NoticiaLa justicia avaló la propiedad del Distrito y blinda así el patrimonio público de la ciudad.Bloqueos y protestas en Pasacaballos. Foto: Archivo particularPERIODISTA08.07.2026 16:48 Actualizado: 08.07.2026 16:48
Un fallo del Juzgado 14 Administrativo del Circuito de Cartagena cierra la puerta a las pretensiones de ocupantes ilegales en un predio destinado al Megacolegio de la zona.En una decisión de fondo que sienta un precedente sobre la recuperación de bienes fiscales, el Juzgado Décimo Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena declaró improcedente una acción de tutela que pretendía frenar el desalojo de un predio estratégico en el corregimiento de Pasacaballos, ocupado irregularmente durante más de dos años.El fallo no solo respalda las actuaciones de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, sino que despeja el camino para la construcción del Megacolegio de Pasacaballos, un proyecto de alto impacto social que se encontraba paralizado por la toma ilegal del terreno en el sector conocido como "La Bendición".Así, la defensa del patrimonio público de los cartageneros ha recibido un espaldarazo contundente por parte de la Rama Judicial. LEA TAMBIÉN El fin de la ocupaciónProtestas en Pasacaballos (Cartagena) Foto:Archivo particularEl conflicto se remonta a la ocupación de hecho de un predio de propiedad distrital. Tras años de asentamientos irregulares, el Distrito ejecutó en noviembre de 2025 una operación de desalojo que fue respondida por los ocupantes con una acción de tutela.Los demandantes alegaban la supuesta vulneración de derechos fundamentales como la vivienda digna, el mínimo vital, el debido proceso y la confianza legítima, exigiendo además la entrega de subsidios y soluciones habitacionales definitivas.Sin embargo, el despacho judicial fue tajante: no hubo vulneración de derechos. La sentencia determinó que los ocupantes carecían de cualquier título jurídico que legitimara su permanencia en el terreno. LEA TAMBIÉN 'La confianza legítima no puede ser una patente de corso'Uno de los puntos más álgidos del debate jurídico giró en torno al principio de "confianza legítima". Los ocupantes argumentaron que los acercamientos previos con funcionarios del Distrito constituían compromisos de reubicación.La Oficina Asesora Jurídica del Distrito logró demostrar ante el juez que tales diálogos fueron gestiones exploratorias y de coordinación institucional, nunca actos administrativos que otorgaran derechos adquiridos."Las reuniones no constituyen actos administrativos generadores de derechos ni compromisos exigibles de adjudicación de vivienda", señaló la defensa distrital en el proceso. El fallo ratificó esta tesis al sostener que, al no haber existido decisiones oficiales que reconocieran derechos de vivienda o subsidios a favor de los ocupantes, no puede alegarse una ruptura de la confianza legítima por parte de la administración. LEA TAMBIÉN Un triunfo para el interés generalPara la actual administración, este fallo es una victoria de la institucionalidad sobre la ilegalidad. La recuperación del predio no fue un acto arbitrario, sino el ejercicio legítimo de las facultades del Distrito para proteger bienes públicos destinados a la infraestructura educativa de la ciudad.El juez, en su calidad de garante del debido proceso, solicitó únicamente a la Secretaría del Interior Distrital que emita una respuesta formal complementaria a la comunidad en un plazo de 48 horas. Desde el Palacio de la Aduana, se confirmó que dicha instrucción será acatada de inmediato, reafirmando el compromiso de transparencia que ha marcado este proceso. LEA TAMBIÉN Con esta decisión judicial, el proyecto del Megacolegio de Pasacaballos sortea su principal obstáculo jurídico, permitiendo que el Distrito avance en el cierre financiero y operativo de una obra que promete transformar la oferta educativa en la zona industrial de Cartagena.La sentencia subraya una lección clara para futuros conflictos de tierras: el patrimonio público es sagrado y su recuperación prevalece sobre las ocupaciones de hecho, incluso cuando estas se escudan en la instrumentalización de comunidades vulnerables y acciones constitucionales.Además, te invitamos a ver: Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:Cartagena Sigue toda la información de Colombia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
