Noticia Exclusivo suscriptores El presidente De La Espriella comenzó a implementar varias de las medidas que prometió en campaña: deportaciones en la estrategia de seguridad.Extradiciones. Foto: Suministrada por autoridadesSUBEDITOR DE JUSTICA29.08.2026 23:01 Actualizado: 29.08.2026 23:01
Apenas habían transcurrido unas horas desde que el general Erik Rodríguez asumió como comandante de las Fuerzas Militares cuando ya estaba al frente de una operación contra la misma estructura armada cuyo poder e interferencia en las elecciones denunció, a costa de su salida temporal del servicio. Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves se produjo el segundo bombardeo ordenado durante el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella: fue contra las disidencias de alias Calarcá en El Retorno, Guaviare.El bombardeo se dio en Catatumbo contra el Eln. Foto:CortesíaDos días antes, una veintena de los más poderosos jefes criminales del país fueron trasladados desde la cárcel El Bosque, en Barranquilla, en medio de un dispositivo de seguridad que recordó las imágenes de las operaciones contra los jefes de las temidas ‘maras’ en las cárceles de El Salvador.El bombardeo y la megaoperación en las cárceles, que incluyó que por primera vez se les aplicaran las normas del reglamento interno a delincuentes hasta ahora intocables, son la materialización de las promesas de ‘mano dura’ con las que De La Espriella logró convencer en las elecciones.El general (r) de la Policía Juan Carlos Buitrago ubica esos movimientos dentro de un conjunto de decisiones que incluye el traslado de cabecillas para alejarlos de sus zonas de influencia, operaciones contra las disidencias y sus fuentes de financiación, medidas concretas para combatir las redes de delincuencia que aprovechan el fenómeno de migración irregular y la clara decisión de enterrar la ‘paz total’. Glifosato. Foto:ArchivoEl viernes, además, el Gobierno tumbó la resolución de la era Santos que prohibía la fumigación aérea con glifosato, en una clara señal de que el combate de los narcocultivos será prioridad. Sin embargo, esta decisión no permite que las fumigaciones regresen de inmediato, pues el Gobierno deberá cumplir las condiciones de la Corte Constitucional, entre ellas realizar estudios sobre los posibles efectos en la salud y el medioambiente y adelantar consultas previas con las comunidades de las zonas donde se aplique la estrategia. La apuesta oficial contempla combinar la aspersión aérea y terrestre con la erradicación voluntaria y forzada, además del uso de drones, frente a las 264.000 hectáreas de coca registradas en el país.Golpes de la Fuerza Pública, como el bombardeo en Guaviare, muestran que las capacidades de la Fuerza Pública se mantienen pese a los problemas de los últimos cuatro años. Andrés Usuga Marín, oficial retirado de la Armada y analista en seguridad, sostiene que lo ocurrido en estos primeros días muestra que “había una inteligencia represada” que no habría sido entregada al gobierno anterior “por la desconfianza en que se filtrara a los grupos al margen de la ley”.Hugo Acero, experto en seguridad, dice, más aún teniendo en cuenta que el tema de seguridad fue su principal bandera electoral, que el Gobierno necesita resultados tangibles para los ciudadanos. “Se requiere una victoria temprana para que todos sintamos que la seguridad está mejorando”, afirma. El nuevo modelo de seguridad empieza a tomar forma. La renovación de la cúpula militar se produjo esta semana y las primeras órdenes apuntaron a recuperar el arma más efectiva en la guerra del Estado colombiano contra los grandes grupos criminales: los bombardeos. Los campamentos con decenas de delincuentes armados reaparecieron en Colombia y el presidente De La Espriella está dispuesto a usar el poder aéreo donde sea necesario.A eso apunta la decisión de clasificar como “terroristas” a todos los grandes grupos armados. Es un paso, dice el analista en seguridad Luis Eduardo Saavedra, que también permitirá hacer más eficiente la lucha contra sus fuentes de financiación. En sus primeras tres semanas, el gobierno ha ordenado dos operaciones Beta: además de la de Guaviare, donde murió una decena de ilegales de la banda de ‘Calarcá’, ya se había desarrollado otra en el Catatumbo, contra el Eln. La meta es hacer 15 grandes operaciones en los primeros 100 días.Y con el envío a buques cárcel de los poderosos capos de la extorsión desde las prisiones, como ‘Negro Ober’ y ‘Digno Palomino’, se están aplicando medidas de choque reales frente a ese azote para la seguridad de miles de colombianos. Simultáneamente, más de 40 extradiciones fueron firmadas y, según el Gobierno, comenzarán a ejecutarse, especialmente hacia los Estados Unidos. Geovany Andrés Rojas, alias Araña. Foto:Archivo particularEse será el destino de ‘Araña’ y otros narcos de las disidencias y las bandas criminales que habían logrado blindarse de esa figura gracias a la ‘paz total’ de Petro. Comprometido con la seguridad y dispuesto a “asumir personalmente el costo político” de decisiones en materia de orden público, el presidente Abelardo De La Espriella tiene un enorme reto: recuperar la tranquilidad para los colombianos sin perder de vista las lecciones del pasado en lo que respecta a legitimidad y eventuales desvíos del uso de la fuerza. El abogado presidente tendrá también un frente jurídico por atender, porque desde ya la oposición y otros sectores anuncian demandas para tratar de frenar algunas de las medidas con las que empezó a cumplir su promesa de mano dura. Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
