El choque entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la información que manejaban los servicios de inteligencia antes de la entrada de migrantes en Ceuta es el último de una relación marcada durante años por varios desencuentros. Robles aseguró este martes en el Congreso que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) compartió información los días previos de la crisis con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la Delegación del Gobierno. Poco después, Marlaska desmentía dicha afirmación e insistía desde Moncloa en que no existió ningún informe que permitiera anticipar una entrada de las dimensiones de la registrada los días 30 y 31 de julio.La sucesión de enfrentamientos entre ambos se remontan, al menos de manera pública, a enero de 2020, cuando ambos discreparon a cuenta de la dirección de la Guardia Civil. Desde entonces, la Benemérita ha sido el principal terreno en el que se han cruzado sus competencias y han aflorado sus diferencias, aunque también hubo fricciones durante la pandemia, la crisis migratoria de Canarias o el temporal de Filomena. Ahora bien, en los últimos años habían dado muestras de un mayor entendimiento.La propia naturaleza de la Guardia Civil explica parte de esos episodios, ya que se trata de territorio compartido. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece que es un instituto armado de naturaleza militar que depende de Interior en el desempeño de sus funciones policiales y de Defensa cuando cumple misiones de carácter militar. Asimismo, la legislación atribuye a ambos ministerios determinadas competencias conjuntas y la propuesta al Gobierno del nombramiento del titular de la Dirección General de la Guardia Civil.No obstante, la propia Robles ha rechazado públicamente la idea de una enemistad personal. Preguntada en 2021 por los rumores sobre su mala relación con Marlaska, respondió que "hay mucha leyenda urbana" y explicó que mantenían también una relación personal fuera del Consejo de Ministros.Primer choque por la Guardia Civil El primer desencuentro llegó en enero de 2020, apenas constituido el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Marlaska emprendió una remodelación de la cúpula de Interior y relevó al entonces director general de la Guardia Civil, Félix Azón, magistrado de carrera y una persona próxima a Robles, con quien coincidió como vocal del CGPJ entre 2008 y 2013.Para sucederlo, Marlaska apostó por María Gámez, hasta entonces subdelegada del Gobierno en Málaga y la primera mujer que iba a dirigir la Guardia Civil. La elección debía contar con Defensa y el nombramiento terminó saliendo adelante con la conformidad de Robles, aunque El País publicó entonces, citando a su entorno, que la ministra consideraba "precipitada" la decisión.Robles trató de rebajar la tensión y el 20 de enero recibió a Gámez asegurando que era "una persona perfectamente preparada y cualificada" para ponerse al frente del instituto armado, además de garantizar la colaboración de su departamento. Sin embargo, dos días después llegó el gesto que hizo visibles las diferencias: la ministra no acudió a la toma de posesión de Gámez, pese a que su asistencia había estado prevista.Desacuerdo por las patrullas mixtas en pandemiaEn marzo, en plena primera ola del coronavirus, apareció otro punto de fricción. El Gobierno había planteado que militares patrullaran con la Policía Nacional y la Guardia Civil para colaborar en las labores de seguridad durante el estado de alarma decretado por la pandemia de la covid-19. El esquema diseñado establecía que los efectivos militares actuarían bajo la dirección operativa de Interior y que las patrullas mixtas estarían encabezadas por un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.Sin embargo, el despliegue no llegó a materializarse como se había planteado debido a las diferencias surgidas entre los dos departamentos por el papel que debían desempeñar los militares en las labores de seguridad ciudadana. Por su parte, Interior y Defensa confirmaron que las patrullas quedaban aplazadas, pero negaron que la decisión respondiera a discrepancias internas.Y semanas después Robles insistió ante la Comisión de Defensa del Congreso en que "no ha habido ningún tipo de roce" con el ministerio de Marlaska. Según explicó, las patrullas se habían planteado en un primer momento, cuando todavía se desconocía cómo evolucionaría la pandemia, pero después se consideró que Policía y Guardia Civil podían asumir las funciones de seguridad ciudadana mientras las Fuerzas Armadas se concentraban en otras misiones. Cese de Pérez de los CobosLa tensión en torno al instituto armado volvió a estallar apenas un mes después. El 25 de mayo de 2020, Marlaska cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por "pérdida de confianza". El cese se produjo cuando la unidad de Policía Judicial de la comandancia trabajaba, por orden de una jueza, en la investigación sobre la autorización de actos multitudinarios como la manifestación del 8-M y su posible relación con la expansión del coronavirus. La decisión desencadenó al día siguiente la dimisión del director adjunto operativo del cuerpo, el teniente general Laurentino Ceña, y abrió una crisis en la cúpula del instituto armado.La polémica aumentó cuando se conoció una nota interna firmada por la entonces directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en la que se vinculaba la pérdida de confianza con el hecho de que Pérez de los Cobos no hubiera informado a Interior sobre determinadas actuaciones de la Guardia Civil relacionadas con aquella investigación judicial. La cuestión era sensible porque esas diligencias se desarrollaban bajo la dirección de una jueza y, por tanto, al margen del control del Gobierno. Marlaska negó que hubiera tratado de conocer el contenido de la investigación o de interferir en ella y descartó dimitir.Por su parte, Robles evitó cerrar filas con su compañero de Gobierno y tomó distancia. Preguntada pocos días después por la destitución de Pérez de los Cobos, evitó pronunciarse sobre las decisiones de su compañero porque, dijo, no le correspondía valorar asuntos de otro ministerio, y añadió que "una elemental prudencia aconseja no opinar sobre aquello que no se conoce". En marzo de 2023, el Tribunal Supremo anuló el cese de Pérez de los Cobos y confirmó la sentencia de primera instancia que había ordenado dejarlo sin efecto.Crisis migratoria en CanariasLa llegada de miles de migrantes a Canarias y la saturación del muelle de Arguineguín, donde llegaron a permanecer cerca de 3.000 personas, obligó al Gobierno a buscar con urgencia nuevos espacios de acogida. Defensa puso distintos terrenos e instalaciones militares a disposición de Interior y del Ministerio de Inclusión y Migraciones. Pero Robles había rechazado una petición para utilizar instalaciones militares que seguían en uso. La ministra alegó que Defensa no tenía competencias en política migratoria y que había considerado improcedente alojar a migrantes en dependencias militares operativas, aunque sí había ofrecido terrenos e instalaciones en desuso para levantar campamentos.La gestión generó reproches entre departamentos: en Interior existía malestar por la supuesta tardanza de Defensa en facilitar instalaciones mientras Defensa replicaba que se había puesto a disposición desde el principio. Filomena y la polémica por el despliegue de la UMEEl paso de la borrasca Filomena volvió a poner a Interior y Defensa en el centro de una misma emergencia. La histórica nevada que paralizó Madrid obligó a desplegar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), a petición del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, mientras Interior coordinaba la respuesta estatal a través del sistema de Protección Civil. Según publicó El Mundo, citando fuentes del Ejecutivo, Marlaska se molestó por la forma en la que se había gestionado la petición, al considerar que Robles había respondido a Almeida sin seguir el cauce que correspondía a Interior, departamento que coordinaba el dispositivo de emergencias.Esas fuentes sostenían que Madrid debía haber canalizado formalmente la solicitud a través de la Comunidad hasta el Ministerio del Interior. Fuentes de Defensa rechazaron que Robles hubiera actuado al margen de Marlaska y defendieron que la UME ya estaba preparada para intervenir y que su activación había contado previamente con Interior.Cese del enlace de la Guardia Civil en el Estado MayorDías después de la polémica por Filomena, la vacunación contra la covid de altos mandos militares volvió a situar a Interior y Defensa en posiciones distintas. El escándalo estalló al conocerse que el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, y otros miembros de la cúpula militar habían recibido la primera dosis antes de que les correspondiera conforme a los grupos establecidos en aquel momento. Robles pidió entonces un informe antes de decidir si adoptaba medidas.No obstante, Marlaska actuó con mayor rapidez respecto a un miembro de la Guardia Civil implicado. Interior recabó información a través de la cadena de mando y cesó "con carácter inmediato" al teniente coronel que ejercía de enlace del instituto armado en el Estado Mayor de la Defensa, después de confirmar que también había recibido la vacuna. La decisión fue interpretada entonces como una forma de elevar la presión sobre Robles, que todavía estaba pendiente del informe del JEMAD. Horas después, Villarroya pidió su cese a Robles. En su carta aseguró que actuaba para "no perjudicar la imagen de las Fuerzas Armadas" y que se marchaba con la "conciencia tranquila".Reforma de la Ley de Personal de la Guardia CivilUno de los choques institucionales más claros llegó el 15 de diciembre de 2022 y volvió a tener a la Guardia Civil en el centro. El Consejo del instituto armado debatía el proyecto de reforma de la Ley de Régimen del Personal elaborado por Interior, que incluía medidas de acción positiva para aumentar la escasa presencia de mujeres en el cuerpo.Entre las propuestas figuraba una cláusula por la que, una vez superado el aprobado, una candidata podía tener preferencia frente a un candidato hombre cuando la diferencia entre sus puntuaciones no superara el 15%, con el objetivo de avanzar hacia una presencia femenina del 40% en 2030. Marlaska había defendido días antes que las medidas de acción positiva contaban con respaldo judicial y que era necesario conseguir que la presencia de mujeres fuera "real y efectiva" en la Guardia Civil.Cuando el proyecto llegó al Consejo de la Guardia Civil, los dos representantes del Ministerio de Defensa votaron en contra, rompiendo el voto habitual en bloque de los representantes de la Administración. Fuentes de Defensa trasladaron a Europa Press que consideraban que la fórmula relativa al acceso de mujeres podía ser inconstitucional y, además, reprochaban que su departamento no hubiera sido consultado durante la elaboración del texto.Ceuta reabre el choqueTras varios años de entendimiento, la crisis de Ceuta ha provocado una de las contradicciones públicas más claras entre ambos de los últimos años. La discusión comenzó después de la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio de 2026. Ante las preguntas sobre cómo un movimiento de semejantes dimensiones no había sido detectado con anterioridad, Marlaska negó que el CNI hubiera enviado al Gobierno un aviso.Pero este martes, Robles defendió a los 25 agentes del CNI destinados en Ceuta y señaló que monitorizan diariamente cuestiones como la situación migratoria, las mafias, las redes sociales, el terrorismo yihadista o posibles amenazas híbridas y aseguró que "realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible". Además, concretó que el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, los agentes transmitieron verbalmente información sobre una convocatoria para intentar entrar en Ceuta a nado aprovechando la festividad marroquí del Trono.Sin embargo, Marlaska volvió a defender su versión: "No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció". El ministro argumentó que, si se hubiera podido prever una situación semejante, el Gobierno habría adoptado medidas, sobre todo después del precedente de 2021. Preguntado expresamente por las palabras de Robles, señaló que las afirmaciones pueden ser compatibles si se distingue entre el seguimiento ordinario de la presión migratoria que realizan los servicios de inteligencia y la existencia de una alerta específica capaz de anticipar una entrada como la ocurrida.