El próximo jueves, el Parlament de Catalunya aprobará definitivamente los primeros Presupuestos de la Generalitat desde 2023, con los votos de los diputados de PSC, ERC y Comuns. Será uno de los momentos culminantes de un curso político catalán que está a punto de concluir y en el que se ha vivido una especie de crescendo, con el logro de hitos importantes -las cuentas, seguramente, sean el más significativo-; el cierre de acuerdos trascendentes, como el de la financiación, que requieren de un aval del Congreso que no parece fácil que llegue; la confirmación de la vivienda como un elemento central de la política catalana -y de la estatal-; y problemas graves de gestión en servicios públicos tan troncales como el transporte público, la educación o la sanidad.PublicidadEl verano marcará el paso del ecuador de la legislatura autonómica, con un Salvador Illa que gracias al aval de los Presupuestos se ha garantizado la estabilidad hasta, en principio, poderla culminar en 2028. Y, a la vez, debe ser determinante de cara al futuro de la amnistía para, entre otros, los líderes de Junts y ERC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente. Si, finalmente, el Tribunal Supremo se ve forzado a aplicarles del todo el perdón judicial, el regreso del expresidente del Govern a Catalunya será, sin duda, una de las grandes noticias del siguiente curso político, que arrancará en septiembre y que marcará el inicio de un nuevo ciclo electoral, con las municipales del 23 de mayo del próximo año en el horizonte.La amnistía, junto con la aprobación de los Presupuestos, es la otra gran cuestión que debe marcar las últimas semanas del curso político catalán. En el caso de las cuentas, el pleno del Parlament de esta próxima semana no deja de ser un trámite después de que su aprobación se gestase durante mayo, cuando tras semanas de negociaciones se cerró el acuerdo con ERC y la actualización del pacto con los Comuns.Serán unos Presupuestos expansivos, con casi 50.000 millones de gasto, y que pondrán punto y final a los de 2023, que todavía están prorrogados. Entre otras medidas, el "sí" de los republicanos se consiguió tras el compromiso de impulsar la línea de tren orbital -que deberá pagar fundamentalmente el Gobierno-, el cambio en la gobernanza del Consorci de la Zona Franca para que pase a tener mayoría de las administraciones catalanas, la creación de una sociedad mercantil para acelerar y garantizar el cumplimiento de las inversiones estatales en Catalunya, el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya o el impulso de nuevas medidas para mejorar la situación de la lengua catalana.En el caso de los Comuns, el paso para revalidar el "sí" ya alcanzado en febrero ha sido activar nuevas medidas en materia de vivienda o transporte público. El acuerdo presupuestario con los socios de la investidura allana el camino de la legislatura a Salvador Illa, ya que difícilmente se repetirá el próximo año, un 2027 marcado por las elecciones municipales y, casi con toda seguridad, las generales.PublicidadEl 16 de julio, día clave para la amnistíaEl próximo 16 de julio llegará la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a las dudas sobre la aplicación de la Ley de amnistía planteadas por el Tribunal de Cuentas con relación a los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre y por la Audiencia Nacional en el caso de la operación Judas contra los CDR. Si el tribunal con sede en Luxemburgo confirma las conclusiones pronunciadas en noviembre por el abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, supondrá un aval prácticamente definitivo a la ley y, en principio, se debería allanar el camino para la aplicación de la amnistía al expresidente del Govern Carles Puigdemont y al líder de ERC, Oriol Junqueras, entre otros. Spielmann concluyó que el 1O no perjudicó a los intereses financieros del Estado español y, por tanto, de la UE, tal como había alegado el Supremo para no aplicar la amnistía a Puigdemont o Junqueras.En todo caso, si el pronunciamiento del TJUE va en este sentido, la ejecución de la amnistía no sería inmediata y no llegará antes del otoño. Básicamente porque posteriormente la pelota pasará al tejado del Tribunal Constitucional (TC), que debe resolver los recursos de amparo de los tres consellers del 1O que siguen en Bélgica -Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig- y de los que están en Catalunya pero continúan inhabilitados -Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa-. El próximo pleno del TC se celebra el 20 de julio, pero fuentes del tribunal ya han manifestado que no resolverán los recursos de amparo hasta septiembre u octubre, ya en otoño. Y, finalmente, restaría que el Tribunal Supremo acepte aplicar la ley, si como parece previsible recibe los avales definitivos del TJUE y el TC. El Alto Tribunal, sin embargo, puede dilatar aún más la ejecución.PublicidadTodo ello dibuja un escenario que retrasa el posible regreso de Puigdemont a Catalunya ya con el próximo curso político plenamente en marcha. Si, finalmente, se produce su vuelta, se sabe que querrá hacer una gira por varios puntos de Catalunya, pero queda por ver si esto tiene algún efecto revulsivo significativo en Junts, actualmente a la baja en las encuestas y con una fuga significativa de votantes hacia la extrema derecha de Aliança Catalana. En cuanto a Junqueras, si llega la amnistía se allanará el camino para que pueda ser el cabeza de lista de ERC en las próximas elecciones al Parlament, que no deben llegar hasta el 2028.El difícil reto de la financiaciónEn enero, ERC y el Gobierno cerraron un acuerdo de financiación autonómica que, según afirmaron, aportaría 4.700 millones más anuales a las arcas de la Generalitat. Ahora bien, para que se llegue a materializar necesita del apoyo del Congreso y, por tanto, de la mayoría de investidura de Sánchez, un hecho que ahora mismo parece inviable por el rechazo, entre otros, de Junts y las reticencias a avalarlo por parte de formaciones como Compromís, Podemos o el BNG. La voluntad del Ministerio de Hacienda es que la tramitación de la reforma se lleve a cabo durante los primeros meses del próximo curso, con el objetivo de que el nuevo modelo sea una realidad en 2027, un objetivo ahora mismo difícil.Donde, en cambio, no se ha avanzado es en el traspaso a Catalunya de la gestión y recaudación total del IRPF, uno de los compromisos del acuerdo de investidura de Illa sellado entre el PSC y ERC y que, de momento, mantiene bloqueado el PSOE. Precisamente este rechazo es el que torpedeó el "sí" de los republicanos a los Presupuestos en marzo, hasta que la formación de Junqueras aceptó buscar alternativas -como el tren orbital- para allanar su aval a las cuentas autonómicas.El curso que ahora termina ha estado marcado también por el caos y los constantes problemas en Rodalies, que se acentuaron a partir del 20 de enero, a raíz del accidente mortal de un convoy en Gelida (Barcelona), que supuso la paralización absoluta del servicio y una reanudación a cámara lenta después de revisar tramo a tramo la seguridad de la infraestructura. Desde entonces se han puesto en marcha múltiples actuaciones de emergencia -para paliar años de baja inversión en mantenimiento- que conviven con los trabajos de puesta al día de la infraestructura, sin que todavía se note una mejora significativa en su fiabilidad.El conflicto con los docentes, sin resolverLa situación en Rodalies es uno de los principales flancos débiles del Govern de Illa, a la espera de comprobar si a partir del próximo año el servicio mejora, una vez sea transferido parcialmente -primero con la línea R1- a la empresa mixta Rodalies de Catalunya, integrada por Renfe y la Generalitat.El mal funcionamiento de Rodalies -y de los Regionales de Renfe- es uno de los factores que ha debilitado la estrategia del Govern de Illa de intentar transmitir la imagen de un Ejecutivo centrado en la gestión. Pero no es el único, ya que los últimos meses también han estado marcados por las protestas de médicos y, sobre todo, docentes, que han evidenciado los malestares de los profesionales de la sanidad y la educación públicas.PublicidadEn el caso de los facultativos, han convocado once jornadas de huelga desde el otoño, formalmente para denunciar la sobrecarga laboral que sufren.Las movilizaciones celebradas en Barcelona durante el curso han reunido a decenas de miles de maestros y profesores. Y es que este año ha estallado con toda la intensidad el malestar que desde hace tiempo arrastra el colectivo -que reúne a unos 90.000 profesionales- y que se explica por la pérdida de poder adquisitivo, pero también por la creciente complejidad de las aulas y unas ratios que dificultan una enseñanza de calidad.Con varios ciclos de movilizaciones -primero entre febrero y marzo y después entre mayo y junio- los docentes han constatado una gran capacidad de convocatoria que ha desbordado a los principales sindicatos. Primero rechazaron el acuerdo que cerró en marzo el Govern con UGT y CCOO -minoritarios en el sector- y hace unas cuatro semanas también tumbaron el preacuerdo alcanzado por el ejecutivo con Ustec y Professors de Secundària, las organizaciones mayoritarias.PublicidadEn un contexto en el que las asambleas de docentes y la CGT están ganando peso, el conflicto sigue sin resolverse, ha situado a la consellera del ramo, Esther Niubó, en la diana del colectivo y de la oposición y no está nada claro que el próximo curso pueda arrancar con normalidad. Dependerá de un entendimiento que ahora mismo no parece claro.Decisiones como el intento de infiltrar agentes de los Mossos en asambleas de docentes o el plan piloto puesto en marcha para poner policías en escuelas e institutos no han hecho otra cosa que aumentar el malestar de la comunidad educativa y disparar las críticas de gran parte de la oposición -tanto de los partidos de izquierdas, como también de Junts- hacia el Govern de Illa.Más regulación en viviendaConsolidado en las encuestas como el primer problema de los catalanes, el acceso a la vivienda sigue lejos de resolverse, pero no puede negarse que ocupa una posición central en las políticas públicas. Este año el Govern ya ha dado los primeros pasos para construir 50.000 de pisos hasta 2030 que deben servir para aumentar el migrado parque de vivienda pública de Catalunya. Paralelamente, los precios del alquiler siguen al alza, si bien los incrementos que se registran en aquellas zonas con tope son claramente inferiores a las que no tienen o las registradas en otras zonas del Estado, también sin regulación.PublicidadEn materia legislativa, en diciembre el Parlament aprobó la ley para regular los alquileres de temporada y de habitaciones, una normativa precisamente destinada a taponar algunos de los agujeros por los que algunos grandes propietarios -como fondos buitre- escapaban del tope de precios del alquiler residencial. En el pleno de los días 7, 8 y 9 de julio, el Parlament debatirá la tramitación de la normativa para prohibir las compras especulativas, fruto de un acuerdo entre el Govern y los Comuns, con la duda de si la aprobación definitiva podrá hacerse aún en el actual periodo de sesiones, es decir, a finales de julio, o tendrá que esperar a septiembre u octubre para ver la luz.Camino de las municipalesEl siguiente curso político supondrá el inicio de un nuevo ciclo electoral, con la duda si llegarán antes las municipales, que serán el 23 de mayo, o unas generales de fecha aún incierta. En cualquier caso, en los últimos meses los partidos catalanes ya han activado la maquinaria de cara a los comicios locales, con la proclamación de numerosos candidatos y el tanteo de las primeras alianzas para agrupar fuerzas. Por ejemplo, en Barcelona ya tienen alcaldable proclamado todas las formaciones con representación en el consistorio y entre las que tienen opciones de irrumpir sólo queda la CUP para hacerlo.El escenario se acabó de aclarar apenas la semana pasada. El domingo, día 21, Junts dio a conocer que Jordi Martí Galbis, el actual líder del grupo municipal en el consistorio de la capital, sería su alcaldable, tras imponerse en las primarias que le enfrentaron a Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas y Glòria Feixa. Dos días antes había sido la extrema derecha de Aliança Catalana la que reveló su candidato por la ciudad: Jordi Aragonès. El ideólogo de la formación ultra es una de las personas del núcleo duro de Sílvia Orriols y su elección responde al fracaso del partido a la hora de conseguir un fichaje mediático, como pretendía.Previamente ya habían sido proclamados alcaldables la republicana Elisenda Alamany, y Gerardo Pisarello, que se impuso al escritor Bob Pop en las primarias de Barcelona en Comú. Completan el escenario el actual alcalde, Jaume Collboni (PSC), y Daniel Sirera (PP), los únicos que repetirán como cabezas de cartel respecto a las elecciones del 2023. La CUP, que tuvo representación en el pleno del 2015 al 2019 pero no la revalidó en los dos últimos comicios, apuesta por presentarse de la mano de movimientos sociales y sin sus siglas y todavía no tiene cabeza de cartel.PublicidadUna de las dudas de cara al próximo ciclo electoral es si se articulará algún tipo de frente de izquierdas, en la línea de lo que defiende el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, o similar. De momento, las bases de ERC se han opuesto a una candidatura conjunta con la CUP y los Comuns en Igualada, la CUP y los Comuns trabajan de cara a articular una "plataforma amplia" en la ciudad de Lleida, mientras que Podem ha propuesto a ERC concurrir conjuntamente en una veintena de localidades a las elecciones municipales.También de cara al próximo curso, que será probablemente aún más intenso que el actual debido al horizonte de citas con las urnas, se espera la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el catalán en la escuela, que puede ser clave para determinar el futuro del modelo de inmersión lingüística en Catalunya, amenazado desde hace años por entidades ultraespañolistas. Un modelo que defiende todo el arco del Parlament excepto el PP y Vox.