NoticiaSegún la administración distrital, los establecimientos intervenidos no contaban con los requisitos legales para operar en el sector, razón por la cual se ejecutó la medida de desalojo. Foto: Archivo particular25.08.2026 14:01 Actualizado: 25.08.2026 14:01
El operativo de desalojo adelantado por la Alcaldía de Barranquilla en inmediaciones de la Aleta del Tiburón, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, tiene sumida a la ciudad en una controversia que va mucho más allá del retiro de varios establecimientos comerciales. LEA TAMBIÉN Esta intervención fue realizada con el objetivo de recuperar un área ocupada por cerca de 20 negocios instalados en el denominado parqueadero Merlín, pero ha derivado en un choque de versiones entre la administración distrital, comerciantes afectados y personas que aseguran tener posesión histórica sobre los terrenos.El procedimiento contó con la presencia de unidades de la Policía Metropolitana, funcionarios de distintas dependencias distritales, representantes del Ministerio Público y personal especializado para acompañar la diligencia.Según la administración distrital, los establecimientos intervenidos no contaban con los requisitos legales para operar en el sector, razón por la cual se ejecutó la medida de desalojo.Sin embargo, quienes desarrollaban actividades económicas en la zona sostienen que la situación es más compleja y que detrás de la intervención existe una discusión aún no resuelta sobre la posesión y el uso de los predios.El impacto sobre los comerciantesEntre los afectados se encuentran propietarios de pequeños emprendimientos que afirman haber realizado importantes inversiones para adecuar sus locales y atender a los visitantes que frecuentan el sector de la Aleta del Tiburón y el Gran Malecón.Imágenes del operativo de desalojo. Foto:Redes socialesUna de las comerciantes consultadas relató que la orden de desocupación los tomó por sorpresa y les dejó un corto margen para retirar mobiliario, equipos y estructuras."Vinieron, se metieron allá y comenzaron a quitar los locales. Nos dieron hasta mañana para desalojar y quitar todo", expresó.La mujer aseguró que la situación la ha afectado no solo económicamente, sino también en el plano personal, debido a que el negocio representaba su principal fuente de ingresos."Horrible. Yo tengo empleados, yo vivo de mi negocio. De verdad estaba llorando. Me siento súper impotente porque no se puede hacer nada", manifestó.Según señaló, durante la diligencia intentaron obtener explicaciones sobre el procedimiento y conocer posibles alternativas para continuar operando, pero asegura que no recibió respuestas claras sobre el futuro de los establecimientos.Mientras retiraba elementos de su negocio, resumió la incertidumbre que atraviesan quienes trabajaban en el lugar: "Me siento triste. Pienso en la gente de mi negocio".Alegan posesión del terrenoA las reclamaciones de los comerciantes se suma la postura de Merlín Rojas, quien afirma ser la legítima poseedora del predio donde funcionaban varios de los establecimientos intervenidos.La Ventana de Campeones, en Barranquilla. Imagen aérea de 2023. Foto:Archivo particular.De acuerdo con su versión, su familia ha permanecido en el terreno durante décadas y considera que las autoridades están desconociendo esa situación."Quieren desalojarnos de un terreno que es privado, es agrario y nosotros lo mantenemos en posesión por más de 24 años. Mi papá tiene más de 30 años de estar aquí", sostuvo.La mujer asegura que el conflicto no involucra únicamente a los negocios instalados en el sector, sino también a familias que históricamente han ocupado la zona."Este no es solamente un tema de negocios. Es un barrio grande y quieren desalojar completamente el barrio", afirmó. El barrio al que se refiere es La Loma.Rojas también cuestionó la forma en que, según ella, se han manejado los procesos relacionados con los terrenos y aseguró que algunos ocupantes habrían recibido ofertas económicas insuficientes frente a la valorización que ha experimentado el sector durante los últimos años."Les ofrecen 7.500 pesos por metro cuadrado a las personas y estos terrenos hoy valen millones de pesos", indicó.Además, manifestó su inconformidad por la suspensión de una estructura comercial en madera que proyectaba instalar en el lugar.Según explicó, no se trataba de una construcción permanente y podía ser desmontada o trasladada en cualquier momento. "Todo esto es movible. No entiendo por qué van en contra del derecho al trabajo", expresó.Un conflicto con varias aristasLa controversia se produce en una zona que ha experimentado una acelerada transformación urbana y turística en los últimos años, impulsada por proyectos como el Gran Malecón y la Aleta del Tiburón, lo que ha incrementado significativamente el valor de los predios ubicados en sus alrededores.Son cerca de 21 negocios los que ocupan este terreno. Foto:Redes socialesMientras los comerciantes reclaman por las pérdidas económicas derivadas del operativo y quienes ocupan el terreno defienden lo que consideran derechos adquiridos por años de permanencia, el Distrito mantiene que las actuaciones responden a procesos de recuperación y control sobre áreas ocupadas sin soporte legal.Incluso, desde la administración también se ha señalado que algunas personas estarían utilizando documentación presuntamente irregular para justificar su permanencia en el sector, un aspecto que añade un nuevo elemento a la discusión.Por ahora, el caso deja abiertas varias preguntas sobre la naturaleza jurídica del terreno, la situación de las familias y comerciantes que operaban en el lugar y el futuro de una franja que hoy se encuentra en una de las áreas de mayor desarrollo y valorización de Barranquilla. LEA TAMBIÉN La posición oficial completa del Distrito y los antecedentes legales del predio serán determinantes para esclarecer un conflicto que, por ahora, trasciende el simple desalojo de unos locales comerciales.También te podría interesar:Terremoto en Venezuela. Foto:EL TIEMPO Sigue toda la información de Colombia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
