a que el Gobierno pactó con EH Bildu y ERC reactivar su reforma a finales de 2024 y a que, en un principio, se fueron superando etapas parlamentarias a buen ritmo, el texto lleva más de un año varado. El verano pasado se produjo una reunión informal entre el PSOE y varios de sus aliados (en concreto, Sumar, EH Bildu, PNV y ERC) para intentar desbloquear la tramitación, pero no se logró ningún avance. Y desde entonces apenas se ha producido algún intercambio de documentos que no ha servido para resolver los desacuerdos.
