Las buenas intenciones del nuevo organismo gubernamental para la promoción de la vivienda pública serán papel mojado sin el acompañamiento de una gestión ágil y eficaz
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la transformación de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes) en Casa 47, el organismo a través del cual el Gobierno quiere canalizar sus políticas de vivienda para que actúe como garante del artículo de la Constitución —el 47— que reconoce el derecho a una vivienda digna. El CIS viene corroborando que la vivienda es ya la principal preocupación de los españoles, posición que no ocupaba desde los meses previos al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, y muy por delante del paro, lo que dice mucho de la situación de la economía. En la última década, el precio de la vivienda ha subido un 70%, según los datos del INE, niveles que ni de lejos han ido acompañados por los salarios.
Comprar ya no es una opción realista para buena parte de los españoles, pero el alquiler tampoco ofrece una alternativa digna. Se ha generado así un malestar profundo, especialmente entre los más jóvenes —que ven cómo sus esperanzas de emancipación y estabilidad se convierten en sueños inalcanzables—, pero que ahoga proyectos vitales en todas las franjas de edad. El último informe Foessa de Cáritas revela que más de 4,6 millones de hogares sufren dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda. La situación se agravará en los próximos meses, según el Ministerio de Consumo, cuando venzan los contratos de alquiler firmados durante la pandemia, lo que encarecerá, advierte al resto del Ejecutivo, la renta de los inquilinos hasta 2.700 euros en 2026.
