NoticiaEl Distrito insiste en una salida que garantice los derechos de las personas y el respeto por la propiedad.Operativo de desalojo en predio de Bosa, sur de Bogotá Foto: Archivo particular14.07.2026 18:11 Actualizado: 14.07.2026 18:11
Este martes 14 de julio, unas 493 personas debían ser desalojadas de sus viviendas en el barrio El Remanso de la localidad de Bosa. No obstante, dicha diligencia fue aplazada, en medio de una disputa de las familias por no ser sacadas y tener alternativas de vivienda. LEA TAMBIÉN Esta novela judicial se remonta varios años atrás, cuando la Sociedad Transportadora de los Andes S.A. (Sotrandes) solicitó la restitución de un predio de 5.200 m² ubicado en la carrera 87C No. 74-70 Sur, que con el paso de los años se convirtió en un gran asentamiento de vivienda.El Juzgado 60 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá terminó ordenando en un fallo de tutela proferido el 25 de septiembre de 2024 la restitución del predio a favor del privado. Con ello, la alcaldía local de Bosa debía desalojar a personas y viviendas de este terreno para restituirle a Sotrandes.Operativo de desalojo en predio de Bosa, sur de Bogotá Foto:Archivo particularNo obstante, la comunidad se negó en varias ocasiones a salir de sus viviendas, alegando que hace más de 20 años llegaron al sector, presuntamente, como víctimas de los tierreros, quienes, en algunos casos, les vendieron los lotes sin legalidad alguna.A pesar de estas circunstancias, el Juzgado 50 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías ratificó en un incidente de desacato que el predio debía ser entregado a Sotrandes.Aunque una primera fecha de desalojo fue el pasado 6 de mayo, esta fue suspendida y se estipuló que la diligencia debía quedar en firme el 14 de julio, y nuevamente se aplazó.Operativo de desalojo en predio de Bosa, sur de Bogotá Foto:Archivo particular'La diligencia de desalojo programada para este 14 de julio en El Remanso (Bosa) fue aplazada por el inspector de Policía', señaló el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila. Según trascendió, el inspector habría solicitado una incapacidad.Aunque hasta ahora se mantiene en firme la decisión judicial, y el Distrito debe acatarla, se han adelantado esfuerzos para ofrecerle a la comunidad una salida concertada.'Nuestro compromiso permanece firme: resolver esta situación junto a la comunidad, acompañando el proceso con responsabilidad, cercanía y la convicción de que el diálogo es la mejor herramienta para avanzar', agregó el secretario Quintero.Gustavo Quintero, secretario de Gobierno. Foto:Alcaldía de Bogotá.La comunidad, que hace unos días realizó hasta un plantón en la plaza de Bolívar, pide que la Alcaldía busque alguna solución como la compra del predio, la legalización del barrio o alguna conciliación con Sotrandes, para evitar el desalojo. En todo caso, entidades como la Defensoría del Pueblo han realizado recorridos de verificación para identificar y caracterizar a la población con especial protección constitucional del sector, entre ellas personas con discapacidad, mayores, madres cabeza de familia, niñas, niños, adolescentes y otros grupos. LEA TAMBIÉN La Personería de Bogotá ya había alertado que un desalojo de estos podría acarrear una posible afectación de los derechos fundamentales “a la vivienda digna, dignidad humana, mínimo vital, unidad familiar, igualdad material y protección reforzada de sujetos de especial protección constitucional”.En su diagnóstico, se identificaron casi 100 unidades habitacionales y una población aproximada de 483 personas, entre ellas 173 menores de edad y 50 adultos mayores, además de población migrante y hogares vulnerables.NICOLÁS DÍAZ MALPICARedacción Bogotá Sigue toda la información de Bogotá en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
