Noticia"Su ejecución responde a cumplir las decisiones de las autoridades, pero también pone de manifiesto atender la crisis humanitaria": Personería.Desalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPOPERIODISTA22.07.2026 18:39 Actualizado: 22.07.2026 18:39
En calma, las autoridades desalojaron a más de mil personas del asentamiento Brisas de las Torres, en el corregimiento de Navarro de Cali. La diligencia se cumplió el 22 de julio de este año.El terreno en la disputa es una franja de servidumbre, es decir, un área delimitada a lo largo de infraestructuras, en este caso, líneas eléctricas e instalaciones relacionadas con la empresa Interconexión Eléctrica S. A. ESP (ISA).El desalojoDesalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPOJosé Éigner López y otros moradores no pudieron evitar sentirse desarraigados. Recordaron cuando salieron desplazados de sus tierras de origen. En el caso de José Éigner, llegó a Cali procedente de Chocó a causa de los grupos armados, pues la vida de su familia y la suya corrían peligro.Según la Alcaldía de Cali, cerca de esos 400 hogares serán demolidos por invadir el predio privado y vivir debajo de las torres de energía de alta tensión de la empresa."Nosotros llegamos al sector durante la pandemia. Somos muchas familias y nos dijeron que debíamos desalojar, pero no tenemos una vivienda digna, por eso estamos en este terreno", comentó el desplazado.Desalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPOEste caso responde a un litigio que lleva cinco años entre la empresa ISA, dueña del terreno donde estuvieron las familias, ubicado en el paraje Cauquita, del corregimiento de Navarro.La zona rural se encuentra al suroriente del casco urbano de Cali y fue reclamada en restitución por Interconexión Eléctrica mediante una acción de tutela fallada a su favor contra las secretarías de Bienestar Social y Vivienda del distrito y la misma Alcaldía, en segunda instancia por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Oralidad en 2024. Desalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPOEste es un complejo dilema social, porque entre las mil personas del asentamiento había niños, ancianos, migrantes y toda una población en condiciones de vulnerabilidad que también habían acudido a tutelas contra la Administración distrital, reclamando soluciones dignas para vivir y el respeto al debido proceso.La Personería de Cali pide interceder en la crisis humanitariaSegún el personero de Cali, Gerardo Mendoza, una caracterización realizada por la Secretaría de Vivienda de la capital del Valle señala que el asentamiento está conformado por 390 hogares y 1.226 personas. De ese número, 486 son niños, niñas y adolescentes; 453 son jefes de hogar víctimas del conflicto armado, además de que hay madres cabeza de familia, adultos mayores y personas en condición de discapacidad. Desalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPOEl personero ha insistido en la caracterización de la población, en el diseño de un plan de contingencia y en que se ofrezcan alternativas de vivienda y reubicación, garantizando la protección de los derechos fundamentales."El desalojo de cerca de 1.300 personas en el asentamiento humano de desarrollo incompleto Brisas de las Torres, en cumplimiento de una decisión judicial y administrativa de obligatorio acatamiento, es una situación que desborda el ámbito local y compromete al Estado en su conjunto", dijo el personero. Desalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO"Su ejecución responde al deber de cumplir las decisiones de las autoridades competentes; sin embargo, también pone de manifiesto la necesidad de atender la crisis humanitaria, social y de seguridad que enfrenta el suroccidente colombiano", aseguró el funcionario. "Mientras no se aborden sus causas estructurales, Cali continuará soportando las consecuencias del desplazamiento forzado, la pobreza y las múltiples expresiones de violencia que revictimizan a miles de familias", anotó.Desalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO"Este caso deja al descubierto, además, las profundas falencias en materia de prevención, atención y solución de los fenómenos de ocupación informal, así como la ausencia de respuestas oportunas que garanticen el derecho a una vivienda digna y a procesos de reasentamiento efectivos. No es suficiente actuar cuando la problemática ha alcanzado niveles críticos; se requiere una política pública articulada entre la Nación, el departamento y el distrito que atienda las causas estructurales del conflicto social y territorial", indicó el personero Mendoza."La protección de los derechos humanos exige que las decisiones judiciales y administrativas se cumplan, pero también que su ejecución esté acompañada de medidas reales que eviten nuevas vulneraciones. Cada desalojo debe representar una oportunidad para ofrecer soluciones sostenibles y no el inicio de un nuevo ciclo de exclusión, precariedad y desplazamiento para las familias afectadas", explicó.Desalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO"El Estado colombiano tiene además el deber de generar las condiciones de seguridad, protección y acompañamiento que permitan garantizar, cuando sea posible, el retorno voluntario, digno y seguro de las comunidades a sus territorios de origen o, en su defecto, de asegurar alternativas efectivas de estabilización socioeconómica que les permitan reconstruir sus proyectos de vida", precisó.Entre las solicitudes que la Administración recogió están la de aumentar el valor del auxilio de arriendos, una nueva jornada de postulación y la petición de vivienda para las familias víctimas del conflicto asentadas en este sitio. Estas peticiones están bajo análisis y no se ha tomado una decisión al respecto. Desalojo masivo de un asentamiento en un predio privado en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPOAsimismo, la comunidad informó que más de un centenar de hogares habría accedido al proceso para obtener el subsidio distrital de arrendamiento temporal. Los abogados de la empresa se remontan al 12 de agosto de 2021, fecha en que, en compañía de la Fuerza Pública, "se evidenció la perturbación en las zonas de servidumbre eléctrica y sus alrededores con al menos 400 ramadas o cambuches en materiales de madera, polisombra verde y cintas amarillas".ISA señala en la acción de tutela que dicha franja abarca los predios identificados con matrículas inmobiliarias 370-542812 y 370-122406 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cali.La corregidora de Navarro, Fulvia Euyenith Cortés Cabezas, en una carta dirigida a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y a la Personería de Cali, con fecha del 26 de junio de este 2026, dice que en la inspección rural de la Policía del corregimiento se cursó un proceso policivo."Se han realizado las convocatorias para las mesas de trabajo preparatorias indispensables para la ejecución y materialización de la medida correctiva; se han convocado a entidades y organismos con competencias en la materialización incluida la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas", anota la autoridad del corregimiento caleño en el documento conocido por EL TIEMPO."Pese a los esfuerzos de este despacho y ante la falta de materialización y ejecución de la medida correctiva, por la ausencia formal de caracterización, oferta de servicios y la falta de apoyo policial para el desarrollo de la diligencia, Interconexión Eléctrica S. A. ESP promueve una acción de tutela, a fin de que se materialice la decisión tomada, indicando la vulneración de sus derechos fundamentales, el acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la vida", es otro segmento del comunicado.El documento también indica que "mediante sentencia de tutela No. 96, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Cali ordenó, entre otros aspectos, censar y caracterizar a la población objeto de la medida con el fin de diseñar el plan de contingencia necesario para ofrecer alternativas de vivienda y reubicación y evitar así la vulneración de sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta sujetos de especial protección constitucional (SEP) por razones diferentes al desplazamiento forzado, como la población en condición de discapacidad, los menores de edad, ancianos y migrantes venezolanos y aplicar lo dispuesto en la sentencia SU-016-2021 en relación con las medidas de protección de esta población, en un tiempo máximo de siete meses. Una vez cumplido lo anterior, la corregidora fijará la fecha para llevar a cabo el desalojo”.En un comienzo, el desalojo estuvo programado para el 30 de junio de este año. No obstante, el personero de Cali, junto con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo había recomendado que la diligencia se postergara "para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las mesas interinstitucionales, entre ellos, la jornada de postulación que actualmente adelanta la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat en el territorio, con el fin de que las familias que cumplen los requisitos puedan acceder a las medidas institucionales previstas".Adicionalmente, el juzgado 14 Civil Municipal de Cali mediante auto interlocutorio No. 002 del 14 de enero de 2026, indica: "Como quiera entonces que lo dispuesto en sede de segunda instancia ya se encuentra cumplido en su totalidad, pues se insiste ya se realizó el censo y caracterización de la población, se cruzaron las bases de datos, se determinó la competencia respecto de los albergues y ya se tiene el plan de contingencia"."Se entiende entonces que lo que se encuentra pendiente es la aprobación del presupuesto por parte de una entidad externa a los involucrados en la acción de tutela y el resto de la socialización restante de la oferta de vivienda. Considera el despacho que en este punto del proceso la corregidora puede fijar fecha y hora para la diligencia de desalojo atendiendo el cronograma de actividades presentado a este despacho por parte del departamento Jurídico de la alcaldía". Este es otro aparte del documento de la corregidora de Navarro.La funcionaria, en su recuento, dice que la comunidad ha realizado manifestaciones y que, por ello, se llevó a cabo una reunión en la Personería el pasado 24 de junio para discutir el retiro voluntario del predio y la postulación al subsidio de arrendamiento, como consta en el acta de la mesa interinstitucional.Postura de la Alcaldía de Cali"La jurisprudencia establece la obligación de garantizar el debido proceso, la caracterización de la población, la identificación de sujetos de especial protección y la adopción de medidas de atención diferencial. Esto se ha cumplido estrictamente", dice un comunicado inicial en este proceso.En ese sentido, "la Corte Constitucional ha señalado que la ocupación irregular de bienes no genera un derecho automático a soluciones de vivienda, y que el acceso a los programas existentes debe realizarse conforme a las reglas y requisitos establecidos".El comunicado de la Alcaldía puntualiza: "Desde 2024, la Administración distrital ha adelantado acciones permanentes para la atención de la población asentada, entre ellas, la caracterización socioeconómica, la identificación y verificación de hogares, jornadas de socialización de la oferta institucional, articulación interinstitucional, procesos de postulación a subsidios de arrendamiento, evaluación de requisitos y asignación de subsidios a los hogares que cumplieron las condiciones establecidas". Sigue toda la información de Colombia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
