La representación gráfica de la seguridad en el trabajo ha estado tradicionalmente ligada a elementos tan tangibles como un casco, unas botas específicas, unas gafas de protección, un arnés o un extintor. Sin embargo, hoy las principales amenazas para la salud de los trabajadores no siempre son visibles, se gestan en la organización de tareas, en la presión del tiempo, la relación entre compañeros o la falta de apoyo emocional.
Con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) en proceso de ser actualizada, 30 años después de su entrada en vigor, tras la firma de un acuerdo entre el Gobierno y los principales sindicatos el pasado mes de febrero, el tema ha cobrado además una importancia sin precedentes en un momento en el que la derecha política agita el concepto de “absentismo laboral” contra los trabajadores acogidos a bajas e incapacidades.
“A nivel europeo, se ha transitado desde un déficit de protección, al incluirlo como soft law o derecho blando, a la consideración de la salud mental como derecho humano fundamental”, explica Ana Belén Muñoz Ruiz, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre el impulso institucional que supuso el cambio de paradigma. Esta dimensión reforzada de la salud mental, que ya incorporó el Parlamento Europeo en su resolución del 5 de julio de 2022, se espera ver reflejada en la próxima reforma española.
