El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha rechazado la petición de Indra de paralizar un contrato de ciberseguridad para el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Según se observa en el expediente judicial, al que ha tenido acceso Cinco Días, se trata de un contrato que no tuvo publicidad previa y al que Indra fue la única invitada a licitar. Tras analizar las dos propuestas enviadas por la cotizada en el Ibex 35, el SEAE concluyó que la oferta no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en el pliego de condiciones y, por ello, fue apartada de este contrato denominado “Suministro de la solución día cero”, sobre comunicaciones seguras para el despliegue rápido de misiones militares de la UE en el exterior, que asciende a 77,8 millones de euros.Después de que el SEAE rechazara definitivamente la oferta de Indra, la compañía por entonces dirigida por Ángel Escribano (presidente) y José Vicente de los Mozos (CEO) presentó un recurso en enero de 2026 para solicitar la nulidad de la decisión. Al ser el único invitado al procedimiento, Indra aseguraba en su escrito que el departamento diplomático de la UE “creó una confianza legítima que posteriormente frustró sin proporcionar una justificación adecuada”. Esto no quedó ahí. En marzo, la compañía redobló la ofensiva judicial y solicitó la medida cautelar de suspender la ejecución de no adjudicar el contrato para evitar que el organismo europeo pueda iniciar un nuevo proceso de contratación para este proyecto o fragmentara el contrato en partes. Asimismo, pidió que el SEAE sea condenado a pagar las costas y honorarios de los abogados. Sin embargo, los magistrados de la justicia europea no creen que haya razones de urgencia que justifiquen paralizar el contrato, así como su posible reactivación para encontrar nuevo adjudicatario. En su recurso, Indra destacó que el hecho de apartarle del contrato le ha causado un “daño irreparable”, ya que supone un “4,9% de la facturación anual total del grupo”, al mismo tiempo que pierde su posición de “proveedor de referencia” ―ya resultó adjudicatario en un contrato anterior de la misma categoría, pero de menor importe― y le priva de la oportunidad de participar en futuros procesos de contratación. No obstante, y sin entrar en el fondo del asunto, el tribunal considera que Indra no ha demostrado este perjuicio. “A falta de pruebas que puedan respaldar los argumentos del solicitante, en esta etapa es imposible prever el resultado de cualquier procedimiento de contratación con el mismo objeto o uno similar al del contrato en cuestión que pudiera iniciar el SEAE en el futuro y, por lo tanto, el argumento presentado por el solicitante es hipotético”, señala el auto, con fecha del 22 de julio.Fuentes de Indra consultadas por este periódico recalcan que pese al rechazo de las medidas cautelares, el proceso judicial sigue abierto y, por tanto, las cuestiones de fondo no han sido todavía objeto de decisión por los tribunales europeos. La sentencia del TGUE podrá ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la máxima instancia judicial europea. Al respecto, las mismas fuentes aseguran que la compañía “continuará defendiendo su posición por las vías legalmente establecidas”. Inicio de las conversaciones en 2025Al ser un contrato para el que no hubo publicación previa, se desconocen los detalles exactos del mismo. Por la breve descripción del contrato en el expediente judicial, se puede observar que se trata de un proyecto para el desarrollo de un sistema de información y comunicación de despliegue inmediato y seguro. Este proyecto hubiese servido de acicate a una compañía que busca crecer en el negocio de defensa en el ámbito internacional. En el plano nacional, Indra está liderando buena parte de los Programas Especiales de Modernización (PEM) que el Ejecutivo lanzó el año pasado, como la nueva artillería sobre ruedas y cadenas para el Ejército de Tierra, un negocio en el que no cuenta con plataformas de producción propias y para la que necesita de terceros como la surcoreana Hanwha o la alemana Rheinmetall.El proceso de contratación se inició en marzo de 2025, que fue cuando se invitó a Indra a presentar ofertas. La primera tuvo lugar en mayo, que fue discutida en dos rondas de negociaciones. Finalmente, la compañía española presentó en septiembre una segunda oferta, que sería la definitiva. Sin embargo, siguió sin convencer al SEAE, que rechazó la propuesta en octubre. Indra entiende que este rechazo no es legal, por lo que puso en marcha a sus equipos jurídicos para impugnarlo. Pero antes de acudir a la justicia europea, en noviembre, informó por carta al organismo europeo de su malestar y de sus intenciones si no se adoptaba otra resolución. Por su parte, el SEAE volvió a revaluar la oferta, pero el comité de evaluación insistió en que la “oferta era irregular porque no cumplía los requisitos mínimos”.La cotizada alegó en su recurso que el SEAE se “limita a reiterar las objeciones iniciales” formuladas durante el procedimiento de contratación y que no ha examinado las aclaraciones facilitadas durante las rondas de negociación. “El SEAE ignoró información clara y pertinente contenida en la documentación de la oferta e interpretó incorrectamente elementos clave de la misma, lo que condujo (...) a una apreciación incorrecta del incumplimiento de los requisitos técnicos mínimos del procedimiento de contratación”. De hecho, reprochó al servicio europeo que, en la segunda valoración tras rechazar la oferta, introdujera nuevos argumentos contrarios para reafirmar su posición. “Impidió comprender el verdadero fundamento de dicho rechazo y ejercer el derecho de defensa”, señaló Indra.