Se necesita definir un esquema estable de subsidios y resolver los obstáculos de suelo y ordenamiento territorial que frenan los proyectos VIS y VIP, en medio de los efectos que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Con el cambio de gobierno, la política de vivienda vuelve a estar sobre la mesa. El nuevo escenario plantea una discusión fundamental para el sector: cómo recuperar un sistema de subsidios jurídicamente estable y cómo articular los esfuerzos de la nación con los de alcaldías, gobernaciones y cajas de compensación.
El desmonte del esquema Mi Casa Ya dejó esa discusión en evidencia. Los cambios en las reglas de acceso y asignación de los subsidios generaron incertidumbre entre hogares que habían iniciado procesos de compra y entre constructoras, entidades financieras y cajas de compensación. Ahora, una de las primeras decisiones que deberá tomar el nuevo Gobierno será definir si retoma este esquema, lo modifica o crea uno nuevo, y bajo qué reglas jurídicas. Más aún, con los efectos que generó el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó cerca de 30.000 viviendas destruidas y alrededor de 140.000 averiadas.
