El martes, el Govern de Catalunya puso formalmente punto final a las vacaciones con la celebración del primer consejo ejecutivo tras cuatro semanas de parón. Nada hace prever que el equipo presidido por Salvador Illa pueda permitirse un retorno a la actividad al ralentí, teniendo en cuenta las múltiples -y decisivas- cuestiones que deberá afrontar ya este mismo septiembre.PublicidadSiguiendo la tradición instaurada desde que Illa lidera el Palau de la Generalitat, el Govern en pleno se reunirá un par de días fuera de Barcelona con el fin de "trazar la estrategia" de cara a un curso político que se prevé especialmente intenso y que marcará el inicio de un nuevo ciclo electoral, con la celebración de las municipales el 23 de mayo del próximo año y de unas generales aún sin fecha.El encuentro se hará el viernes y el sábado en el Monestir de les Avellanes, en Os de Balaguer (Lleida), que toma el relevo de las convivencias previas que el ejecutivo celebró en Poblet (Tarragona), Núria (Girona), Arnes (Terres de l'Ebre) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Resolver el conflicto con los docentes y la grave crisis en Educación -agravada por los errores en las pruebas PISA conocidos este verano-, empezar a taponar los persistentes problemas en Rodalies y culminar el traspaso de la línea R1 del servicio son seguramente los retos más exigentes a corto plazo para el Govern, que arranca ya la segunda parte del mandato.Pero, ni de lejos, son las únicas carpetas trascendentes de un curso donde también se tendrá que resolver -o no- la nueva financiación autonómica, se tendría que aplicar definitivamente la amnistía -con el final de la inhabilitación de Oriol Junqueras y el retorno a Catalunya de Carles Puigdemont, entre otros-, se aprobará la ley para limitar la compras especulativas de viviendas y se tendrían que seguir dando pasos para aumentar el migrado parque de pisos públicos. Todo ello sin olvidar cuestiones como el despliegue de las energías renovables, que puede verse aún más ralentizado tras el aplazamiento del Plater, la ejecución de los primeros -y probablemente únicos- presupuestos de la legislatura y el impacto que pueden tener las citas con las urnas, que de entrada pueden comportar la salida de algunos de los consellers del Govern.El convulso inicio del curso educativoSin lugar a dudas las situaciones en Rodalies y en Educación son las que más están desgastando al ejecutivo del PSC y que lo alejan de la "buena gestión" que Illa se había fijado como gran objetivo, a pesar de que haga bandera de las buenas cifras macroeconómicas o del paro. Y es el ámbito escolar el que puede agravar aún más este desgaste a corto plazo, teniendo en cuenta que el 8 de septiembre, primer día del curso escolar, hay convocada una nueva jornada de huelga, tras las más de veinte que se hicieron durante el curso pasado sumando las de todos los territorios.PublicidadSin negociaciones con los sindicatos de docentes abiertas desde julio, si no hay cambios a corto plazo el inicio del curso educativo y, de rebote, del político será convulso. La financiación o la vivienda serán otras cuestiones con peso durante un septiembre que llega ya la próxima semana y que culminará con el debate de política general que acogerá el Parlament entre los días 29 de septiembre y 1 de octubre.Después de que la última reunión con la consellera de Educación, Esther Niubó, se produjera el 13 de julio, el principal sindicato de los docentes, Ustec, pidió este miércoles la implicación directa del presidente Illa para resolver el conflicto que marcó todo el pasado curso escolar. En este sentido, la portavoz de Ustec, Iolanda Segura, manifestó a Públic que mantiene la convocatoria de huelga para el 8 de septiembre porque continúan pendientes de resolver cuestiones estructurales como "las ratios, la inclusión educativa, las infraestructuras, el catalán o el blindaje de la red pública".El pasado junio, la mayoría de docentes rechazó el preacuerdo alcanzado por Educación con los sindicatos mayoritarios -Ustec y Professors de Secundària- que, entre otros, comportaba unos incrementos salariales de unos 600 euros mensuales en cuatro años. El Govern ya ha manifestado la intención de aplicarlo igualmente, pero la decisión no ha disminuido la presión de un colectivo donde han aparecido nuevos actores, como la Assemblea Educativa de Catalunya, que han desbordado a los sindicatos tradicionales. Más allá del paro del 8 de septiembre, la reactivación de la negociación es imprescindible para intentar evitar que las huelgas marquen los primeros meses del curso, como sucedió con los últimos del anterior.PublicidadAdemás del conflicto con los docentes, la posición de la consellera Niubó se debilitó enormemente en julio, una vez trascendió el desbarajuste con las pruebas en PISA en Catalunya, con un exceso de alumnos excluidos que invalida los resultados. El escándalo ha disparado las peticiones de dimisión -o cese- de la consellera, pese a que de momento Illa le mantiene la confianza y ha asegurado que no se planteará hacer nuevos cambios en el Govern.La situación en Educació también ha provocado fuertes críticas de ERC y Comuns, los socios de la investidura de Illa. Esta misma semana, el portavoz en el Parlament de la segunda fuerza, David Cid, ha criticado que no se haya negociado durante el verano con los sindicatos convocantes de la huelga del 8 de septiembre y ha reclamado la necesidad de alcanzar un "gran pacto de país" en el ámbito educativo. Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, planteó el pasado 5 de agosto también un "gran acuerdo de país" consensuado con equipos directivos, sindicatos, docentes y validado en el Parlament que deje a la educación fuera del rifirrafe político y se pueda desarrollar una estrategia de largo recorrido de 12 años.La resolución de la nueva financiaciónEl próximo viernes, 4 de septiembre, se celebrará un nuevo encuentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, después de que se aplazara el convocado para julio. La cita servirá para que el organismo apruebe la reforma del modelo de financiación autonómica pactada entre el Gobierno y ERC, pero será básicamente porque el ejecutivo estatal tiene mayoría. De entre las comunidades, sólo Catalunya y Canarias la apoyan ahora mismo.Una vez superado este trámite, el proyecto aterrizará en el Congreso, donde requerirá del apoyo de una mayoría absoluta de diputados ahora mismo difícilmente imaginable para salir adelante. Además del conocido rechazo de PP y Vox, Junts mantiene que no lo avalará porque no es un concierto económico para Catalunya, y también hay recelos entre Podemos, Compromís, CHA o, incluso, el BNG. Si el Congreso no lo avala, se mantendrá el actual modelo de financiación, caducado desde 2013, y la Generalitat verá esfumarse -al menos a corto plazo- la posibilidad de garantizarse cerca de 5.000 millones más cada año.También en septiembre deben reanudarse las negociaciones entre el Govern del PSC, ERC y los Comuns para modificar la ley contra las compras especulativas de vivienda, después de que el dictamen del Consell Consultiu concluyera que el redactado actual vulnera los derechos a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa. En este sentido, el martes la portavoz del ejecutivo y consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, avanzó que propondrán a ERC, Comuns y la CUP un nuevo redactado de la normativa con el fin de dotarla de la "máxima seguridad jurídica".Mientras el movimiento por la vivienda teme que los cambios acaben por descafeinar la ley, los Comuns defienden que la prioridad debe ser poner "límites" a la actuación de los "grandes fondos buitre y a aquella gente que está haciendo negocio con la vivienda", en palabras de David Cid a la ACN. Los cambios que se quieren llevar a cabo hacen que ahora mismo el Govern no se atreva a poner fecha a la aprobación de la ley por parte del Parlament, aunque debería ser durante el primer trimestre del curso. Consolidado como el primer problema en Catalunya, mejorar el acceso a la vivienda seguirá siendo una carpeta decisiva en la acción gubernamental.El primer traspaso de RodaliesEl caos vivido en las líneas de Rodalies que pasan por las comarcas de Tarragona y las Terres de l'Ebre el pasado 12 de agosto, día del eclipse, ha vuelto a poner el servicio ferroviario en el ojo del huracán, tras unos primeros meses de 2026 marcados por los paros, los retrasos crónicos, las averías y la puesta en marcha de un plan de choque para intentar empezar a revertir la situación. A pesar de la simultaneidad de obras y tareas de mantenimiento, el servicio sigue presentando problemas constantemente y los retrasos son la norma para los sufridos usuarios.PublicidadEn este sentido, más allá de esperar que el plan de choque empiece a aportar mejoras tangibles, el Govern confía en que "no más allá de octubre" se celebre la Comisión Bilateral Estado -Generalitat que debe servir para "certificar o acordar" el traspaso de la línea R1- la que va de Barcelona al Maresme por la costa- a la nueva empresa Rodalies de Catalunya, participada por el Govern y Renfe. Debe ser la primera pata de un traspaso del servicio a Catalunya que debe ir ampliándose en los próximos años, con el objetivo de mejorar la calidad de Rodalies y, sobre todo, garantizar su fiabilidad. También en este ámbito el Govern recibe críticas que trascienden la oposición, con ataques de ERC y Comuns a su gestión de movilidad.La aplicación de la amnistíaA partir del 22 de septiembre, el Tribunal Constitucional empezará a examinar los recursos de amparo de los dirigentes políticos independentistas a los que todavía no se aplica la amnistía. Se da por hecho que más temprano que tarde se pronunciará a su favor, tras el contundente aval a la ley emitido en julio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero queda por ver hasta qué punto la aceptará a corto plazo el Supremo.No es una cuestión menor, porque de la aplicación total de la amnistía depende que, finalmente, la competición política catalana pueda igualarse, con el regreso a Catalunya del expresident Carles Puigdemont, que Junts ve como un factor clave para intentar revertir su caída en las encuestas, o el fin de la inhabilitación de Oriol Junqueras, lo que permitiría al presidente de ERC liderar la candidatura de su partido a las elecciones al Parlament, que en principio deben celebrarse durante el 2028. El Govern en todo momento ha defendido la aplicación inmediata de la ley.PublicidadAl ejecutivo también le interesa que en los próximos meses empiecen a notarse efectos tangibles de la aprobación de los primeros presupuestos de la Generalitat desde 2023, que salieron adelante con el apoyo de ERC y Comuns. Las cuentas dotan de estabilidad el mandato de Illa y, muy probablemente, serán las únicas de la legislatura, ya que el escenario electoral del 2027 dificultará un pacto de estas dimensiones. Básicamente porque necesita elementos que certifiquen una buena gestión que detenga un progresivo desgaste que ya detectan las encuestas, con una tendencia a la baja de las expectativas socialistas.Precisamente, la llegada de las elecciones municipales es uno de los elementos que pueden provocar cambios en el Govern. De momento, el único relevo que ha habido se vivió en julio, con la marcha de Mònica Martínez Bravo de Derechos Sociales y con quien el nombramiento de su número dos, Raúl Moreno, como nuevo conseller. Ahora bien, ya sea por desgaste o por su posible nombramiento como alcaldable, la previsión es que no sea el último. Entre los consellers más desgastados por la gestión está obviamente Esther Niubó (Educación), sin olvidar Olga Pané (Salud) o, incluso, Núria Parlon (Interior), mientras que en la segunda categoría se encuentra sobre todo una Silvia Paneque que, muy posiblemente, liderará el intento de asalto del PSC a la alcaldía de Girona.Otra de las cuestiones importantes del curso político que ahora arranca será comprobar si avanza el despliegue de las energías renovables en Catalunya, que hasta ahora está muy por debajo de lo proyectado. En este sentido, el Govern ha recibido un alud de alegaciones al Plan Territorial para la Generación Eléctrica Eólica y Fotovoltaica (Plater) y ha optado por aplazar su aprobación hasta después de las elecciones municipales del próximo mayo, consciente del desgaste territorial que le provoca el proyecto. En resumen, que se pone en marcha un curso político que será especialmente intenso, con el inicio de un nuevo ciclo electoral como colofón que puede trastocar el actual mapa de partidos de Catalunya, si se confirma el descenso de Junts y el ascenso de la extrema derecha, con un fuerte crecimiento de Aliança Catalana acompañado del mantenimiento de Vox.