EditorialLa celeridad de esta investigación es esencial para lograr no solo una acusación, sino tener alguna posibilidad de rastrear y recuperar las piezas perdidas.
Para las fuerzas policiales y fiscales investigadores que han logrado confiscar armas, a menudo arriesgando la vida o invirtiendo meses en aguzadas pesquisas, debe resultar indignante que la custodia de esos pertrechos en el Organismo Judicial esté plagada de laxitudes, negligencias e impunidades. La desaparición de armamento consignado en el depósito judicial, proveniente de decomisos y sentencias judiciales, es un escándalo que abarca a toda la jerarquía de ese poder del Estado, incluyendo a los 13 magistrados actuales.
La sola descripción de cómo se descubrió el faltante es irrisoria: el anterior encargado del depósito de armas —cuya identidad no ha sido divulgada— renunció al cargo de manera súbita y casi informal. A pesar de la importancia crítica de sus responsabilidades, se le aceptó la dimisión sin mayor revisión. Cuando ya no estaba en funciones esa persona, el Departamento de Seguridad Institucional practicó una auditoría y se encontró con un manejo caótico de los registros y el faltante mencionado, el cual se reportó mediante un memorando a la Corte Suprema de Justicia, lo que trascendió a la esfera pública. De otra manera no es aventurado suponer que, dado el talante de una mayoría de magistrados actuales, se hubiese intentado mantener el asunto en secreto.
