La posibilidad de que varios polideportivos de Ceuta sean utilizados para acoger a inmigrantes en el marco de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad ha generado el rechazo del Gobierno autonómico, entidades deportivas y usuarios de estas instalaciones, que alertan del impacto que la medida tendría sobre la convivencia y la actividad deportiva.El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto, que será publicado este miércoles, para habilitar distintos recursos y espacios de titularidad tanto del Estado como de la Ciudad Autónoma de Ceuta, según ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres."Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros un real decreto, que se publicará mañana, en el que se habilitan distintos recursos y espacios, tanto de titularidad del Gobierno de España como de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que será flexible y actualizable", ha explicado Torres en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.La medida se enmarca en la declaración de Ceuta como situación de interés para la seguridad nacional, aprobada por el Ejecutivo para afrontar una crisis que ha desbordado los recursos ordinarios de acogida y asistencia tras la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio.Varios polideportivos entre los espacios previstosSegún el borrador del real decreto, entre los posibles recursos de acogida figuran los polideportivos de Santa Amelia, La Libertad y Antonio Campoamor, el Complejo Deportivo Guillermo Molina y el Díaz-Flor, todos ellos dependientes de la Ciudad Autónoma, además del pabellón cubierto del IES Puertas del Campo, dependiente del Ministerio de Educación.El documento contempla también otros emplazamientos, como el Hospital Militar, la antigua fábrica de harinas de Otero, terrenos de Loma Margarita, instalaciones de la Hípica próximas al CETI, el antiguo campo de fútbol de Caballería, la explanada de la antigua fábrica de guano y terrenos del acuartelamiento Coronel Fiscer.El Gobierno central sostiene que la utilización de estos espacios permitirá ampliar con rapidez la capacidad de acogida ante una situación extraordinaria, mientras que el Ejecutivo ceutí considera que recurrir a buena parte de las instalaciones deportivas de la ciudad trasladaría a los residentes las consecuencias de la crisis.Vivas advierte de que puede "tensionar la convivencia"El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha expresado su rechazo a la utilización de los polideportivos y ha advertido de que la medida puede "tensionar aún más la convivencia" en la ciudad."Los emplazamientos que el borrador de Real Decreto contempla como potenciales recursos de acogida de personas en situación irregular consideramos que pueden tensionar aún más la convivencia en Ceuta, con el perjuicio añadido de poder suspender una gran parte de la actividad deportiva en la ciudad", ha señalado Vivas en declaraciones a El Faro de Ceuta.El presidente autonómico ha asegurado además que la Ciudad realizará "todas las acciones legales que están a su alcance" para evitar la cesión de las instalaciones de titularidad municipal incluidas en el documento.El Ejecutivo ceutí reclama que los espacios utilizados tengan carácter estrictamente provisional y de emergencia y que la elección de los emplazamientos tenga en cuenta a los vecinos de las zonas afectadas.Rechazo de usuarios y entidades deportivasLa posible ocupación de las instalaciones ha generado también críticas entre usuarios y monitores de complejos deportivos, que consideran que la medida podría incrementar la tensión social después de varias semanas de crisis, según recoge El Faro de Ceuta. Defienden que los polideportivos cumplen una función que va más allá de la práctica deportiva y son espacios de convivencia y ocio para niños, jóvenes, adultos y mayores, por lo que piden que la atención humanitaria a los inmigrantes sea compatible con el mantenimiento de los servicios públicos destinados a la población.La Real Federación de Fútbol de Ceuta (RFFCE) también ha expresado su oposición "rotunda" a la utilización de instalaciones deportivas como espacios de acogida y ha pedido al Gobierno que estudie otras alternativas.La entidad ha recordado que el fútbol ceutí cuenta con más de 3.000 jugadores y jugadoras, la mayoría menores de edad, cuya actividad se ha visto ya limitada durante las últimas semanas.Riesgo para las competiciones nacionalesLa Federación ha alertado especialmente del impacto sobre los equipos de fútbol sala que compiten en categoría nacional, ya que el Complejo Deportivo Guillermo Molina es una instalación fundamental tanto para entrenamientos como para la celebración de partidos oficiales.También La Libertad se utiliza en determinadas ocasiones para encuentros de fútbol sala y competiciones de categorías inferiores, por lo que la eventual ocupación de ambos espacios podría dejar a los clubes sin instalaciones adecuadas para entrenarse o disputar sus partidos.La RFFCE ha advertido además de que una utilización prolongada de algunos pabellones podría retrasar su recuperación para la actividad deportiva hasta 2027.Como alternativas, la Federación ha planteado estudiar espacios como la explanada del Parque de Artillería o el antiguo Hospital de la Cruz Roja, además de otros emplazamientos que puedan reunir las condiciones necesarias.El Gobierno defiende la respuesta coordinadaTorres ha recordado que la atención a inmigrantes adultos corresponde al Gobierno central, mientras que la competencia sobre los menores recae en las comunidades autónomas, aunque ha defendido que en situaciones de emergencia migratoria el Estado puede asumir labores de coordinación y reubicación.El ministro ha asegurado que tanto el Gobierno central como el de Ceuta han continuado trabajando desde el inicio de la crisis y ha defendido la necesidad de disponer de recursos flexibles para responder a una situación extraordinaria.Frente a este planteamiento, el Gobierno ceutí y las entidades deportivas reclaman que la ampliación de la capacidad de acogida no se haga a costa de paralizar buena parte de la actividad deportiva de la ciudad y piden soluciones específicas que permitan atender a los inmigrantes sin privar a la población de servicios e instalaciones públicas.