En Los Mateos, un barrio popular de Cartagena, en la Región de Murcia, la contaminación no es un recuerdo del pasado industrial de la ciudad portuaria, sino una realidad muy presente. Para los vecinos que viven junto a la Unidad de Actuación número 1 (UA1), se traduce en polvo tóxico que entra por las ventanas de sus casas y en una sucesión de denuncias y promesas de descontaminación que se prolonga desde hace años.
La situación ha enfrentado a residentes y administraciones y ha convertido la parcela municipal afectada en el epicentro de una batalla vecinal por la salud, la transparencia y el derecho a vivir sin miedo.
El terreno en cuestión fue adquirido en 2023 por el Ayuntamiento de Cartagena para construir 40 viviendas sociales que pretendían ser financiadas con fondos europeos Next Generation. Entonces aún no era de dominio público la existencia de informes previos a la compra que advertían de niveles de plomo, cadmio, mercurio o arsénico, procedentes de antiguos usos industriales y vertidos en la zona, hasta 2.600 veces superiores a los niveles de referencia. Pero el Ayuntamiento de Cartagena sí lo sabía. Y el Gobierno regional de Fernando López Miras, también.
Es lo que aseguran los vecinos que, en 2025, accedieron a documentación técnica que revelaba que la Administración local —entonces, como ahora, bajo el Gobierno de la popular Noelia Arroyo— y la autonómica, conocían la situación antes de la adquisición.
