El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha estimado el recurso interpuesto por Telefónica contra su exclusión del Lote 3 del contrato CORA III, el proyecto centralizado de servicios digitales y telecomunicaciones de la Administración General del Estado. Según la resolución del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, a la que tuvo acceso El País/Cinco Días, Telefónica recupera la condición de adjudicataria definitiva de los servicios de ciberseguridad e interconexión de centros de datos, desplazando a la UTE liderada por MasOrange.La decisión del tribunal supone un giro administrativo en una licitación que ha sumado tres cambios de adjudicatario en los últimos 14 meses. El fallo del TACRC anula la resolución previa del Ministerio para la Transformación Digital que, el pasado 29 de noviembre de 2025, declaró desierto el concurso tras excluir a la oferta de Telefónica por defectos en la solvencia técnica de un subcontratista. Con esta resolución, el proceso se retrotrae al momento anterior a dicha exclusión, validando la propuesta económica y técnica de la operadora española.El conflicto legal se originó por el cumplimiento de la Ley de Igualdad en la cadena de suministro de los licitadores. La mesa de contratación había determinado inicialmente que la UTE formada por Telefónica de España y Telefónica Soluciones incurría en una prohibición de contratar. El argumento era que Govertis, firma que aportaba solvencia técnica a la oferta, no contaba con un plan de igualdad debidamente inscrito en el registro oficial.Sin embargo, el TACRC establece en su resolución que la situación de Telefónica difiere de la que motivó la exclusión previa de MasOrange en el mismo lote. Según el tribunal, la participación de Govertis era una subcontratación de segundo nivel destinada a proveer un responsable de cumplimiento (compliance), representando apenas el 1% del valor total del contrato. La resolución técnica detalla que la filial Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech (TCCT) acreditó tener capacidad para asumir dichas funciones directamente sin recurrir a la subcontrata externa, subsanando el compromiso de adscripción de medios sin alterar la esencia de la oferta original.El dictamen del tribunal subraya que la sustitución de este perfil técnico no constituye una modificación sustancial de la oferta ni quiebra los principios de igualdad y no discriminación. “La sustitución del director de Compliance permite dar por cumplido el compromiso de adscripción de medios”, señala el texto legal, rechazando la tesis del órgano de contratación que dirigía Óscar López.Este contrato, valorado en más de 100 millones de euros en su fase de licitación, es una pieza crítica para la infraestructura de seguridad del Estado. El Lote 3 gestiona la interconexión de centros de datos y la protección contra ataques informáticos de los ministerios y organismos públicos vinculados. La incertidumbre administrativa sobre este lote había obligado al Gobierno a aprobar este mes de mayo una prórroga de nueve meses, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, a los actuales prestadores del servicio (Telefónica e Indra), para evitar un vacío en la cobertura de seguridad.La trayectoria de esta licitación comenzó el 10 de marzo de 2025. En aquella fecha, la UTE compuesta por MasOrange, TRC y Mnemo fue declarada ganadora provisional al presentar la oferta económica más competitiva. MasOrange fijó un precio de 55,26 millones de euros (sin IVA), frente a los 63,06 millones propuestos por Telefónica. Pese a que ambas ofertas obtuvieron la máxima puntuación técnica, la diferencia de casi 8 millones de euros decantó la balanza hacia el grupo de origen francés.La adjudicación original a MasOrange fue impugnada por Telefónica citando que uno de los miembros de esa UTE, la empresa Mnemo, carecía de plan de igualdad en el momento de la presentación de ofertas. El TARC estimó aquel recurso el 4 de octubre de 2025, lo que derivó en la descalificación de MasOrange y la posterior propuesta de adjudicación a Telefónica, que era el único otro licitador en el proceso. No obstante, el Ministerio aplicó el mismo criterio de rigor con el plan de igualdad a Telefónica semanas después, derivando en la exclusión que ahora ha sido revocada.El proceso ha estado marcado por el contexto accionarial de las empresas implicadas. El Estado español, a través de la SEPI, consolidó recientemente una participación del 10% en el capital de Telefónica, declarándola empresa estratégica para los intereses nacionales. Por su parte, Orange, que integra la UTE perdedora, se encuentra en proceso de adquirir el 100% de MasOrange tras alcanzar acuerdos con los socios financieros de MásMóvil. Orange está participada en un 23% por el Estado francés.Desde el punto de vista financiero, la resolución pone fin a una situación de interinidad contractual. El pliego del CORA III busca optimizar el gasto público en telecomunicaciones mediante la agregación de la demanda de múltiples departamentos gubernamentales. La victoria definitiva de Telefónica implica que la Administración pagará un precio superior al inicialmente previsto en la oferta de MasOrange, pero asegura la continuidad del servicio bajo los parámetros técnicos validados por el TACRC.Fuentes del sector indican que esta resolución cierra la vía administrativa, aunque las partes afectadas mantienen la posibilidad de elevar el caso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Por el momento, el Ministerio para la Transformación Digital deberá formalizar el contrato con Telefónica siguiendo los plazos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.La resolución 781/2026 del TACRC, con fecha de 30 de abril de 2026 pero publicada este miércoles, pone de manifiesto la complejidad técnica de las licitaciones públicas de alto nivel en España, donde el cumplimiento de requisitos sociales, como los planes de igualdad, se ha convertido en un factor tan determinante como la solvencia financiera o la capacidad tecnológica.Con esta adjudicación, Telefónica consolida su posición como principal proveedor de servicios críticos para el sector público español, gestionando una de las áreas más sensibles de la seguridad nacional en un entorno de creciente riesgo por ciberamenazas internacionales.