Indra eleva a los tribunales europeos su disputa con el brazo diplomático de Bruselas, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE o EEAS, por sus siglas en inglés), por el rechazo de su oferta para un contrato de comunicaciones valorado en torno a 78 millones de euros al que, según la documentación a la que ha tenido acceso La Información Económica, sólo optaba la cotizada española. El litigio tiene su origen en marzo del año pasado, cuando el organismo europeo invitó en exclusiva al grupo entonces comandado por Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos a presentar una oferta para un contrato marco, con una vigencia inicial de cuatro años prorrogable por tres más vinculado al suministro de una solución tecnológica de comunicaciones conocida internamente como D0CIS. No era la primera vez que Indra trabajaba para el SEAE: la compañía ya había firmado con el organismo un contrato previo en julio de 2024, de poco más de 320.000 euros, que sirvió de antecedente directo al proceso ahora rechazado. Sin embargo, tras varios meses de negociaciones, el SEAE comunicó a la compañía en diciembre el rechazo de su propuesta al considerar que no cumplía determinados requisitos técnicos mínimos.Un mes después, en enero, Indra recurrió la decisión ante el Tribunal General de la UE (TGUE), en aras de 'salvar' un contrato que, según defendió ante la Justicia europea, constituye "una oportunidad financiera excepcional" y que también considera estratégico por su potencial impacto en su posición "privilegiada en un mercado altamente especializado". Ante el temor de que Bruselas pudiera dar 'carpetazo' al proceso y sacar a concurso un nuevo contrato con el mismo objeto, la empresa fue un paso más allá en marzo y pidió al tribunal que impidiera al SEAE lanzar una nueva licitación equivalente o trocear el contrato en paquetes más pequeños que abrieran la puerta a otros competidores.Para ello, la tecnológica defendió que la pérdida de este contrato no sólo suponía un varapalo económico, sino también un golpe reputacional, al arrebatarle su condición de "proveedor de referencia" adquirida tras años de colaboración con el servicio diplomático europeo. Indra alegó incluso el riesgo de que, si el SEAE optaba por convocar un nuevo concurso, la información técnica y de seguridad que ya había puesto sobre la mesa durante las negociaciones pudiera terminar beneficiando a rivales que no habían asumido ni los costes ni los riesgos de desarrollarla.Rechaza las cautelares, pero mantiene abierto el litigioActo seguido, el SEAE salió al paso de todos estos argumentos y pidió el rechazo de las medidas cautelares. Y la Justicia europea, en un auto fechado el pasado 22 de julio, ha desestimado la petición de Indra al considerar que la compañía no ha logrado demostrar que la ejecución de la decisión del SEAE le vaya a causar un perjuicio "grave e irreparable" mientras se resuelve el litigio de fondo, ni que exista un riesgo real e inminente de que el organismo relance el proceso por otra vía.El procedimiento principal, no obstante, sigue su curso ante el Tribunal General, que deberá pronunciarse ahora sobre si el rechazo de la oferta se ajustó o no a derecho. Hasta entonces, el contrato de comunicaciones en cuestión queda en un limbo: el SEAE no ha adjudicado el servicio a ningún otro proveedor-de hecho, Indra fue la única empresa invitada a competir-, pero tampoco ha dado marcha atrás en su decisión de descartar la oferta de la compañía ahora dirigida por Ángel Simón y Josep María Recasens.